¿De qué se trata?
Un proyecto de ley que modifica el Código Penal y crea el delito de conspiración para defraudar al Estado, presentó el diputado independiente por Talca y Curicó, Francisco Pulgar (ex bancada Partido De la Gente)
¿Que se busca sancionar?
La iniciativa legal, explicó, se fundamenta en los hechos conocidos públicamente en que se han vinculado a figuras políticas, instituciones públicas y dado cuenta de transferencias de fondos a fundaciones privadas en las regiones de Antofagasta y Maule.
¿Cuál es la inspiración?
“A medida que avanzan los días, se ha evidenciado que esta práctica no es un hecho aislado, sino que lamentablemente parece haberse normalizado. Es muy probable que sigan surgiendo casos a medida que se respondan a los requerimientos y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, precisó el parlamentario.
¿Cuál es el análisis?
Para el legislador, ésta no es una práctica propia de un partido o colectividad en específico, sino que parece ser un mecanismo utilizado de manera transversal por la clase política, lo que se evidencia en que durante la administración del ex Presidente, Sebastián Piñera, se realizaron transferencias de fondos públicos por más de 1.000 millones de pesos a una fundación ligada a su sector político.
¿Qué ocurre con los denominados delitos funcionarios?
El diputado Pulgar detalló que el fundamento de este proyecto está dado en el entendido que, en el país, no existe una definición legal de delitos funcionarios, pero sí consenso en que estos delitos requieren que el sujeto activo sea un funcionario público y que el bien jurídico protegido sea la probidad administrativa, que es la correcta administración del Estado a través de sus agentes, es decir,
¿Cómo se podría configurar el delito?
“Los delitos funcionarios requieren que el sujeto activo sea un empleado público, lo que plantea el problema de la participación de terceros que no ostentan esa calidad. En este sentido, se debate si estos terceros que no son parte del sector público, deben ser sancionados como si lo fueran”, indicó el congresista.
¿Cuál es la expectativa?
“El proyecto de ley propone sancionar de manera justa y equitativa tanto al funcionario público que comete el delito funcionario como al actor privado que se colude y conspira con el funcionario para defraudar al Estado y se beneficia de ello”, subrayó Pulgar.
