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Dictamen preliminar de Contraloría Regional propone destituir a la jefa jurídica de la municipalidad de Talca

También propone sanciones al administrador municipal y deja en manos del Concejo Municipal que resuelva la situación del alcalde, existiendo todavía instancias administrativas y legales pendientes

¿De qué se trata?

Se trata de una investigación administrativa que llevó adelante la Contraloría Regional del Maule y que cumplió una penúltima etapa con dictamen preliminar, lego que, en junio de 2023, seis concejales de la municipalidad de Talca presentaran una denuncia en contra de la directora jurídica de la entidad edilicia, Grace Salazar. Se trata de los ediles Melania Moya, Carolina Soto, Javiera Carrera, Paula Retamal, Juan Carlos Figueroa y Hernán Astaburuaga.

¿De qué trataba la denuncia?

El documento de Contraloría -en la actual etapa de tramitación- señala que la denuncia apuntaba a lo siguiente: «que la directora de Asesoría Jurídica del municipio, doña Grace Salazar Barra, reiteradamente habría comparecido, en su calidad de abogada, en la defensa de causas particulares dentro del horario de cumplimiento de sus funciones, y ocupando bienes municipales para esos efectos; ordenándose la instrucción de un sumario administrativo para la investigación de esos hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades administrativas asociadas».

¿Hubo más denuncias?

A continuación, el abogado de Talca, Fernando Leal, presentó una segunda denuncia, cuyo tenor es el siguiente, según el mismo informe de Contraloría: «que la Sra. Salazar Barra habría comparecido a diversas audiencias ante los tribunales de justicia en su horario laboral, ocupando horario de trabajo para fines personales, lo que le habría constado por haber litigado en determinados juicios contra ella».

¿Que resolvió Contraloría?

Para investigar estas dos denuncias, Contraloría Regional del Maule las unifico en una sola investigación administrativa.

¿Que diligencias se llevaron a cabo?

Contraloría designó un fiscal administrativo que llevó adelante la toma de declaraciones y acopio de pruebas docum3entales y periciales. Luego, formuló cargos y se dio la oportunidad a la parte de la defensa para realizar descargos y presentar antecedentes probatorios. Finalmente, el fiscal emitió pronunciamiento que fue revisado por la jefatura de la Unidad Jurídica, para dar paso al dictamen que firma el propio Contralor Regional del Maule.

¿Que respondió la parte acusada?

La respuesta de la directora jurídica, según indica el informe, fue -en síntesis- que «siempre actuó de buena fe; que compensó el tiempo de jornada laboral con horas extras que no cobraba o que sus faltas administrativas no pueden ser consideradas infracciones al principio de probidad administrativa».

¿A quiénes se formularon cargos?

Tras la etapa investigativa, el fiscal administrativo formuló cargos contra la directora jurídica, sumando también al administrador municipal, Ariel Amigo, y al propio alalde de Talca, Juan Carlos Díaz.

¿Qué cargos se formularon a la jefa jurídica?

El informe detalla lo siguiente: «Haber infringido sus deberes funcionarios, en su calidad de directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Talca, al realizar permanentemente actividades particulares durante su jornada laboral, desde que asumiera ese cargo, en julio de 2019 y, al menos, hasta abril de 2023, compareciendo reiteradamente a audiencias judiciales en representación de diversas personas, en el ejercicio, de manera privada, de su profesión de abogado, sin que existiese acto administrativo o justificación legal alguna que la habilitara para el desarrollo de esas actividades, las cuales fueron ejecutadas dentro de su horario de trabajo».

¿Cuál es el detalle respecto al administrador municipal?

Respecto al administrador municipal, el cargo señala que «desde su ingreso al municipio como administrador, estuvo en conocimiento de las actividades particulares ejecutadas por la señora Salazar Barra, sin haberle manifestado a ésta la ilegalidad de su actuar; ni adoptado medida alguna, ni informado al alcalde, en su rol de asesor directo, estando obligado a ello». 

¿Y respecto al alcalde?

En cuanto al jefe comunal, el cargo formulado apuntó a «haber infringido sus deberes funcionarios, en su calidad de alcalde de la Municipal de Talca, al no haber ejercido un debido control jerárquico sobre el actuar de la Unidad de Asesoría Jurídica, en particular de su directora, doña Grace Salazar Barra».

¿Qué señalaron las defensas?

El informe detalla extensamente los argumentos de las defensas que pidieron desvirtuar los cargos, comparando dichos antecedentes con el resultado de la investigación administrativa, descartando los argumentos de los representantes legtales de los funcionarios investigados.

¿Cuál es la conclusión?

El informe señala que «el análisis de todos los antecedentes incorporados al presente sumario administrativa permite afirmar que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad administrativa de don Juan Carlos Díaz Avendaño, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Talca; y de doña Grace Salazar Barra, directora de Asesoría Jurídica, y don Ariel Amigo Vidal, administrador municipal, en los cargos que, respectivamente, le fueron formulados». El mismo documento subraya que se descarta una posible responsabilidad penal o civil de las personas investigadas.

¿Cuál es el dictamen final?

La parte resolutiva indica lo siguiente:

«Aplicar, a doña Grace Salazar Barra, en su calidad de directora de Asesoría Jurídica, la medida disciplinaria de destitución.

«Aplicar, a don Ariel Amigo Vidal la medida disciplinaria de multa de un 20% de su remuneración mensual, y una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente.

Remitir al Concejo Municipal de Talca copia de los antecedentes, atendido que se encuentra acreditada la existencia de responsabilidad administrativa por parte de don Juan Carlos Díaz Avendaño, alcalde de esa comuna, en los hechos materia de la investigación».

¿Qué significa?

El abogado denunciante, Fernando Leal, explicó que, en cuanto a la situación del alcalde, corresponde al Concejo Municipal «que presente una demanda de notable abandono de deberes por faltas a la probidad ante el Tribunal Electoral Regional», agregando que, para ello, la ley establece que esa decisión debe estar respaldada por un tercio de los concejales, esto es, al menos cuatro ediles considerando que en el caso de Talca son 10 en total, considerando que seis de ellos fueron también denunciantes ante la Contraloría Regional.

¿Cuál es su opinión frente al dictamen?

«Hace mucho rato que Chile está en una debacle respecto a la responsabilidad de quienes ejercen cargos de responsabilidad política. Entonces, esta es una señal de que la Contraloría Regional del Maule se ha hecho cargo de actos que demuestran una falta de pudor enorme de parte de la abogada, Grace Salazar, quien se sintió con tanto poder que podía estar por encima de la ley. No hay que olvidar que ella fue fiscal del Ministerio Público donde también fue destituida por faltas graves», subrayó Leal.

¿Existen más instancias legales?

En cuanto al caso de la directora jurídica, la decisión final de aplicar o no fundadamente este pronunciamiento de la Contraloría Regional del Maule depende del alcalde, Juan Carlos Díaz. En caso de existir respuesta negativa, el informe vuelve a Contraloría Regional para una última revisión y nuevo pronunciamiento donde se podría confirmar o revocar. En el segundo caso, ello también favorecería a los otros dos funcionarios investigados.

¿Y en caso de quedar a firme el dictamen actual?

A este escenario, en materia administrativa, los funcionarios sancionados pueden presentar un recurso de reposición con apelación en subsidio, con lo cual, la propia Contraloría Regional del Maule debería revisar su dictamen y, en caso de rechazarlo, el caso llegará ante la Contraloría General de la República para decisión final. A su vez, los afectados también pueden recurrir ante la Corte de Apelaciones de Talca a través de un recurso de protección o de ilegalidad, solicitando que el máximo tribunal revise el dictamen y se pronuncie en primera instancia, pudiendo llegar el caso también ante la Corte Suprema.

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