Es una expresión que repito todos los días, frente a tanta estulticia que leo, escucho o veo, ahora agrego: hasta cuando los legisladores y las legisladoras pretenden legislar en base a la casuística, a hechos puntuales, dramáticos, por cierto, tristes sin lugar a dudas, pero que no ameritan proponer normas discriminatorias.
Mi reacción, es a un proyecto de ley, pretendiendo prohibir otorgar permiso de conducir a las personas mayores de 65 años, o dejarlo sujeto a un certificado e informe habilitante expedido por un geriatra o neurólogo.
Entiendo y comprendo la motivación del proyecto, pero la ley no es para casos puntuales, es para lo general y lo futuro. El evento involucró a una persona de 80 años, portador de un cáncer terminal.
El artículo 1° del Código Civil, dice: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Agreguemos, que una ley no puede ir contra la esencia de los derechos establecidos en la Constitución.
Además, debe tenerse presente por los y las legisladores, la diferencia entre norma y ley. Una norma representa un estándar de conducta genérico y no tiene carácter formal, aunque si tiene carácter moral. Mientras que la ley es una norma que se debe cumplir de manera estricta con el fin de establecer los parámetros de conducta que permitan el equilibrio y la convivencia dentro de la sociedad”, regla que en caso alguno puede vulnerar los valores jurídicos de justicia, seguridad jurídica, el bien común, la libertad y por cierto la IGUALDAD, porque son bienes jurídicos fundamentales en nuestro país y en la gran mayoría de los ordenamientos constitucionales.
Leo en la prensa, que el proyecto “tiene el objetivo de modificar los requisitos para obtener la licencia de conducir en adultos mayores”, señalándose “que las personas mayores de 65 años deberán anexar un certificado emitido por un médico geriatra o neurólogo, que certifique que el solicitante de la licencia tiene todas sus capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado y que no padece ninguna enfermedad cuyo tratamiento afecte de cualquier forma su capacidad psicomotora”, sugiriendo “un certificado médico emitido por un geriatra o neurólogo, que certifique bajo su responsabilidad, queel solicitante se encuentra con sus capacidades físicas y motoras aptas para conducir un vehículo motorizado, y que no padece alguna enfermedad que tuviera un tratamiento que afecte las capacidades al conducir.
Insisto, entiendo la motivación, por sobre todo el dolor de los padres de Jacinta, lo que me resulta incomprensible es insistir en discriminar por la edad, afectando la garantía constitucional de igualdad.
Me pregunto ¿los autores de la iniciativa, sostendrán que los menores de 65 años gozan de una salud neurológica sin problemas? ¿Qué los menores de esa edad enfermos de cáncer no tienen problemas para manejar? ¿Qué las personas que son menores de esa edad, al cumplir los 65 años, van a ingresar en un estado de capitis diminutio?
Para disminuir los accidentes de tránsito, en lo que respecta a los conductores de vehículos, debe dictarse una ley que imponga requisitos y condiciones iguales para todos los conductores, sin importar su edad, hacer distinciones, es inconstitucional.
No cabe duda, “el edadismo es discriminación” y por cierto, si no es la mayor causa de discriminación, está muy cerca de serlo. Por ende, el proyecto es prejuicioso y discriminatorio.
Lamento que los medios de comunicación no complementen la información con datos tan significativos como saber cuántas personas mayores de 65 años son causantes de accidentes de tránsito en comparación con el causado por personas menores de esa edad. Me atrevo a asegurar que los “viejos y las viejas” cometen menos accidentes y, que frente a algunas complicaciones que pudieren sufrir, son más responsables para enfrentarlas. Excepciones existirán siempre, como en todas las cosas de la vida.
Leyendo una entrevista al director de Conecta Mayor UC., nos rebela que hay 181 geriatras y menos de 1000 neurólogos en todo el país, me pregunto ¿cuántos serán mayores de 65 años?, ¿cuántos van a querer entregar un certificado o informe si eventualmente serán sancionados, de ocurrir un accidente provocado por aquel a quien le expidieron el certificado, con multa de hasta 500 UTM si el resultado es la muerte de alguien ?
Y, ¿a cuántos lectores de este diario les afectará?
