¿De qué se trata?
A través de una declaración pública, cuatro asociaciones gremiales de funcionarios del Ministerio Público expresaron su preocupación por los graves hechos que han quedado al descubierto en el contexto de informaciones surgidas por la investigación del denominado Caso Audios.
¿Cuál es el tema de fondo?
Se trata de los nexos que, según revelaciones periodísticas, habría existido entre un ex fiscal regional metropolitano y el abogado, Luis Hermosilla, demostrando supuestos acuerdos para terminar causas penales asociadas al financiamiento ilegal de la política y, a su vez, posiblemente utilizar el sistema judicial para favorecer o perjudicar a personeros que estaban a favor o en contra del Gobierno de turno.
¿Cuál es la propuesta?
En ese sentido, los gremios’ plantean cuatro propuestas asociadas a medidas que buscan que estos hechos no se repliquen, destacando una reforma a los sistemas institucionales de nombramientos del Fiscal Nacional y los fiscales regionales, entre otros.
¿Qué señala la declaración pública?
El texto indica lo siguiente:
«Las asociaciones de funcionarios y de funcionarias del Ministerio Público agrupadas en ANFUMIP, AFFREMCEN, AFUNSUR y AMPRO que, en conjunto agrupan 2.000 trabajadores de la institución, nos sumamos a la preocupación expresada por diversos actores, respecto de los hechos de corrupción que afectan al sistema de justicia y que son de público conocimiento.
Resulta relevante para el país generar una reforma profunda al sistema de justicia -en su conjunto- y velar porque la transparencia vuelva a ser el eje central del sistema, pues de ello depende volver a tener la confianza pública. En este escenario, las organizaciones de trabajadores de la Fiscalía de Chile planteamos al menos cuatro elementos relevantes para reformar y fortalecer la institucionalidad:
1) Cambiar el sistema de nombramiento de Fiscal Nacional y Fiscales Regionales:
Las circunstancias corroboran la necesidad de prescindir de la intervención del Poder Judicial en los nombramientos de autoridades de nuestra institución a través de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.
Por años el “besamanos” o el lobby ha permitido la promoción de candidatos por interés político, amistad o compadrazgo. Ejemplos de estas prácticas hay muchos.Estas conductas erosionan el principio de independencia, debilitan las estructuras democráticas, perpetúan la desigualdad, pues permiten que aquellos que están bien conectados avancen en los concursos, independientemente de sus capacidades.
Lo anterior destruye la confianza de la ciudadanía a quien no solo debemos procesos objetivos, sino también, información clara respecto de las razones que fundamentan cada nombramiento.
2) Acortar periodos de cargos de Fiscal Nacional y Fiscal Regional:
De la misma forma, es imperioso poder acortar el periodo de ejercicio de los cargos señalados cuya duración es de ocho años, tiempo excesivo que, en algunos casos fomenta el nepotismo, el tráfico de influencia, los favores políticos y deriva en actos de corrupción. Esto no solo afecta la calidad de la función pública, sino que fomenta un
ambiente propicio para el abuso de poder.
3) Mecanismos de control y sanción.
Frente a los actos de corrupción es necesario contar con un sistema robusto de sanciones contra el nepotismo y el tráfico de influencias, pues hemos observado al interior de nuestra institución la falta de severidad al momento de investigar y/o sancionar a jefaturas y autoridades involucradas en situaciones complejas. Igualmente, importante es la protección de los denunciantes, creando un ambiente donde la integridad sea valorada y defendida.
4) Eliminar la rotación permanente de los cargos directivos en diferentes regiones:
Debemos terminar con la ya conocida “silla musical” de los cargos de confianza, que fomenta la rotación de directivos que se perpetúan en su función y que se desplazan por diferentes regiones replicando malas prácticas. Fiscales Regionales, Directores Ejecutivos y jefaturas de confianza se eternizan de esta forma en el ejercicio de un cargo, incluso cuando no cuentan con las competencias para desempeñar tan alta responsabilidad.
Por lo expuesto, hacemos un llamado al Presidente de la República, Gabriel Boric, y a los actores del sistema penal, entre ellos, el ministro de justicia Luis Cordero y el fiscal nacional Ángel Valencia; para trabajar en aquello que nos permita superar la crisis y fortalecer la institucionalidad, especialmente, porque lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho.
Asociación de Funcionarios del Ministerio Publico (ANFUMIP)
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía centro Norte (AFREMCEN)
Asociación de Profesionales y Funcionarios de la Fiscalía Sur (AFUNSUR)
Asociación Regional de Funcionarios de O’Higgins (AMPRO)».
