Estos partidos, precisa Alejandro Carrasco, autor del libro “Soquimich”, eran las “únicas organizaciones patidistas que no habían sido financiadas por SQM”. El acuerdo con Codelco, acota, “lo que hace es legitimar las prácticas históricas de Soquimich” (por Mario Rodríguez Órdenes)

“Soquimich/El negocio del litio y el financiamiento irregular de la política” (1968 – 2017) (LOM Ediciones, 2023 es una investigación clave para comprender el Chile actual y cómo una práctica abusiva del poder ha terminado debilitando la democracia y sus instituciones.
Alejandro Carrasco Luna es licenciado en historia en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y magister en historia de la Universidad de Santiago de Chile. Investigador con experiencia en temáticas de conflictos socioambientales en la industria del litio y sobre los actores empresariales ligados a la apropiación de recursos naturales. Actualmente es estudiante de doctorado en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile.
Alejandro, en Chile se ha consolidado una opinión pública caracterizada por una profunda desconfianza hacía las instituciones del Estado, los empresarios y la política. ¿Esta situación ha debilitado la democracia chilena?
“Efectivamente. Porque el caso Soquimich, junto a muchos otros, ha demostrado que la igualdad ante la ley es un mito. Y que lo que realmente existe en Chile es una democracia muy limitada, donde quienes toman las decisiones sobre el país, son quienes tienen mayor poder económico y, por tanto, mayor capacidad de influir. Los políticos terminan siendo cooptados por los intereses del gran empresariado”.
En esa relación de dinero y política, ¿por qué tiene tanta relevancia el caso Soquimich?
“Primero, porque devela algo central para entender cómo se construye la riqueza en Chile. Ponce Lerou construyó la suya en plena dictadura, como yerno de Pinochet. Fue esa posición la que le permitió privatizar y adueñarse de Soquimich, y durante la transición seguir manteniendo su poderío tanto económico como político. Segundo, porque el financiamiento de Soquimich fue transversal políticamente, desde la UDI hasta el Partido Socialista. Y porque, junto con el caso Penta, la colusión de los pollos, el papel higiénico y muchos otros casos más, se derrumbó el mito de que Chile era un país con probidad y quedó de manifiesto que la corrupción no solo es una práctica muy común, sino que, además, es una necesidad histórica para que los empresarios puedan seguir acumulando su riqueza”.
¿Cómo surge su interés en el caso Soquimich, en el año 2015?
“Mi interés surge por la necesidad de dar una explicación histórica del financiamiento irregular por parte de Soquimich. El destape del financiamiento irregular de la política el 2015, fue precisamente eso: el destape de algo que se venía configurando desde los años 80’, cuando Soquimich fue privatizado en dictadura y posteriormente apropiado por Julio Ponce Lerou. Es decir, no fue un hecho azaroso, sino más bien una consecuencia esperada en términos históricos”.
¿Cómo explicarse el poderío que alcanzó Soquimich?
“Tal como señala el libro, se explica fundamentalmente por dos razones. La primera es el rol que jugó Julio Ponce Lerou y sus amigos para privatizar Soquimich en plena dictadura y posteriormente transformarse en dueño de la empresa. La segunda, radica en que Soquimich extrae litio, un recurso estratégico, desde el Salar de Atacama, uno de los salares con mejores concentraciones de litio en el mundo. Esto último le da una ventaja comparativa por sobre otras empresas tanto nacionales como extranjeras”.
¿Qué alcances tuvo el financiamiento ilegal de la política?
“No es un secreto que los empresarios financian a los políticos. Lo interesante del caso Soquimich es que las platas de la empresa dirigida por Julio Ponce Lerou llegaron a personeros de casi todos los partidos políticos, tanto de derecha como de centroizquierda: UDI, RN, PRI, DC. PR, PPD. PS y PRO. Fueron parte del financiamiento de las campañas presidenciales de Frei, Piñera, Bachelet y MEO”.
¿Qué papel jugó Julio Ponce Lerou?
“Como señalaba, el rol de Ponce Lerou es clave para entender todo. Ocupar distintas posiciones de poder dentro de la CORFO en plena dictadura, le permitieron configurar redes políticas y obtener información privilegiada y capacidad de decisiones que posteriormente le permitiría hacerse de la propiedad de Soquimich. Ya en la transición, el mismo Julio Ponce y su amigo Patricio Contesse se encargaron de ampliar sus redes de influencia, reuniéndose con políticos y centros de pensamiento de todo el espectro político”.
¿Cómo facilitó este proceso el sistema neoliberal impuesto por el régimen militar?
“Muchos factores han facilitado la corrupción. Desde una ley permisiva con el empresariado hasta el hecho de que el propio neoliberalismo chileno ha puesto su centro en la extracción y exportación de recursos naturales, tales como el litio. Pero me gustaría enfatizar en lo siguiente. Es imposible separar el proceso económico dentro del cual se enmarca la privatización de Soquimich, del régimen del terror impuesto por la dictadura. Solo disolviendo los poderes del Estado, secuestrando, torturando y asesinando fue posible instalar reformas tan profundas como las que se llevaron a cabo. No existían contrapesos ni organizaciones capaces de responder. En ese marco del terror fue que Julio Ponce amasó su fortuna”.
¿Hubo reacciones que trataron de revertir esta situación?
“Durante el 2004, se conformó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados con el fin de investigar el proceso de privatizaciones durante la dictadura. Ya en 1991 y 1994 también se intentó, pero no prosperó ningún informe. La del 2004 logró confeccionar un informe que concluyó que Soquimich fue vendido a un precio menor a su valor real, haciéndole perder al Estado de Chile (entre propiedad y utilidades) aproximadamente 262 millones de dólares. El problema es que dicho informe no representó una acción vinculante que amenazara a la empresa de Julio Ponce Lerou”.
¿Cómo se cerró el caso Soquimich?
“Un primer indicio clave fue la remoción del Fiscal Carlos Gajardo del caso Penta y Soquimich. Lo segundo fue una reunión entre Mahmud Aleuy, por entonces subsecretario del Interior, y representantes de la UDI, RN, PR, PPD, PS, DC, PC, donde acordaron transversalmente detener los cuestionamientos públicos entre ambos conglomerados. Era el partido del orden defendiéndose en conjunto”.
¿Hubo sanciones penales contra los responsables?
“Lo anterior fue una antesala de lo que vendría. Existieron muchas denuncias hacia sociedades y personeros. La mayoría terminaron en multas irrisorias o en la revocación de estas”.
¿En qué caso quedó Julio Ponce Lerou?
“El caso más llamativo fue el del propio Julio Ponce Lerou a quien se le cursó una multa por US$64 millones, la cual fue rebajada a solamente US$2,8 millones. Decisión autorizada por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, dejando en claro la impunidad de los delitos tributarios. Así, se cerraron varias aristas judiciales. Pero en términos históricos, es un caso que sigue abierto”.
La explotación del litio otorga grandes beneficios al Estado, ¿cómo lo está manejando el presidente Boric?
“No sabemos aún cómo se negoció, por ejemplo, el nuevo acuerdo con Codelco y el gobierno de Boric”.
¿Qué opinión tiene de la disposición que entrega a Soquimich el litio en el Salar de Atacama, entre 2030 y 2060?
“Existen tantos elementos desde los cuales un gobierno que criticó a Soquimich y se hace llamar progresista, se pudo haber alimentado para sacar completamente a Soquimich de la participación en la industria del litio. Un proceso de privatización realizado en dictadura, casos de contaminación ambiental y de no respeto a los acuerdos firmados con Corfo, el propio financiamiento irregular de la política. Y desde ahí avanzar hacia una transición energética que no responda a las necesidades del consumo mundial, sino a otro modelo de sociedad. En lugar de eso, el acuerdo lo que hace es legitimar las prácticas históricas de Soquimich. Ya no hay vuelta atrás. Soquimich ahora tiene la venia del Frente Amplio y del Partido Comunista, las únicas organizaciones partidarias que no habían sido financiadas por SQM”.
¿Por qué es tan relevante que al referirnos al litio hablemos de un recurso estratégico?
“Porque el litio es un mineral clave para la transición ecológica. Y quienes posean su propiedad tendrán una ventaja comparativa en la geopolítica mundial. Por eso tanto Estados Unidos como China están en disputa por lo que se ha denominado el ‘oro blanco’ o el ‘petróleo del siglo XXI’. Y es importante señalar que es estratégico porque, esto refiere a que es un mineral desigualmente distribuido y con yacimientos de distinta calidad. En este sentido, cada cierto tiempo los empresarios amenazan con llevarse su inversión. Pero la verdad es que el litio más competitivo está en Chile, así que el Estado debería poner condiciones y no acomodarse a los intereses empresariales”.