¿En qué consiste la propuesta constitucional?
“Lo más importante en este proceso constitucional es un reconocimiento que sea transversal respecto de la función que nuestras instituciones desarrollan, es decir, la Católica del Maule, junto con las otras 8 instituciones que conforman el G9. Porque históricamente siempre hemos sido reconocidos, pero en este último tiempo se ha generado una discusión que nos pone en una situación bastante más compleja. Y es curioso, porque hay muchas acciones públicas o de servicio público que nuestras instituciones están abordando constantemente.
Entonces, es llamativo que no se reconozca y, por eso, hemos presentado una iniciativa de norma con la idea de que la educación superior sea inclusiva y diversa, con compromiso público, regional y producción de conocimientos de excelencia. Porque pensamos que nuestras instituciones efectivamente contribuyen al país de manera transversal, sin distinción. Además, ocho de las nueve instituciones son regionales y las nueve estamos en regiones, por lo cual, existe un grado de conocimiento del país que es indudable”.
¿El temor es que las instituciones estatales de educación superior tengan algún grado de ventaja?
“No sabemos cómo se va a dar esto, en definitiva. Lo que estamos proponiendo y que queremos que sea discutido, es que se pueda resguardar en la Constitución es, primero, la libertad de enseñanza, la autonomía de las instituciones de educación superior, el respeto a la pluralidad de los proyectos y su valorización. Históricamente nunca ha existido diferencia en el trato hacia nuestras instituciones, al menos, antes del 2018.
Nunca se había puesto en duda la labor de nuestras instituciones, incluso durante el gobierno de Salvador Allende había un reconocimiento explícito con acompañamiento económico y financiero. Entonces, es un poco inexplicable que hoy, en esta manera de ver la sociedad, no se reconozca la labor que realizan estas instituciones desde el punto de vista normativo y financiero”.
¿En el aspecto normativo esperan que quede plasmado en la Constitución y que desde allí se deriven leyes que igualen la cancha?
“Lo que buscamos es que esto quede reconocido en la Constitución, pero no solamente por las instituciones mismas, sino por la gente que atendemos y a quienes estamos entregando alternativas de calidad. De hecho, hasta antes del 2016, uno les preguntaba a los parlamentarios y pensaban que nuestras instituciones eran todas estatales, como fue el caso de la Universidad del Mar, donde la UCM tendió una mano a sus estudiantes y sus familias.
Entonces, queremos que la Constitución defienda estas instituciones porque atiende un público de manera seria y con calidad, entregando alternativas al país y a la gente, precisamente, para el servicio púbico. Es un reconocimiento que -pensamos- debe quedar consagrado constitucionalmente”.
¿Un ejemplo de ello fue la gratuidad, porque cuando salió esta política pública ustedes se sumaron de inmediato?
“Sí claro. Muchas de nuestras instituciones tienen más de un 75% de gratuidad, por lo tanto, somos instituciones que albergamos un número significativo de estudiantes que vienen de sectores que han visto afectados por varias cosas, más allá de lo económico, con la formación de base.
Existe un desarrollo de investigación y tecnología que ha ido creciendo de manera significativa, por lo tanto, nunca hemos entendido esa diferenciación que se hizo en el trato a estas instituciones, porque históricamente nunca había existido”.
¿Perciben que se les trata de asimilar a lo que ocurrió hace años cuando se generaron las universidades privadas?
“En los años ’80 de manera desregulada se dio la posibilidad del crecimiento inorgánico de instituciones de educación superior, muchas de ellas, con un fin monetario más que de servicio.
Y eso marca una gran diferencia y distancia en relación a las instituciones que son más tradicionales. Nosotros heredamos una tradición de más de 40 ó 50 años que, desde un comienzo, están orientadas al servicio público y no hacia intereses económicos particulares.
Por lo tanto, cuestionar el carácter público de nuestras instituciones me parece que ha sido un error y que está un poco motivado por esta disputa o trabajo asociado al tema de los beneficios o el financiamiento. Pero esperamos que si esto queda resguardado en la Constitución, entonces, la consideración y el respeto a nuestras instituciones, se va a mantener en el tiempo”.
