¿Cuál es el antecedente clave?
“Esto corresponde a un compromiso del Estado de Chile que viene de larga data. El Ministerio de Justicia va a honrar ese compromiso y hemos conversado la comprensión que debemos tener en este periodo en que estamos con un aumento significativo de personas privadas de libertad para ver cómo hacemos el tránsito hacia La Laguna para luego ir abandonando progresivamente ese recinto”.
¿Quién realizó esta declaración?
Así se refirió el pasado 11 de julio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al futuro del recinto de la actual cárcel de Talca una vez que se habilite el penal La Laguna en el sector de Panguilemo. Todo ello, en el marco de una reunión sostenida con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso, cita en la que también estuvieron presentes el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Felipe Donoso.
¿Cuál fue el compromiso?
En síntesis, en aquella ocasión, el secretario de Estado aseguró que Talca no tendrá dos cárceles, abriendo la puerta al desarrollo del proyecto de centro cívico impulsado por el municipio bajo la administración de Juan Carlos Díaz.
¿Qué pasó ahora?
Han pasado poco más de tres meses y el jefe comunal volvió a encontrarse con el ministro Luis Cordero, esta vez en la visita del titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos a las instalaciones del centro penitenciario La Laguna. Fue entonces la ocasión para que el jefe comunal talquino hiciera entrega de un documento formal al ministro Cordero reiterando la importancia para la ciudad de que se acelere la prescindencia del terreno emplazado en la Alameda para continuar con todos los pasos necesarios en la concreción del centro cívico.
¿Qué explicó el alcalde de Talca?
“Lo que hemos entregado al ministro es un oficio reiterando la solicitud de que se declare la prescindencia de la actual cárcel de Talca para poder desarrollar ese proyecto, donde no solamente participaron las universidades y los distintos servicios públicos, sino que también toda nuestra comunidad”, afirmó el alcalde Juan Carlos Díaz.
¿Cuál es la visión del jefe comunal talquino?
La autoridad comunal agregó que en su calidad de alcalde entiende “la situación que afecta al país, pero creemos que hay que buscar soluciones donde se aborde el problema y se traslade porque no solamente se generarían dos cárceles en la comuna sino que existirían externalidades negativas que creemos serían nocivas para nuestra ciudad si se traslada población penal de otras regiones. No quiero entrar en especulaciones sobre el tipo de población penal, pero sabemos lo que ha ocurrido en otros lugares, así que creemos que se hace necesario plasmar estas palabras del ministro en un documento donde se declare la prescindencia y vamos a avanzar nosotros en la iniciativa que creemos es conveniente e importante para el desarrollo de nuestra ciudad”.
¿Qué reiteró ahora el ministro de Justicia?
El ministro Luis Cordero reiteró la voluntad de cumplir con el compromiso adquirido por el Estado con la ciudad de Talca, de poner a disposición el terreno de la actual cárcel para llevar adelante iniciativas, como el centro cívico, para impulsar la regeneración del casco histórico.
¿Cuál es la problemática?
“Tenemos dos particularidades que hemos conversado con el alcalde. Hay un compromiso del Estado de Chile y, en torno a él, el municipio tiene un proyecto desarrollado. He conversado con el alcalde para que podamos tener una comprensión mutua de que hoy estamos en una etapa de sobrepoblación. A su vez, ese centro penitenciario tiene una serie de inconvenientes en la actualidad que está abordando Gendarmería. En la medida que vayamos trasladando y operando adecuadamente este centro, vamos a poder ir resolviendo progresivamente la situación de la cárcel de Talca”, afirmó Cordero.
¿Qué replicó el alcalde de Talca?
Juan Carlos Díaz reiteró que “hay una coyuntura que genera un problema país, como es este déficit de recintos para la población penal, pero también sentimos que Talca no puede ser una zona de sacrificio y mantener dos cárceles. En las conversaciones sostenidas en el mes de julio en el Congreso se manifestó la apertura para ver cómo resolvíamos y enfrentábamos estas dos situaciones y ahí se nos dijo que existiría gradualidad en el traslado de la población penal, en un periodo de dos años y esperamos que se cumplan esos plazos”.