Este 8 de marzo conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, marcada en sus orígenes por la tragedia de la violencia estructural contra las mujeres, viene a recordarnos, año a año, el estado de la situación en materia de reconocimiento y garantía nuestros derechos como mujeres. Desde aquella época al presente son innegables los avances obtenidos a partir de las diferentes luchas que a cada generación de nosotras le ha correspondido empujar. Sin embargo y lamentablemente no se ha tratado de un proceso lineal y progresivo.
En efecto, basta dar una mirada al contexto global para constatar que las mujeres siguen viviendo episodios que nos parecían propios de los libros de historia. Las mujeres afganas, palestinas, sirias y ucranianas viven hoy situaciones de extrema vulnerabilidad, afectadas además por conflictos armados. Pero también en nuestro país continúan presente situaciones de exclusión históricas, las que afectan a las mujeres en general, pero con especial crudeza a quienes sufren una discriminación de género potenciada por factores de carácter económico, social y/o cultural.
En esto conviene recordar el aporte que hizo en su momento el feminismo negro, instalando un concepto que hoy conocemos como interseccionalidad de la discriminación. En simple, la discriminación que afecta a ciertos colectivos en determinadas sociedades puede verse reforzada por otros elementos que dan origen a una forma diferente de afectación de sus derechos. Para explicarlo en los términos de su origen: no sufren idéntica discriminación las mujeres blancas y de clase media que las mujeres negras y pobres.
Pensando en nuestro país y en los procesos de cambio institucional que vivimos, es importante asumir la oportunidad histórica de remover los obstáculos institucionales y de crear los mecanismos e incentivos adecuados para reducir de manera determinante las inexplicables brechas de género que hoy nos tienen en un plano de desigualdad con los hombres. No se trata, en consecuencia, de una revancha feminista en contra los hombres, como algunos interesadamente exponen. El feminismo como tal se define por buscar la plena igualdad de derechos y no la superioridad de un colectivo por sobre otro.
Como mujer maulina me parece entonces importante relevar que en el nuevo catálogo de derechos fundamentales que formará parte de la Nueva Constitución, así como también en los principios que inspiren el nuevo pacto social, se consagren y garanticen, sin ambigüedades ni tibiezas nuestros derechos en un plano de igualdad propia de nuestra naturaleza como seres humanos, dotadas de igual dignidad que los hombres. Asimismo, esperamos que la propuesta constitucional recoja también las diferentes discriminaciones que aquejan a las mujeres que habitan este territorio, haciéndonos cargo de la pobreza, la ruralidad, la pertenencia a pueblos originarios y, en general de todos aquellos factores que durante siglos han significado una forma especial y agravada de discriminación.
Nos encontramos ante la posibilidad histórica de rectificar el rumbo y asegurar un camino más claro y decidido hacia una sociedad de plena igualdad entre mujeres y hombres.
Cristina Bravo
Gobernadora Regional del Maule
