¿Cuándo y cómo ocurrió?
Los hechos se remontan al sábado 18 de septiembre pasado, a las 05 horas de la madrugada, cuando se recibió un llamado en la guardia de la Primera Comisaría de Carabineros de San Clemente, en el teléfono de emergencias 133. Allí un sujeto le dijo a la carabinera de turno: “Necesito a los carabineros porque maté a mi señora. Vengan por favor. La casa está cerrada y tienen que entrar”. Al poco rato después, los carabineros estaban forzando el ingreso a una vivienda ubicada en el pasaje Oscar Castro de la Villa Conavicoop, descubriendo una escena trágica: una mujer estaba boca abajo fallecida y a su lado un hombre con el rostro ensangrentado, el teléfono en la mano y un cuchillo clavado en su pecho.
¿Quiénes eran los protagonistas?
Se trataba del matrimonio compuesto por Jessica Angelina Ortiz Cisternas, de 57 años, y Rigoberto Rubén Montecinos Quinteros, de 53 años. El primer carabinero que ingresó al living de la casa del matrimonio se encontró con un escenario brutal, tal como quedó demostrado en la fotografía que tomó y que fue exhibida en la audiencia de formalización del imputado. Allí se veía a Jessica Ortiz acostada boca abajo y, a su costado, estaba su cónyuge, Rigoberto Montecinos, con el rostro ensangrentado y un cuchillo enterrado en el costado izquierdo del pecho. El sujeto -que todavía respiraba- fue rescatado por los paramédicos del SAMU y derivado al Hospital Regional de Talca, donde los médicos lograron salvarle la vida, no sin antes quitarle el cuchillo del pecho y entregarlo a la PDI como evidencia material del femicidio.
¿Por qué no fue formalizado de inmediato?
Ocurre que el imputado estuvo primeramente internado en la UCI y, por ello, no estaba en condiciones para afrontar una audiencia judicial. Por ello, estuvo todos estos días bajo custodia de personal de Carabineros, hasta este jueves, cuando se cambió por funcionarios de Gendarmería. De hecho, el teléfono por el cual se conectó a la audiencia telemática estaba ubicado en su cama, donde el imputado se veía acostado y con un catéter por la nariz.
¿Cuáles son los detalles de la formalización?
En la audiencia, el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, sostuvo que “el imputado, provisto de un arma cortante del tipo cuchillo y sin que la víctima pudiera defenderse, encontrándose en una clara situación de superioridad y con el propósito de darle muerte, procedió a atacarla en a lo menos cuatro ocasiones en la zona del tórax, intentando ella defenderse sin éxito, falleciendo en el lugar como consecuencia de un trauma por lesión penetrante de tórax con arma cortante, con lesión cardiaca y pulmonar. Acto seguido, el imputado se autoinfirió lesiones que le causaron un traumatismo toráxico penetrante por herida de arma blanca y lesión cardiaca, dando aviso telefónico él mismo a Carabineros quienes lo detuvieron en el lugar”.
¿Qué evidencia se encontró en el sitio del suceso?
Al interior del domicilio, los carabineros encontraron un cuaderno con un texto firmado por el imputado y dirigido a su hija en común con la víctima, de 21 años. Allí este sujeto alude a una supuesta infidelidad de su esposa. “Me di cuenta tarde, hasta que lo descubrí y me lo confesó. Perdóname”, señala el documento que leyó el fiscal en la audiencia de formalización. A la vez, el persecutor destacó que el imputado no registra condenas previas y que tampoco existen denuncias previas de violencia intrafamiliar.
¿Qué cargos fueron formulados por la fiscalía?
Atendido que la víctima y el imputado son esposos por matrimonio celebrado en 1989, el fiscal presentó cargos criminales por femicidio en grado de consumado, con la circunstancia calificante de alevosía, por cuanto sostuvo que el imputado habría actuado “a traición y sobre seguro, atacando repetidamente y con actitud homicida una zona altamente vital, como es el plano toráxico del cuerpo de la víctima, sumado a que presenta lesiones cortantes de defensa en sus manos”. Por ello, atendido también que este delito está sancionado incluso con presidio perpetuo, el fiscal exigió la medida cautelar de prisión preventiva.
¿Qué resolvió el tribunal?
El juez Ricardo Riquelme, luego de escuchar al fiscal y a la abogada, Paz Díaz, de la Defensoría Penal Pública, decretó la medida cautelar solicitada por estimar que la libertad del detenido constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Luego, a petición de la defensa, el juez limitó en cuatro meses el plazo para que la fiscalía lleve adelante la investigación.
