El proyecto constitucional que conocimos hace un par de semanas cambia estructuralmente el rol del Estado respecto a lo que hemos conocido en las últimas décadas en Chile y probablemente en su historia. No es trivial (y posiblemente no lo estamos dimensionando en su total magnitud) lo que significa pasar de un Estado “subsidiario” a un Estado social y democrático de derechos, donde, como dice el texto Chile “se constituye como una República solidaria”.
El Estado deberá enfrentar una transformación estructural, similar a la que enfrentó posterior al terremoto del ‘39 y la constitución de 1980.
Las nuevas demandas y presiones para el Estado vendrán desde muchos frentes. Uno de ellos es el catálogo de derechos consagrados en la propuesta constitucional, que exceden los cien y que podrían estar lejos de garantizarse como algunos han planteado y las “Acciones Constitucionales de Tutela”, si bien son un recurso fundamental, la experiencia comparada muestra que no son capaces de garantizar totalmente derechos sociales.
Por lo tanto, la única garantía a estos derechos es que el Estado desarrolle una política estratégica, integral, estructurada y progresiva que le permita abordar a largo plazo todos los derechos fundamentales, pero ello, sin duda, requiere de una reingeniería a nivel estructural de la composición y competencias de las instituciones del Estado que signifique mayor eficiencia y eficacia y no un crecimiento inorgánico y clientelar.
Asimismo, el rango constitucional del Consejo para la Transparencia y la instauración de los principios de rendición de cuentas y la participación ciudadana, plantean un desafío directamente vinculado al anterior, donde no solo debemos hacer una debida gestión para satisfacer derechos sociales, sino que este debe ser de cara y con la ciudadanía, lo que no es la característica de nuestra Administración, que ha tenido muchos problemas para implementar, por ejemplo, el espíritu de las leyes Nº 20.500 de participación ciudadana y Nº 20.285 sobre acceso a la información pública.
A esto se suma el nuevo modelo de desarrollo territorial a través de un Estado Regional plurinacional. La creación de regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, implica un desafío político y de gestión que haga efectiva una verdadera regionalización y empoderamiento de los territorios, con una capacidad de gestión armónica y funcional al desarrollo integral del país y no ocurra como lo acontecido con la ley de fortalecimiento de la regionalización, Ley 21.074, la que terminó creando figuras contradictorias y poco funcionales como el Delegado Presidencial y el Gobernador Regional.
En resumen, los desafíos planteados implican derechamente un cambio estructural de la Administración Pública que debe transitar desde un Estado ausente en muchas áreas a un Estado que deberá abordar de manera más activa y eficiente un sinnúmero de tareas que hasta ahora no abordaba o lo hace solo muy parcialmente.
Eric Latorre Alarcón
Director Carrera Administración Pública
Universidad Autónoma
