Los delirios, desvaríos y desaciertos que a diario son propuestos en la Convención Constitucional, están logrando lo que la política casi nunca consigue: el consenso.
¿Qué pensarán algunos de los miembros de la Convención, reconocidamente inteligentes, juiciosos e ilustrados, cuando observan las desacertadas e irracionales propuestas que muchos de sus colegas promueven? Don Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, jurista y pensador destacado, pareciera que no se aguantó más e hizo pública su propuesta de una “jornada de reflexión y autocrítica” de los Convencionistas. Causó polémica, eso sí, porque pareciera que algunos de sus colegas creen no necesitar esa jornada, sea porque piensan que no requieren reflexionar o no necesitan autocriticarse.
Pero no es el único que manifiesta incomodidad frente a las propuestas señaladas. Ex altas autoridades, ministros, parlamentarios, académicos, economistas, empresarios, intelectuales, magistrados y un largo etcétera, coinciden en señalar que muchas de las propuestas normativas formuladas en la Convención, son inconvenientes, contrarían los principios jurídicos más básicos, desconocen la tradición constitucional chilena o, simplemente, resisten el sentido común.
Otros analistas, igualmente preocupados, advierten en las propuestas citadas criterios que no se avienen con el sistema democrático, con la cohesión social ni con la soberanía nacional. Hasta el Presidente electo, desde sus vacaciones y vía Twitter, pareciera expresar disconformidad con algunas. O sea, nos acercamos al consenso gracias a estos desatinos.
Es que la “creatividad” de ciertos Convencionistas, libres de las ataduras del estudio, la lógica o el sentido común, parecieran dar rienda suelta a proyectos y aspiraciones descabellados. Y no se trata de propuestas que podrían suscitar reparos políticos o ideológicos, como eliminar el Senado, permitir la reelección presidencial o suprimir el Tribunal Constitucional, las cuales podrían ser entendidas en el contexto del debate político. U otras, como no respaldar constitucionalmente el derecho al emprendimiento, debilitar el derecho de propiedad o avalar la ocupación de tierras ancestrales, entendibles desde la óptica del anticapitalismo más recalcitrante y ofuscado. Esas no. Son otras iniciativas, como aquella que pretende suprimir el Poder Judicial, otra que intenta anular las concesiones de generación eléctrica en territorios indígenas, una que promueve nacionalizar todos los yacimientos mineros de cobre, oro y litio o, la guinda de esta controversial torta: eliminar los 3 Poderes del Estado (“…que permiten a los grandes empresarios controlar las distintas instituciones”) y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, integrada por 600 representantes electos por “asambleas territoriales de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas Armadas”, (es decir, no por sufragio popular, sino al estilo corporativo fascista o comunista soviético). Afortunadamente esta norma fue rechazada. Pero, esos mismos Convencionistas pretenden que la Constitución garantice “el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno”. Nada menos.
Por todo esto, cobra fuerza la idea, propuesta por gente reflexiva, prudente y bastante transversal, de comenzar a preparar una suerte de “Plan C” constitucional. Ellos, consideran que Chile no puede arriesgarse a jugar el destino nacional a un “todo o nada” en el eventual plebiscito de salida. Porque, ¿qué ocurriría si en esa oportunidad la ciudadanía rechaza la propuesta constitucional? ¿Operaría el “Plan B” de algunos y mantendríamos la actual Carta Fundamental a sabiendas del mayoritario rechazo que ella provoca?
Así, frente al riesgo de que se aprobara un engendro aciago, como el proyecto que prepara la Convención con las insensatas propuestas comentadas, el Plan A, y estimando que los chilenos ya dijeron que no quieren mantener la actual Constitución, el Plan B, se hace necesario que hombres y mujeres de mucha sapiencia, buen juicio y más prudencia, preparen ese “proyecto alternativo”, que permitiría a la ciudadanía no saltar al vacío del Plan A o del Plan B, disponiendo de una opción más moderada, sensata y racional, ese Plan C, que desde ya sugiero. ¿Le parece?
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
