¿De qué se trata?
La reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Gabriel Boric y se discute actualmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas fue consultada a diversas personas del país por la encuesta Criteria, que entregó diferentes conclusiones.
¿Cuál es el principal resultado?
Entre las principales, existe una “mayoritaria desconfianza en el Estado como administrador y hay una evidente percepción de riesgo por parte de los chilenos ante un mal uso de los fondos previsionales con fines políticos», señaló el director de Criteria, Cristián Valdivieso.
¿Cómo se evalúa el rol del Estado?
Un 59% del universo de encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: «Si mi fondo de pensiones es administrado por el Estado, será mal utilizado por los políticos». Un 23% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo el 18% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.
¿Cuál es el contexto?
Uno de los principales puntos en discusión en esta reforma guarda relación con aplicar un 6% de cotización extra con cargo al empleador, pero que, según ha señalado el gobierno, se destinaría un 4% a un seguro social administrado por el Estado. Desde la oposición, en cambio, han sido enfáticos en priorizar que los fondos del 6% extra vaya a cuentas individuales. Sin embargo, recientemente se han abierto a propuestas que combinen una mayoría a cuenta individual y una fracción menor (1,2%) a un seguro de larga vida o de cuarta edad.
¿Dónde depositar los fondos extras?
Respecto a esto último, la encuesta es clara en señalar que el 69% desea que toda la cotización adicional vaya a su cuenta individual, mientras que sólo el 31% prefiere que vaya el 2% a cuenta individual y 4% a un fondo común para financiar pensiones actuales y futuras, como propone la fórmula del Gobierno.
¿Cuál es el detalle?
Desagregado por género, son las mujeres (73%) las que más desean que ese porcentaje vaya a las cuentas individuales, algo que contrasta con los argumentos del Gobierno, que asegura que el seguro social que proponen iría justamente a mejorar las pensiones de las mujeres.
¿Y la idea de una administradora estatal?
En cuanto a la creación de una entidad estatal que se encargue de la administración de los fondos, algo que también considera la propuesta del Gobierno -que crea una entidad única centralizada para realizar las actividades de soporte de las cuentas-, nuevamente los datos apuntan a que una mayoría no visualiza al Estado como un mejor administrador. El 54% señala estar de acuerdo o muy de acuerdo en que «si la administración del servicio fuera entregada solo por una entidad estatal, habría más burocracia y lentitud en la atención». Por otro lado, sólo el 15% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación.
¿Qué debe hacer el Estado?
El 51% está de acuerdo o muy de acuerdo con que «el Estado sólo debería dedicarse a regular y controlar y no a administrar y gestionar los ahorros previsionales». El 26% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 23% está en desacuerdo o muy en desacuerdo.
