¿De qué se trata?
Se trata del caso de Ángel Cancino Cancino, quien denunció que la Delegación Presidencial Regional le adeuda los servicios prestados de distribución de agua potable en zonas rurales de la comuna de San Rafael, atendiendo los requerimientos de dicho municipio, y que sumarían más de 50 millones de pesos.
¿Cuál fue la reacción?
El diputado de Evópoli por Talca y Curicó, Jorge Guzmán, decidió oficiar tanto al Ejecutivo Regional como a la Contraloría para que “tomen cartas en el asunto”, se informe de la situación, ejecuten los pagos, y se determinen eventuales responsabilidades en el incumplimiento de dichos compromisos.
“Es impresentable lo que pasa con el gobierno del Presidente Boric en la región del Maule. Se han acostumbrado a usufructuar de los recursos privados. Solicitan servicios y después no pagan”, señaló el parlamentario en contacto con este medio de comunicación, agregando que “es irresponsable, una vergüenza e incluso ilegal esta práctica que se repite permanentemente”.
¿Qué otros antecedentes son relevantes?
De acuerdo a la denuncia de Cancino, son varios los servicios que están pendientes de pago. El más atrasado es de marzo del 2022, al que se suman los realizados en julio y agosto de 2023, 15 días de enero de 2024, el período julio-diciembre de 2024 y enero 2025.
El afectado ha concurrido en reiteradas ocasiones a la Delegación Presidencial y también a la Contraloría, con el propósito de buscar una solución, pero siente que solo lo tramitan y sin una respuesta clara sobre el pago que necesita más que nunca ya que se encuentra enfrentando un cáncer de colon.
Consultada en su momento la Delegación Presidencial, se reconoció que “hay pagos que se adeudan, ya que faltan algunos trámites administrativos y/o antecedentes que se están recopilando para dicho pago, lo que se ha gestionado con el particular y con las municipalidades respectivas”, pero sin establecer fechas ni plazos para los pagos pendientes, que es precisamente lo que necesita saber el denunciante.
Pero eso no es todo. El incumplimiento de pago por parte de la Delegación Presidencial que afecta a Cancino se repetiría con otros prestadores de servicios de la región del Maule.
¿Qué se pide en el oficio de fiscalización?
En el oficio dirigido al Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y al Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, el diputado Guzmán solicita que se informe la existencia de deudas con Ángel Cancino Cancino, respecto de los servicios de distribución de agua potable realizados en las comunas de San Rafael, Talca u otras, precisando los períodos involucrados, los montos adeudados y el estado actual de tramitación de cada uno de los pagos pendientes.
También que se informe si existen otros casos similares de proveedores a quienes se les adeuden pagos por servicios de distribución de agua potable realizados por encargo o en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, y que se indiquen las medidas que se adoptarán y los plazos precisos establecidos para asegurar el pago oportuno a estos proveedores, evitar nuevos retrasos, y garantizar condiciones contractuales claras y equitativas en futuras licitaciones o encargos de servicios.
¿Y respecto a Contralorìa?
En tanto, en el oficio dirigido a la Contralora Regional del Maule, Roxana Núñez, el parlamentario pide que se instruya una auditoría respecto del actuar administrativo de la Delegación Presidencial Regional del Maule en relación con los contratos y servicios vinculados a la distribución de agua potable en zonas rurales, con especial atención al caso del proveedor Ángel Cancino Cancino.
Además, solicita información sobre la existencia de casos similares en que proveedores o contratistas se encuentren actualmente con servicios prestados y pagos pendientes por parte de la Delegación Presidencial Regional del Maule, y que, en los casos en que se detecten infracciones o negligencias, se instruyan los respectivos sumarios administrativos para establecer responsabilidades.
¿Qué otra solicitud?
El diputado Guzmán exigió que el procedimiento de auditoría y fiscalización se extienda también respecto de los actos administrativos vinculados a la contratación de servicios por parte de la Delegación Presidencial Regional del Maule durante y con ocasión de las emergencias climáticas ocurridas en la región durante los años 2023 y 2024.
Para ello, se pide verificar si existieron omisiones, irregularidades o cualquier otro incumplimiento de los principios de legalidad, probidad y eficiencia administrativa, y que se instruya la apertura de sumarios administrativos a quienes resulten eventualmente responsables por las faltas administrativas y la afectación económica causada a los contratistas y proveedores involucrados.
