¿Qué ocurrió?
La Corte Suprema revocó una medida disciplinaria decretada en primera instancia contra el juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, a petición de la jefatura regional de Carabineros, disponiendo –además- que los antecedentes sean entregados a la Fiscalía Nacional. Esto último, por estimar que el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, supuestamente le habría faltado el respeto al juez en forma “descomedida e inaceptable”, durante una audiencia por un caso penal registrado en el contexto del denominado “estallido social”.
¿Cuál es la opinión del gremio regional de jueces tras el fallo de la Corte Suprema?
“Como asociación le entregamos el apoyo al colega, Víctor Rojas. Por ello, lo primero es que estamos conformes con la decisión de la Corte Suprema, porque entendemos que es un fallo que protege la independencia del Poder Judicial y del propio magistrado del Juzgado de Garantía de Talca, quien haciendo uso de su cargo y habiendo aplicado las normas legales, tomó una decisión que puede gustar o no a algunos, en este caso, no fue del agrado de Carabineros ni de la fiscalía”, dijo Fernando Bravo.
¿Cómo califican ustedes las opiniones que emitió el juez?
“Fue una decisión jurídica y su decisión es, a nuestro juicio, acorde a Derecho. Y, en ese sentido, nos parece que no puede ser sancionado disciplinariamente, porque eso afecta la independencia judicial. Este fallo de la Corte Suprema viene a destacar que las decisiones de los jueces deben ser respetadas. De no ser así, no podríamos darle una protección adecuada a la gente y a las personas, lo cual es la función principal del juez”.
¿Y qué esperan ahora de la Fiscalía Nacional?
“Esperamos que se dé cumplimiento a lo que instruyó la Corte Suprema en cuanto a que el fiscal nacional pueda revisar obviamente la forma y circunstancia en que se hicieron los descargos por el Ministerio Público. Entendemos que ellos intentaron hacer su trabajo y generar la persecución penal, pero siempre dentro del respeto con un juez y haciendo aplicación del principio de objetividad que es lo que ordena la legislación”.
¿Cómo interpretan lo que sucedió entre el fiscal y el juez?
“Del audio respectivo se puede constatar que el juez, en todo momento, fue muy respetuoso y educado en el trato que ejerció con los intervinientes. El Ministerio Público expresa una forma y un tono que no nos parece adecuado dentro de lo que es un proceso judicial, donde siempre debemos respetarnos todos y no perder el horizonte del rol que cada uno debe cumplir en esa tarea”.
¿Si volviera ocurrir reaccionarán de la misma forma?
“Creemos que las instituciones funcionan y que deben realizarse los procedimientos que el señor Fiscal Nacional estime pertinentes y estaremos a los canales formales. En lo demás, seguimos haciendo nuestro trabajo como la ley lo ordena, con respeto a todas las instituciones y exigimos el mismo respeto hacia el Poder Judicial, como siempre lo ha sido”.
¿Y qué ocurrió en este caso?
“En este especial caso nos parece que no se realizó como estamos acostumbrados que se lleve a cabo por los fiscales del Ministerio Público. El juez intentó exponer el respeto a los derechos humanos. Entendemos que lo hizo siempre dentro de un contexto global que ha experimentado nuestro país y que se conoce como estallido social, donde los jueces estamos llamados a velar porque todas las personas sean respetadas en sus derechos”.
