Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, habló con Diario Talca respecto a casos de connotación y la gestión en materia de prevención de la violencia contra la mujer (por Hernán Espinoza con fotografías y video de Luis Casanova)
¿Cuál es su visión Respecto al caso de María Ignacia González, concejala desaparecida de Villa Alegre?
“Siempre empatizamos y acompañamos a las víctimas de violencia y sus familias, en este caso, nos preocupa porque es una autoridad electa de una comuna. Por ello, nos llama a la alerta y nos corresponde prestarle a sus hijas todo el apoyo y contención que necesiten, además de colaborar en lo que nos pidan. Muchas de las cosas que están en juego son reservadas, pero nos corresponde apoyar y estar con las víctimas. Es un compromiso nuestro para que se aclare lo ocurrido con su madre”.
No es el único caso de mujeres adultas mayores desaparecidas en Chile. ¿Cómo ven esta situación?
“Es un fenómeno que preocupa y requiere un abordaje que tiene que ver con las personas que pueden enfrentarse a este tipo de situaciones por su edad. Pero entendemos que, en este caso, se trata de una persona adulta activa que no tenía ningún problema por su condición. Además, era una autoridad, por lo cual, eso nos debe llamar a una alerta. Como país no habíamos vivido este tema”.
Además, se trataba de una autoridad con un importante rol fiscalizador. ¿Ese factor llama la atención?
“Eso también nos preocupa y entendemos que hay que estar ahí. Por lo general, siempre acompañamos este tipo de situaciones. No siempre es algo público porque entendemos que no se puede hablar de todos los casos. Es importante cumplir los protocolos para no generar victimización secundaria a los familiares”.
¿Es posible alguna acción legal?
“Las hijas tienen una defensa privada porque es su derecho y nosotros estamos tratando de articular una posibilidad de tener un rol, pero no corresponde ir contra la voluntad de ellas”.
Los femicidios en Chile, si bien han disminuido, persisten y alarman a la ciudadanía, en el contexto además de que muchas mujeres sufren violencia y no lo denuncian. ¿Es posible un país sin hechos de este tipo tan repudiables?
“Creemos en una sociedad donde la violencia de género no exista. Es un anhelo que cuesta imaginar, pero esa es nuestra tarea y es posible. Para ello, hemos propiciado que el femicidio exista como un delito y no como un crimen pasional. El instrumento punitivo también permite cambiar conductas. Por ello se han incrementado las cifras, porque ahora las visibilizamos.
Muchas veces se asume que el aumento de los femicidios frustrados tiene que ver porque estamos siendo más certeros en la confección de los partes por Carabineros. Así se están descubriendo intentos de femicidios que antes no los veíamos porque el parte no era íntegro. Se veía una lesión, pero no que era en una zona vital. Ese tipo de avances han visibilizado y a nosotros no nos interesa ocultar cifras”.
Una de las violencias contra las mujeres es la económica. ¿Qué resultados ha tenido en el Maule la ley “Papito Corazón”?
“Las cifras regionales son de 18.250 deudores vigentes que están en un listado que es muy dinámico, además de órdenes de pago por parte de tribunales de $3.000 millones. Es una cantidad interesante acorde a los estándares de población.
A su vez, un 95% de los deudores son hombres, lo cual está en el promedio nacional que es del 94%. El otro 5% son mujeres deudoras que se les aplica la misma regulación y mecanismos, sin diferencias. También, decir que en ese segmento hay abuelas deudoras en subsidio de los padres”.
¿Cómo interpreta las cifras?
“Es una realidad que existe, es decir, son mayoritariamente hombres los que deben y eso lo queremos cambiar. Queremos que esta ley no deje de llamarse Papito Corazón porque la sociedad tiene que decirles a los hombres que deben hacerse parte de sus responsabilidades parentales, porque es algo que los dignifica. No habla bien de ellos que no lo hagan. Además, pagar la pensión alimenticia es un desde. Al menos eso debe cumplirse”.
¿Qué ocurre con la ley integral contra la violencia?
“La ley fue publicada hace un año y le queda mucho tiempo más para implementarse, porque son leyes potentes de gran complejidad. Plantea y consagra el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y, conforme a ello, fortalece los mandatos sectoriales para que todos los servicios que intervienen en la respuesta, tengan claro lo que deben hacer.
Establece el principio que deben intervenir haciendo todo lo que esté en sus manos y un principio de coordinación interinstitucional que, si bien es un principio, en este caso se traduce en una comisión que tiene un reglamento que fue tomado razón en Contraloría hace pocos días.
Con ese reglamento ya dictado podremos verificar la primera sesión de ese comité que deberá darse una orgánica y ratificar el plan nacional por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La comisión deberá hacerle seguimiento, además de un sistema integrado de información y un módulo para crear estadísticas que permitan adoptar políticas públicas”.
¿Estas políticas de Estado tendrán continuidad?
“Hemos dado cuenta de que eso es posible. Mucho de nuestro quehacer ha tenido continuidad en los gobiernos y apoyo transversal en el Congreso Nacional. Siempre hemos contado con apoyo político”
¿Qué ocurre con el mundo rural?
“Quiero dar un mensaje especial a las mujeres de la ruralidad. Vemos que el Maule es una zona con una ruralidad muy destacada, donde hay muchas familias que necesitan el quehacer que desarrollamos con el Ministerio de la Mujer, con políticas que están llegando a todos los territorios. Desearles mayor protagonismo en su desarrollo porque muchas de estas políticas o programas llegan a los territorios a través de los municipios. Las invito a exigirla y pedir aumentos de cobertura, lo cual nos permite hacer planteamientos ante el Ministerio de Hacienda y conseguir los votos en el Parlamento”.
