Vinko Fodich ejerció como fiscal en Curicó, tras el inicio de la Reforma Procesal Penal en la región del Maule el año 2001.Después de llevar casos de connotación social, se retiró del Ministerio Público para seguir en el ejercicio privado.
Actualmente, forma parte del estudio jurídico “PFV Abogados” donde comparte oficina con el también ex fiscal, Alejandro Peña, ambos litigantes especializados en Derecho Penal.
El imputado es el desaforado diputado independiente por Talca y Curicó, Francisco Pulgar, quien recientemente cumplió 100 días en prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes, tras ser formalizado por la fiscalía de Talca como responsable de dos delitos de violación de una menor de edad.
Ustedes asumen esta defensa con un imputado ya formalizado, en prisión preventiva hace tres meses, con la medida cautelar confirmada una vez en dos instancias judiciales y recursos de amparo rechazados. Es decir, con muchas derrotas legales. ¿Qué piensan hacer en este escenario?
“Nosotros en primer lugar le dijimos al diputado Pulgar que nuestra defensa va a ser jurídica, es decir, el objetivo es derribar las pruebas y la pretensión punitiva del Ministerio Púbico. Y eso se hace con evidencia, más que con discursos políticos.
Lo segundo es que también planteamos que nuestra meta es prepararnos para el juicio oral. Nosotros estamos pensando que el plazo de investigación debiera terminar en junio, sin ampliación, porque esta investigación viene desde el 2021.
Por lo tanto, lo que nos interesa es ir a juicio oral rápido. Y eso es porque el estándar de prueba que se exige en un juicio oral es muy superior al que la ley fija para una medida cautelar. El hecho de que esté en prisión no es sinónimo de que lo hayan condenado”.
¿Qué casos de connotación ustedes han logrado absoluciones?
“El más mediático fue el Caso Puente Pío Nono, donde el imputado era el cabo Zamora de Carabineros y que ocurrió durante el Estallido Social. Esta persona estuvo en prisión preventiva y terminó absuelta, ganando con costas para el Ministerio Público. Por ello, nuestros esfuerzos están orientados a desacreditar las pruebas de cargo en el juicio oral y, además, llevar prueba propia”.
¿Están reuniendo prueba propia como defensa?
“Por supuesto. No nos vamos a quedar solo con tratar de desacreditar al detective o a los testigos de la fiscalía. No. Vamos a llevar prueba propia, es decir, testigos propios, peritos propios y evidencia propia, incluso de carácter biológica”.
¿Cómo afrontarán las limitaciones que hoy tiene la defensa para confrontar a la víctima atendido el tipo de delito que se investiga y que será objeto del juicio oral?
“El abordaje a la víctima hoy está bien limitado. Pero eso es una variable con la cual hay que trabajar. Es decir, hay que incorporar este factor a la estrategia de defensa, para lo cual, podemos recurrir a otra evidencia que uno proactivamente puede encontrar”.
¿Cuál es su análisis de la formalización que hizo la fiscalía respecto al imputado?
“La formalización de la fiscalía, dentro de todo, tiene algunas cosas buenas para la defensa, en el sentido que acotó de manera bastante precisa las épocas de ocurrencia de los hechos. Fija un hecho a un día específico y otro a un lapso de tiempo de cuatro meses”.
¿Pero el segundo delito, según la fiscalía, es de carácter reiterado?
“Claro. Pero lo que quiero decir es que, al estar acotado, en un plazo relativamente breve, nos permite como defensa desplegar esfuerzos para acreditar que los hechos es difícil que hayan ocurrido”.
¿Cómo podría ser?
“Voy a dar un ejemplo. La formalización dice varias veces en marzo, pero qué pasa si el señor Pulgar, durante marzo, estuvo el 80% de los días hablando en un matinal de TV en Santiago, lejos de la región del Maule. Entonces, se complejiza para el Ministerio Público porque no puede modificar la formalización.
El señor Pulgar es perito criminalístico, entonces, qué pasa si justo en la semana que dice la formalización estuvo declarando en otra región y de eso hay evidencia pública. Eso es prueba propia que vamos a aportar.
En otros casos, dicen que hechos de este tipo ocurrieron entre un lapso de años, por lo cual, es mucho más difícil probar qué hizo el imputado. Pero eso aquí no ocurre y es más abordable. Hay mucha evidencia que estamos recopilando para probar que su presencia en Talca era bastante esporádica”.
¿Cómo evalúa la estrategia de la primera defensa de explicar la investigación como una persecución política?
“Allí hay un cambio en la estrategia. No es el eje de nuestra defensa. Pero sí hay dos datos objetivos. Primero, que la denuncia se hace a propósito de las elecciones donde el señor Pulgar era candidato a Gobernador Regional del Maule.
Y el segundo que, además consta en la carpeta de investigación, es que las personas que persuaden o convencen a la denunciante son de un bando político contrario a Francisco Pulgar. Una es exconcejal socialista y el otro señor es socialista. Eso está declarado.
Es decir, la víctima fue persuadida por dos personas para denunciar que son militantes de un partido contrario al señor Pulgar. Pero no es nuestro eje”.
La parte querellante plantea que hay un contexto de poder de Francisco Pulgar respecto a la víctima. ¿Cómo lo ven?
“En el 2014 había una simetría de edad relevante. Eso es un aspecto objetivo. Pero lo que no se ha dicho y lo vamos a acreditar, es que al año 2014, Francisco Pulgar era la primera vez que iba a la casa de parientes lejanos de la víctima. No tenía familiaridad con ellos ni con la víctima. No existe confianza como se ha pretendido dar a entender”.
¿La próxima audiencia de revisión de medida cautelar la solicitaron ustedes o estaba pedida por la anterior defensa?
“Estaba pedida desde antes y nosotros pretendemos contar con un preinforme pericial para ese día. Pero no es decisiva, porque nuestro objetivo y para lo que nos estamos preparando es para el juicio oral”.
¿Y el imputado cómo aceptó esta estrategia considerando el evidente desgaste que significa estar en prisión preventiva y jugarse todo al juicio oral?
“No es una decisión fácil, pero entendió que, si logramos cerrar pronto la investigación, el juicio no debiese ser más allá de dos meses. Es decir, podemos tener una decisión rápida y definitiva. Quiero recordar que Agustín O`Ryan, en Curicó, no estuvo en prisión preventiva y le dieron siete años de cárcel. Ese es nuestro planteamiento”.
¿Pero cómo van a hacer valer los plazos legales considerando que el Tribunal Oral de Talca está programando juicios con fechas mucho más extensas debido a la falta de jueces?
“Conozco esa situación y creo que se puede revertir con un recurso de amparo apelado a la Corte Suprema. Allí hemos conseguido adelantar juicios en otras regiones donde están igual de colapsados. Tenemos un caso en Copiapó donde se ordenó ajustarse a los 60 días y tuvieron que hacerlo por orden de la Corte Suprema”.
