¿Cuál es la evaluación de la labor de persecución penal?
“Llaman la atención algunas cosas que, para nosotros, también generan una forma de trabajo con una organización distinta. Nosotros, como fiscalía, hemos mantenido el funcionamiento durante todo este tiempo, sin mayores dificultades. Por la forma de nuestro trabajo, la situación telemática ha sido absolutamente bien asumida. Somos una fiscalía donde tenemos todo digitalizado, por lo cual, la labor de los fiscales y funcionarios se puede realizar desde sus domicilios, más allá de lo que significa el turno y la comparecencia a los sitios del suceso”.
¿Qué ocurre con los juicios orales?
“Respecto a los juicios orales es donde se ha producido un retraso importante que lo estamos abordando con los tribunales, sacando adelante esa mochila que se ha generado, debido al problema de la presencialidad. Muchos juicios se han podido desarrollar, pero son de menor envergadura, con menor número de imputados, pruebas y testigos. Pero aquellos de más largo aliento y que requieren de la concurrencia de más personas e imputados, se han debido postergar. Es un número importante. No me atrevería a dar cifras, pero nosotros dijimos que, en general, hemos tenido un 40% menos de audiencias, aunque no todas son de juicios orales. Por lo tanto, allí existe un tema que nos ha producido retrasos. No depende de nosotros, porque estamos disponibles para realizar las audiencias telemáticas y creemos que se cumple con todas las garantías. Normalmente, en algunos casos muy excepcionales, se piden suspensiones de juicios, pero es porque hay algunas personas que no pueden comparecer por problemas de enfermedades. Lo mismo ha hecho la Defensoría Penal Pública”.
¿Qué otro aspecto les preocupa?
“Un segundo punto dice relación con la atención de nuestros usuarios, esto es, de las víctimas y testigos. Eso genera algún retardo en el trabajo. Para ello, se han generado mecanismos de atención telemática. De hecho, incorporamos una atención telemática para los abogados. Lo difundimos a todos los Colegios de Abogados de la región. Tenemos un funcionario atendiendo sus requerimientos en forma telemática, para que no tengan que desplazarse. Y se resuelven de forma online todos los requerimientos. Ahora queremos abordar un sistema de atención telemática o por teléfono a todos los usuarios. Si bien existe mayor movilidad, el tema de los aforos igualmente nos dificulta atender a las personas”.
¿La sobrecarga este año se debió a los detenidos por el artículo 318 de atentado a la salud pública?
“Si nosotros hacemos un cálculo entre el 2020 y 2021 descubrimos que, cada año, han disminuido los delitos, en promedio un 15%. Si extraemos todas las causas relativas al artículo 318 del Código Penal, tendríamos una disminución del 25%. No es menor. Son 17 mil causas, considerando que nuestro ingreso anual va entre 60 y 70 mil causas, por lo cual, es un porcentaje importante”.
¿Cómo se ha afrontado este fenómeno desde la persecución penal?
“En una primera etapa, hemos dado cumplimiento a las instrucciones, porque se debieron uniformar los criterios desde la Fiscalía Nacional y, en general, se persiguió el delito del artículo 318 con sanciones pecuniarias, porque la ley contemplaba esa posibilidad y que es una sanción no menor, ya que son alrededor de 160 mil pesos, en el rango más bajo. En el caso de reincidencias, las personas fueron condenadas, por cuanto se tuvo una actitud más dura con ellos. En especial, con aquellos que estaban asociados con otros delitos. Y otros accedieron a suspensiones condicionales si no tenían ningún contacto criminógeno”.
¿Y qué pasó después de la reinterpretación que hizo la Corte Suprema?
“El cambio de interpretación tiene que ver con el cambio de la norma. En el fondo lo que se busca es proteger la salud pública y, por lo tanto, lo que se pretende es que no haya posibilidades de difundir el germen. Y se estimó que las personas que estaban en sitios aislados o solas no infringían esta norma penal. Lo que no significa que no sean sancionados, porque se les somete a un procedimiento administrativo, como es un sumario sanitario. Con esa interpretación, nosotros variamos la actuación. En otras regiones, eso se seguía informando por los policías a los fiscales, pero aquí, en el contexto de una relación muy directa con ambas policías, les dijimos que si esto no es delito, entonces que no se denuncie, sino que notifique a la autoridad sanitaria. Y, para ello, oficiamos a Carabineros y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Con eso, en los últimos meses, no hemos tenido artículo 318. Además, ha habido mayor movilidad y las aperturas han significado menores controles”.
¿Y si la situación sanitaria retrocediera y volviéramos a cuarentena? ¿Se volvería a lo de antes o sigue la misma interpretación?
“No debería cambiar. Siempre y cuando no exista un riesgo más concreto. Allí están las discusiones doctrinarias que todavía no se han resuelto completamente”.
¿Cuáles son los casos que más le han impactado en esta parte del año?
“Existen dos áreas donde, en los últimos años, la labor de los fiscales ha sido exitosa. La primera es con la persecución de bandas criminales a nivel regional, con procedimientos masivos que no se habían visto. Recordemos el caso de los cigarrillos de contrabando por mencionar solo uno. Eso es porque una de nuestras principales preocupaciones son las bandas criminales, lo cual nos tiene muy satisfechos. Y su principal efecto es que los delitos contra la propiedad han bajado un 40%. De hecho, en cuanto a los robos con violencia e intimidación estamos con un 57% menos. Es un tema súper sensible, porque causa mucho impacto en la ciudadanía. Y eso se nota al momento de las encuestas de victimización, donde nos ha ido muy bien”.
¿Y qué ocurre con los casos de mayor connotación social?
“En esas causas hemos tenido resultados importantes. Estamos hablando de homicidios, grandes accidentes o robos de relevancia. En todos ellos, a las pocas horas se ha detenido a los responsables. Estamos hablando de Norma Vásquez, el menor de Longaví, la “Panchita” y el “crimen de la carretilla”, ambos en Talca”.
¿La clave es la coordinación?
“Estamos trabajando en una nueva modalidad para articular el día a día con los sistemas de turno. Hace 20 años el tema del turno era un asunto muy complejo y que produce un desgaste. Pero estamos aplicando fórmulas nuevas. Una de ellas es articular equipos para realizar las investigaciones. De partida, he estado yo presente, con los jefes regionales de las policías al teléfono, el trabajo del Servicio Médico Legal (SML) sin importar que sea un fin de semana, así como los equipos de turno de nuestra unidad de víctimas. Si no damos información, eso genera ansiedad en las personas que sufren el dolor de perder a algún ser querido. Y, finalmente, la articulación en el sitio del suceso y todo lo que se deriva, con fiscales trabajando en los sitios del suceso, otros tomando controles de detención y otros recogiendo declaraciones de testigos. Eso generó una respuesta muy positiva de las policías, porque ellos se sintieron dirigidos, que es lo que corresponde. Y hubo claridad respecto de las instrucciones. Se pueden cometer errores, pero la idea es ir minimizando”.
¿Qué ocurre con los proyectos de infraestructura?
“Los avances siempre son importantes y es a lo que debemos tender, aunque el sistema de justicia siempre ha estado disminuido respecto a las capacidades de infraestructura. Si bien hoy nos aparecen nuevos edificios como es el SML de Talca, la nueva cárcel y la fiscalía local, efectivamente hemos tenido un estancamiento. Los proyectos que tenemos de infraestructura han tenido un retardo. La situación de pandemia ha retrasado algunos proyectos. Hay que reconocer que, en cuanto al Ministerio Público, existían varios proyectos muy avanzados, pero que la pandemia ha retrasado, no por nuestra voluntad. Esperamos que se produzca una apertura, porque en el ámbito del sector justicia, siempre necesitamos renovar la infraestructura, para dar mejores condiciones laborales y de atención a nuestros usuarios”.
