En los tiempos actuales, parece que ha venido una corriente de aire nuevo a desvelar nuestras “irresponsabilidades” como individuos. Se ha impuesto una tormenta que a buen seguro no dejará contento a nadie, ya sea a corto, medio o largo plazo. Ni tan siquiera la Constitución de 1981 está al margen de tal desastre… provocado. En la nueva Constitución que debe redactarse, no importa el medio ni los colaterales garantizaros, sólo importa alcanzar el fin; el cambio.
Hay muchos temas que podrán ser juzgados en base al uso eficaz de los recursos y eso sólo se sabrá con el paso del tiempo. La Constitución es sólo el “marco” de un cuadro y por lo tanto deja bastante flexibilidad al campo de actuación política. Por el contrario, existen otros temas que son infinitamente más delicados y que de recogerse en la Constitución, vinculará irremediablemente tanto el campo de actuación política como sus resultados en el futuro. Es el caso del sistema de pensiones. En ese sentido, existen claras diferencias entre lo que proponen los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric. Si bien es cierto que el sistema de las AFP podría incorporar ciertas mejoras, el candidato Boric apuesta por “amarrar” un nuevo sistema de pensiones en la Constitución, pasando de un sistema de capitalización (sistema actual) a un sistema de reparto (sistema público).
De cumplir su promesa (algo inusual en los políticos), el poder político mantendrá un régimen público de Seguridad Social para todos los residentes, garantizando asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La Constitución recogerá algunos principios vinculantes, como:
1. Principio de reparto: las cotizaciones de hoy día de los trabajadores en activo serán utilizadas para pagar las pensiones de hoy día de los que ya estén pensionados.
2. Principio de proporcionalidad: la pensión deberá guardar proporcionalidad con las cotizaciones reportadas anteriormente, cuando se era trabajador.
3. Principio de universalidad: no se excluirá a ninguna persona por no haber contribuido al sistema de reparto y recibirán una pensión no contributiva, que será fijada por el Estado.
4. Principio de gestión pública: el sistema de reparto será gestionado por las instituciones públicas diseñadas para ese fin.
5. Principio de suficiencia de las prestaciones: en cualquier caso, las pensiones deben cubrir las necesidades básicas incluso en aquellos casos en los que la proporcionalidad de sus ingresos como trabajador no hubiera sido suficiente.
Por tanto, la Constitución vinculará las pensiones futuras en base a un sistema piramidal que dependerá de cuánta gente esté trabajando en cada momento. Mientras haya bastantes trabajadores cotizando (sueldo medio/alto) por cada pensionado, el sistema será sostenible. Pero la realidad es que la pirámide poblacional se está invirtiendo (cada vez nacen menos personas) y por lo tanto, las pensiones se verán recortadas sí o sí. Desde el momento en que implante este sistema público, no existirá el concepto de alcancía para las pensiones futuras (por lo tanto, no se podrá heredar). Además, se convierte en un sistema de pensiones (público) de dudosa sostenibilidad en el largo plazo. Los recortes se presentarán por tres vías: 1) retrasar la edad de jubilación, acercando esa edad al de la esperanza de vida, 2) aumentar el número de años con el que extrae el promedio de las cotizaciones (lo que es perjudicial dadas las “lagunas” laborales del mercado laboral chileno y la baja cuantía de los primeros sueldos) y 3) recortar la pensión desajustándola del IPC. Igualmente se podrían mencionar la opción temporal de la congelación de las pensiones, como medida de improvisación y dependiendo de la coyuntura del país.
Dada la evolución de la pirámide poblacional en el largo plazo, el Estado podría optar por recurrir a la inmigración y así aumentar la masa de personas cotizantes. Sin embargo, esta medida podría traer una inmigración poco especializada y/o informal (dependerá del modelo económico que elija el candidato que gane las elecciones). En ese caso, aunque hubiese una gran masa de cotizantes, las pensiones calculadas podrían ser inferiores a lo que esperen los recién pensionados, tras 40 años cotizando con sueldos posiblemente mayores. En tal caso, el Estado, trataría de compensar ese “déficit” en las pensiones con devaluaciones de la moneda (inflación), subidas de impuestos, contribuciones, tasas, mayores sanciones… que afectarán a toda la población y aumento de la deuda pública (comprometiendo intereses de deuda cada vez mayores).
En resumen; el problema de Chile en este aspecto no es su sistema de pensiones privado y, la solución no pasa por un sistema de pensiones público … quebrado como es el de España. El problema de Chile se centra en una baja productividad, en que no se cotiza de manera continuada y en que se cotiza sólo un 10% al sistema de pensiones, eso explica las bajas pensiones y no el sistema privado de las AFP.
Con respecto a las AFP, la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión sobre el promedio de sus cotizaciones) es mayor a la española. Por lo tanto, si la productividad chilena aumentase, se cotizase de manera continuada y se cotizase el equivalente a España, las pensiones en Chile serían superiores a las pensiones en España, en términos absolutos. Si Chile no mejora esos puntos (productividad, continuidad y cotización), seguirá con bajas pensiones. Y si además, se añade el sistema de pensiones público, habrá sumado otro problema que tiene difícil salida.
