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Fiscal Regional: “Tenemos que definir el tipo de fiscalía y de justicia penal que queremos”

Julio Contardo destacó la labor investigativa de las policías orientada por los fiscales a desarticular bandas criminales y sus positivos resultados en la región del Maule (por Hernán Espinoza con fotografías de Luis Casanova)

¿Cuál es el balance de esta modalidad de trabajo investigativo que ha apuntado a desarticular bandas criminales?

“Hemos tenido que realizar una cierta reestructuración del trabajo al interior de la región, lo cual dice relación -en primer lugar. a enfocar nuestros esfuerzos en la denominada criminalidad más dura. Allí el trabajo va más allá del sistema de análisis criminal y foco investigativo, porque dice relación con todas las fiscalías y fiscales abocados a desentrañar fenómenos criminales que nos estén afectando. Allí ha habido un trabajo bastante motivador, desde el punto de vista que hemos tenido una articulación muy buena con las policías. Nosotros tenemos analistas y los hemos puesto a disposición de un trabajo bastante serio, orientado a establecer los focos más profundos de criminalidad”.

¿Eso se aplica a las zonas rurales?

“Por supuesto. Aunque la mayoría de los casos ocurren en los centros urbanos, no nos hemos olvidado de la criminalidad rural. Para ello, existen focos investigativos orientados al abigeato, el robo de aperos y de insumos agrícolas, lo cual no deja de ser relevante par nuestras comunas. Y allí hemos tenido grandes aciertos en los últimos años, con procedimientos de mucha importancia”.

¿Qué características tienen estos casos asociados a bandas criminales?

“Hemos tenido que convocar un gran contingente policial, porque se ingresa en simultáneo a un importante número de domicilios. Todo seto deriva en muchos detenidos, ya sea por órdenes de detención o delitos flagrantes”.

¿Y qué delios son los más repetitivos para estas organizaciones?

“Son distintos tipos de delitos, pero normalmente hablamos de tráfico de drogas, delitos contra la propiedad y recuperación de armas de fuego”.

¿En cuanto a los robos de vehículos qué ocurre con ese caso criminal?

“Hemos realizado grandes procedimientos de recuperación de vehículos. En la región, actualmente, no hay tanta sustracción, aunque aumentó en algún momento del año. Lo que ocurre es que en regiones se terminan vendiendo los vehículos robados en abordazos y todas estas nuevas figuras penales”.

¿El Ministerio Público finalmente podrá concentrar sus esfuerzos y capacidades en el crimen organizado y entregar otras alternativas a las personas que denuncian hemos de menor connotación social?

“Allí hay un tema que es muy importante. Si bien todos los delitos afectan a personas y las víctimas tiene derecho a que sus casos sean tratados con cierta relevancia o igual interés por parte del Estado, nosotros hemos propuesto cierta necesidad de una definición. Si vemos el número de fiscales en relación al número de delitos que se denuncian, la verdad es que existe una desproporción que nos plantea la justa duda de que si somos capaces de abordar esa criminalidad. Y allí hay que tomar una decisión porque el Ministerio Público tiene que abocarse a los delitos más graves. La verdad es que nosotros quisiéramos abocarnos a los delios de menor entidad, pero entendemos que se debe generar una justicia de otra naturaleza para cubrir estas exigencias”.

¿Y cuál es la propuesta?

“Hemos planteado desde hace tiempo que es necesario generar una justicia de otra naturaleza. Una justicia vecinal, restaurativa y de mediación penal, donde las personas se pongan de acuerdo. Porque eso es lo que la gente busca. En los delitos de menor entidad, lo que la gente quiere es que les pidan disculpas o que les reparen el daño causado y que no vuelvan las molestias. Son más bien incivilidades que no podemos abordar”.

¿Cuál es la realidad del Ministerio Público en la región?

“Somos 41 fiscales y el ingreso este año será de 65 a 70 mil causas”.

¿Y estas causas de menor entidad son el 40% del ingreso anual?

“A veces incluso más. Se trata de amenazas, lesiones leves, hurtos falas o simples, todos los cuales abarcan la mitad del ingreso”.

¿La violencia intrafamiliar cae en esta denominación?

“No, porque si bien ha tendido a estabilizarse, requiere de una atención especializada. Porque lo que se genera es un quiebre familiar donde, más allá de una sanción penal, lo que se necesita es que se recomponga una relación que permita a esa familia readecuarse para poder seguir adelante o bien producir un quiere definitivo a la luz de la normativa legal, con procedimiento reglado a través de un Juzgado de Familia”.

¿Aspira a que el nuevo proceso constituyente recoja esta propuesta?

“Se necesitarían algunos cambios, por ejemplo, asegurar la intervención estatal, con participación activa de personas con competencia en áreas como familia, menores y vecinal. La idea es que puedan concurrir las personas y, en un contexto de transparencia, oralidad e inmediación, puedan solucionar sus conflictos. En compañía de los jueces de policía local. Con los jueces de policía local, nos reunimos con los constituyentes y realizamos charlas. Todo esto, tenemos que definir el tipo de fiscalía y de justicia penal que queremos para el futuro”.

¿Veían con buenos ojos que el nuevo Fiscal Nacional asuma estos desafíos y definiciones?

“Sin querer pautear al nuevo Fiscal Nacional efectivamente creo que se deben tomar definiciones de Estado en torno a la justicia penal, para hacer una diferenciación con esta nueva justicia vecinal”.

¿Los otros poderes del Estado han comprendido esta urgencia?

“Es un tema que hay que instalar. Hoy se dan las condiciones de base para h hacer, porque existe una discusión, en general, por reestructurar el Estado, a partir del nuevo proceso constitucional. Así lo vemos en las conversaciones que tienen los parlamentarios y partidos político”.

¿Qué otro tema observa que se debe discutir al breve plazo?

“Queremos que se mejoren las condiciones del Ministerio Público en cuanto a dotación y recursos. Porque vemos que contamos con una dotación bastante limitada. Y ese paso lo tendrá que abordar el nuevo Fiscal Nacional”.

El Gobierno está hablando de invertir 40 mil millones para combatir el “crimen organizado”. ¿Se podrían reforzar las fiscalías de flagrancia y de foco criminal?

“Hace falta una nueva dotación del Ministerio Público, no un fortalecimiento. No. Tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. Es decir, han aumentado los ingresos y seguimos siendo los mismos. Luego, se debe readecuar con procesos de trabajo distintos”.

¿Qué se está haciendo para ello desde la región del Maule?

“Hemos adelantado camino y eso lo están mirando desde la Fiscalía Nacional. Instalamos una Fiscalía de Flagrancia Regional con equipos de trabajo muy potentes. Pero también instalamos un equipo de preclasificación de causas que ingresan a través de las policías”.

¿Cómo funciona?

“A diario, todas las causas de la región están ingresando a manos de un mismo equipo, por lo cual, todas las decisiones que se adoptan para la región son exactamente iguales, en los mismos tiempos y plazos. Ese equipo funciona día a día, formulando las instrucciones sin que se necesite que un fiscal revise la causa. Esa es una de las ventajas que nos permite haber digitalizado todos nuestros procesos. Este sistema nos da que hay mayor rapidez, mayor eficiencia de los recursos y con órdenes a las policías que salen en menos de 24 horas”.

¿Cómo visualizan las primeras respuestas que está dando Carabineros a las personas cuando se presentan denuncias? Se lo pregunto porque la gente se queja mucho al respecto…

“Creo que Carabineros adolece de las mismas dificultades que tenemos nosotros. Primero, porque se les han aumentado muchas funciones y roles que antes no los tenían, por la complejidad de la sociedad. Esto ha implicado que ha tenido que diversificarse, con recursos humanos limitados. Y necesitamos también definir qué tipo de policía vamos a necesitar. Porque hoy Carabineros igualmente realiza investigación de delitos complejos, para lo cual, cuenta con equipos especializados y laboratorios, lo cual significa un costo que también el Estado debe definir, en concordancia con el modelo de justicia penal que queremos para el país. Y la verdad es que los recursos son limitados para una región muy extensa”.

¿Qué observa respecto a Gendarmería que también ha debido enfrentar una criminalidad distinta en las unidades penales?

“Es el mismo análisis. Es decir, tenemos una nueva realidad en cuanto a la criminalidad y, por lo tanto, debiéramos tener nueva institucionalidad. El tema dice relación con la capacidad operativa de Gendarmería en relación a los delitos que se perpetran al interior de las unidades penales y, a la vez, la capacidad que tienen de aislar a sus funcionarios ante riesgos de posibles focos de corrupción. Se han generado equipos especiales de investigación en Gendarmería y eso hay que potenciarlo, porque se deben mejorar y especializar los controles internos”.

¿Cuándo el Ministerio Público va a volver a la presencialidad en las audiencias judiciales?

“Sí. Hemos aplicado todas las instrucciones que se han adoptado a nivel nacional en cuanto a avanzar en la presencialidad. Nosotros tenemos una pauta que nos va dirigiendo los pasos a seguir, Estamos prestos a volver y el tema de las audiencias es algo que no depende de nosotros. Estamos un poco esperando las instrucciones del Poder Judicial”.

¿Les interesa que vuelva la presencialidad especialmente en los juicios orales?

“Por supuesto que nos interesa, porque efectivamente se ha producido un estancamiento en algunos tipos de juicios, lo que nos preocupa porque va retrasando nuestros procesos y necesitamos una definición de parte del Poder Judicial. No ha sido tan claro, porque ha habido definiciones contradictorias. En materia de presencia en audiencia estamos prestos y pendientes de lo que resuelva el Poder Judicial”.

¿Las audiencias telemáticas se deben mantener para algunos casos?

“Hemos propuesto varias fórmulas. Principalmente, hay que distinguir el tipo de audiencias. En cuanto a controles de detención, la experiencia nos dice que la interacción a través de sistema telemático es bastante positiva. Eso es importante por el ahorro de recursos. Es inmensa la cantidad de recursos que se ahorran. Por ejemplo, vemos que sería eficiente concentrar las audiencias en tribunales por macrozonas, para que allí participen los intervinientes mediante video conferencia, evitando el traslado de imputados de una ciudad a otra. Eso se ha simplificado bastante. En ello hay una apuesta innovadora”.

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