Dijo un honorable diputado hace unos días que la obligatoriedad del sufragio es una medida “anti pobres”. ¿Será, entonces, que el sufragio es para los ricos y no para los pobres?
Partamos diciendo que los cambios en las reglas electorales, cuando se está próximo a alguna elección, en principio son sospechosos. O sea, modificar las reglas del juego inmediatamente antes de un partido, huele a una intencionalidad espuria que debiera ser rechazada. Es que nada garantiza mejor el juego limpio que una claridad, estabilidad e inalterabilidad de la normativa a la cual deberán ceñirse quienes participen de dicho juego. Abundan los ejemplos, casi siempre al amparo de regímenes totalitarios, en que las reglas se acomodan de acuerdo a la necesidad de quien tiene la potestad normativa.
Continuemos, señalando que el sufragio es un antecedente consustancial a la democracia. Sin brindar a los gobernados la posibilidad de elegir a los gobernantes y, luego, premiar o castigar su gestión, es parte de las reglas básicas del “menos malo” de los sistemas políticos. En los comienzos de la historia democrática esa posibilidad, elegir o ser elegido, era reservada a unos pocos privilegiados. Con el transcurso del tiempo ese privilegio se fue extendiendo, la democracia se fue perfeccionando, abarcando sectores sociales más amplios y diversos, hasta llegar al denominado sufragio universal, cuyos requisitos ya no serían la clase social, el patrimonio o la cultura, sino tan sólo la pertenencia a la denominada “ciudadanía”, concepto más inclusivo que excluyente.
Por último, digamos que, desde entonces, han debatido hasta la saciedad aquellos que consideran el sufragio como un derecho, y por tanto una cuestión facultativa o discrecional, y los que estiman que votar es un deber, o sea un asunto imperativo u obligatorio. Unos y otros tienen argumentos, por cierto. Es más, en nuestro país la cuestión ha sido fluctuante. Desde que este derecho/deber se hizo universal, hemos transitado por la obligatoriedad y, también por la mera voluntariedad, lo cual demuestra que ha sido un asunto de opinión cambiante.
Hace muchos años, tuvimos un sistema bastante surrealista: inscribirse en los registros electorales era un asunto voluntario, pero que, una vez realizado, generaba la obligación de sufragar. Votar era, así, un asunto que comenzaba con un acto voluntario, que mudaba en obligatorio. Más tarde, en 2012, con sólidas argumentaciones se señaló que era preferible establecer el voto voluntario para estimular una mayor participación electoral (argumento audaz, creo yo), pero estableciéndose la inscripción automática en los registros electorales. Allí, el orden de los factores cambió, pero el resultado final pareciera que no mucho. Se partía con una acción obligatoria, más bien automática, pero se dejaba a la mera voluntad, votar o no hacerlo. O sea, el surrealismo político electoral no nos abandonaba. Ni siquiera hoy, porque en 2023, una década después del anterior cambio, se volvió a la obligatoriedad, sólo que más acentuada aún. La reforma constitucional de aquel año señaló que la fuerte baja en la participación electoral era debida a la mentada voluntariedad. Y que la esencia representativa de nuestra democracia requería de una robusta participación ciudadana. Así, se impuso la inscripción automática, con voto obligatorio y sanción para aquellos que no voten. Un deber ciudadano por donde se le mire.
Pero, para no dejar nuestro surrealismo, con audacia digna de mejores causas, hoy señala un diputado que la obligatoriedad castiga la pobreza al exigir, a los más carenciados de nuestra sociedad, que paguen una multa si no sufragan. ¿Será así? ¿Será que el sufragio, una conquista democrática que demoró siglos y que costó sangre sudor y lágrimas, le impone deberes más onerosos a quienes tienen menos? ¿Habría que eliminar la sanción de este deber?
Temo que, de imponerse razonamientos tan bizarros como el comentado, hagamos otro aporte al surrealismo electoral ya citado y establezcamos un voto obligatorio, pero sin multa. Sería uno de esas raras normas imperativas que carecen de sanción, que tanto cuesta hallar cuando uno comienza sus estudios jurídicos. Acá habría una. Al menos para eso serviría.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
