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ENTREVISTA: Julio Contardo y su “revolución” en la Fiscalía Regional del Maule

Innovadora propuesta busca que la ciudadanía tenga respuestas adecuadas a sus denuncias y mejores que una condena, mientras los fiscales se abocan a lo realmente importante en términos de delitos de mayor connotación social. Y, para ello, en el Maule ya se están dando los primeros pasos (por Hernán Espinoza)

¿Cuál es el diagnóstico en cuanto a la capacidad investigativa real considerando el recurso humano disponible?

“En esto hay que hacer un proceso reflexivo bastante profundo y autocrítico, no sólo de la institución del Ministerio Público, sino también del Estado, en el sentido que se debe diseñar una justicia que entregue respuestas a la comunidad”.

¿Y en qué consiste esa respuesta?

“Primero hay que hacer una distinción. Tenemos una criminalidad compleja, basada en los imputados prolíficos, la delincuencia organizada, las bandas criminales y los delitos de mayor connotación social, como son aquellos contra la vida y la propiedad, junto al tráfico de drogas. Efectivamente, a toda la comunidad le interesa que esos delitos se investiguen bien y que exista una respuesta. Pero, efectivamente, dentro de este contexto, hay un numeroso contingente de delitos que ingresan a las fiscalías y que representan cerca del 50% del total, pero que corresponden a delitos de menor gravedad y que afectan bienes jurídicos de menor entidad, por lo cual, tienen asociadas penas de faltas o de multas, por lo cual, coinciden con una jurisdicción como es la justicia de policía local. De allí que, por un lado, todas aquellas infracciones o delitos que tengan penas de faltas, a nuestro juicio, deberían pasar a la judicatura infraccional”.

¿Qué otra alternativa se debe ofrecer al público?

“Una segunda respuesta dice relación con generar una justicia vecinal que diga relación con aquellas incivilidades que, si bien tienen una penalidad mayor, muchas veces el sistema de la persecución penal sancionatoria no resuelve el problema e incluso, a veces, lo agudiza. Estamos hablando de los problemas entre vecinos, de la corrida de cercos, de los daños y las amenazas, los cuales son muchas denuncias y lo que la gente espera, en su gran mayoría, es que se solucione el conflicto que dio origen.

Por lo tanto, lo que se requiere allí, más que una sanción, es que un organismo jurisdiccional pueda buscar soluciones mediante procedimientos como la mediación penal o una justicia más bien restaurativa, para recomponer las relaciones. Y en eso creo que, por la vocación que nosotros tenemos, no estamos en disposición de ofrecerle esa opción a la comunidad. Lo que ocurre es que ese tipo de figuras, el Ministerio Público las desestima y se da una sensación de impunidad que no favorece al sistema de justicia globalmente considerado”.

Pero igualmente la fiscalía estuvo intentando cumplir ese rol mediador. ¿Cómo resultó?

“Nosotros tenemos en ejecución varios proyectos que dicen relación con mediación penal, a través de un convenio con la Corporación de Asistencia Judicial y la Universidad de Talca. Tenemos salidas alternativas y hemos establecido convenios con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para los imputados por casos de hombres agresores, donde se busca esa solución. Pero el esfuerzo es bastante limitado y como no tenemos la capacidad operativa, hemos recurrido a otras entidades. Así hemos demostrado, en definitiva, que si bien tenemos la mejor intención y voluntad de buscar soluciones a esos casos, debemos acudir a la red social para cumplir un rol que debería estar radicado en un organismo único”.

¿Eso viene de una u otra forma medianamente resuelto en el nuevo Código Penal respecto a las faltas?

“Sí, pero solamente respecto a las faltas penales que dicen relación con sanciones de multa. Viene contemplado de que se vayan esos casos a la justicia infraccional, pero el porcentaje de esas causas es bastante menor en relación a lo que estamos planteando”.

¿Pero acaso no están allí los casos de hurtos de supermercados o multitiendas que igualmente quitan mucho tiempo y recursos al sistema penal?

“Claro, cuando es un hurto falta. Pero allí se nos presenta la dificultad de los imputados que son reincidentes o de los hurtos de mayor cuantía que también quedan radicados en la justicia penal”.

¿Qué es lo que se va a investigar y dónde va a estar el énfasis en la persecución penal?

“Entre las definiciones más importantes que hemos asumido se cuenta desafiarnos y disponer de todos nuestros recursos para acudir a investigar los delitos más graves y de mayor connotación, junto a los imputados prolíficos y las bandas delictuales. Además, buscamos centrarnos en los focos investigativos, esto es, cuando detectamos que existe un aumento de determinados delitos o existe reiteración. Esto equivale a perseguir bandas delictuales o agrupaciones criminales”.

La política de investigación penal ha generado proyectos importantes en ejecución y otros por implementar. ¿Cuáles son los más relevantes y en qué consisten?

“Lo que hemos hecho es generar unidades regionales que se hagan cargo de estas mayores problemáticas. La primera fue la fiscalía de flagrancia que está funcionando bastante bien, porque implicó la destinación de fiscales exclusivos para investigar los delitos que se cometen día a día, de tal manera de tener un contacto directo con las policías, generar las mejores instrucciones, estandarizar los procedimientos y tener un contacto permanente con los tribunales para las primeras audiencias de control de detención.

Pero también unificar las primeras diligencias que se decretan en todas las causas que se ingresan por denuncias, lo cual queremos conseguir con una unidad especializada de primeras diligencias, para que no exista retraso desde que ingresa la causa a que salgan las órdenes de investigar a las distintas unidades policiales, lo cual también era una demanda y flanco de mejora que nosotros tenemos.

Aparte, se incorporan oras unidades como tener un centro de contacto regional para las víctimas y testigos. Más que un punto de contacto donde las personas concurren, la idea es que nosotros contactemos a las personas. Primero, entregando la información inmediata de que la causa está ingresada, dar el número de la causa y qué fiscal está asignado, qué unidad policial la va a investigar y entregar orientación a las personas para que puedan desarrollar consultas o qué se requiere como apoyo de las personas. A veces, la denuncia es insuficiente para recabar todos los antecedentes y, eventualmente, que las personas aporten más antecedentes. La idea es tener una vía más expedita para que las personas sean partícipes más activos en el esclarecimiento de los delitos que les han afectado”.

¿Así se puede también separar aquellos casos que tienen mayor gravedad de otros casos que pueden ser resueltos por otra vía?

“Es implica la desestimación de causa que no tienen mayor viabilidad, para no invertir recursos en causas que no van a llegar a buen término”.

¿Cómo se está orientando la labor investigativa a partir de la puesta en marcha del nuevo edificio de la fiscalía local de Talca, donde también está radicada la fiscalía de flagrancia y el centro de contacto para las víctimas?

“Primero, se llevó a cabo una reestructuración de la fiscalía, mejorando la calidad de nuestro servicio en términos de la persecución penal, para que sea mucho más eficiente y efectiva. Y, por otro lado, mejorar la cercanía con las personas, con la atención a los usuarios que es un tema donde evidentemente debemos mejorar en formo considerable. Para ello, los espacios de atención como se generaron en el nuevo edificio de la fiscalía de  Talca, con una infraestructura del mejor nivel, nos da dignidad tanto a los funcionarios y fiscales, pero sobre todo a las personas que acuden, porque son espacios orientados a una atención más personal, con espacios cerrados y que, por lo tanto, permiten un diálogo más abierto, franco y cómodo para las personas que concurren, quienes van a manifestar que han sufrido por conductas que les han afectado en sus derechos esenciales. Eso no es fácil de explicitarlo cuando no tenemos espacios adecuados”.

¿Cuál es su crítica a esta idea de la defensoría de las víctimas?

“Yo hago una distinción. Lo que yo creo es que eso no va a solucionar el problema. Primero, creemos que puede ser un aporte en la medida que sea un servicio que no tropiece con distintas instituciones que están orientadas a las víctimas. Actualmente tenemos distintos centros de atención a víctimas, además de nuestra unidad regional de atención a víctimas. Pero lo que ocurre es que el delito afecta a las personas no solo mientras se prolongue el procedimiento penal, sino que hay una afectación que va más allá del tiempo de tramitación de la causa o que tiene una afectación que no se aborda y, por lo tanto, tiene que haber una atención integral. Me parece interesante que se estudie el fenómeno de las víctimas para ver cómo un organismo asume este rol. Pero, además, está la atención protagónica que tiene que tener el Ministerio Público respecto a la información de lo que ocurre con la causa y, a su vez, dar cumplimiento a la función exclusiva del Ministerio Público respecto a dar protección a las víctimas frente a las situaciones de vulneración o riesgo que tengan durante el procedimiento. Entonces, creo que este servicio tiene que tener una atención mucho más integral que solo asignar abogados para las víctimas. No es que lo descarte, pero creo que lo que está planteando es insuficiente”.

¿En qué consiste esta propuesta de una fiscalía modelo en el Maule?

“Todos estos cambios estructurales que estamos realizando en la fiscalía implican darle una vuelta a la tuerca y hacernos la pregunta de qué fiscalía queremos para el país en el futuro, sobre todo, con miras al proceso constituyente. Lo que recogió el Fiscal Nacional yo lo realzo en términos de estimar que la fiscalía del Maule es modelo para el país.

Las cosas que estamos haciendo y que no están en otras regiones, pueden marcar un cambio de la fiscalía que conocemos hoy día a aquella que veremos en el futuro. Y los pasos que hemos dado nosotros, en especial, sumando a que fuimos piloto en las entrevistas videograbadas, ahora sumamos la primera fiscalía de flagrancia en regiones y que somos también quienes tenemos todos nuestros procesos digitalizados, nos permiten dar cuenta de que el Fiscal Nacional lo recibió y lo acogió.

Él dijo que va a estar observando todos estos cambios en esta fiscalía modelo del Maule, como para desarrollar proyectos de mejora a nivel país. Y eso nos dejó extremadamente contentos porque vemos que el esfuerzo que estamos haciendo localmente puede tener repercusiones no solamente en nuestra ciudadanía, sino también a nivel país. Nos dejó súper orgullosos”.

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