A su llegada al gobierno, en diciembre de 1920, y tras una reñida elección, Arturo Alessandri expresó sus deseos de crear una entidad policial que reuniera ciertos requisitos básicos de formación, eficiencia e imparcialidad ante la situación delictual que en el Chile de ese entonces traspasaba todas las esferas sociales.
El crimen de El Boldo
Sin embargo, tal vez no imaginó Alessandri que un hecho de sangre, ocurrido el 4 de septiembre de 1914, en Curicó, iba a incidir tan fuertemente en su decisión de crear una Policía de Investigaciones, que permitiera a los tribunales dictar sentencias justas y con los medios probatorios necesarios.
Ese día de septiembre de 1914 residía en el fundo El Boldo el matrimonio de Gustavo Toro Concha y su esposa Zulema Morandé Franzoy, casados desde hacía varios años y con tres hijos pequeños. En el lugar vivían, como en toda hacienda, peones y sirvientes.
En la mañana del día indicado, Gustavo Toro se levantó temprano para vigilar los trabajos de la viña, regresó a tomar desayuno y volvió a las labores. Fue atendido por la sirvienta Sara Rosa Castro.
Cerca de las once de la mañana, según se dijo en el proceso, la mujer llegó agitadamente a la viña donde está Gustavo Toro y le dice que retorne a la casa, por cuanto ha ocurrido una desgracia terrible. Toro encuentra a su esposa tendida, con múltiples heridas de cuchillo, armas que están tiradas al lado del cadáver. Se hace la denuncia por suicidio, lo cual era impresentable por el tipo y cantidad de heridas de la occisa.
En la investigación preliminar tomaron parte, por la policía, el Prefecto Adolfo Ramírez y Carlos Muñoz Freire, correspondiéndole a este último la redacción del parte inicial.
Se efectuó una segunda autopsia al cadáver, dado que el tipo y la cantidad de heridas hacía poco creíble la calificación de suicidio. Actuaron en estos procedimientos los doctores Pedro Vergara y Víctor Barriga inicialmente y en la segunda necropsia se integró el médico legista Floridor Leyton.
El proceso tuvo innumerables diligencias, peritajes, confesiones a medidas e intervenciones de todo tipo. En definitiva, la criada reconoció haber sujetado a la víctima, mientras su esposo la degollaba.
Condenado a presidio perpetuo el hechor Gustavo Toro Concha y a dos años su criada Rosa Sara Castro, se efectuó la apelación a la Corte respectiva. Los detalles de las maniobras y presiones que ejercieron los magistrados de esa época, para torcer el veredicto incluso trascendieron a diarios de Europa. En el colmo de lo descrito, los propios ministros de Corte solicitaron a los doctores Vicente Izquierdo, David Benavente y Lucas Sierra pudiesen hacer variaciones a la autopsia, aminorando los hechos. Pero no se logró el poco ético propósito.
Ahora bien, al asumir la Presidencia de la República Arturo Alessandri en diciembre de 1920, indultó a Gustavo Toro, tras seis años de presidio, lo cual provocó una airada reacción en diversos sectores que opacaron el prestigio que rodeaba al Mandatario cuando asumió el poder.
Alessandri se disculpó aduciendo que el proceso de este crimen no tuvo la necesaria acuciosidad policiaca, que en el desarrollo de la investigación existían contradicciones y argumentos poco convincentes. En esa ocasión, deslizó la idea de contar con una policía profesional, esencialmente investigativa y otorgar al juez elementos sólidos para su sentencia.
Alessandri y el Servicio de Investigaciones
Ahora bien, la situación del indulto del caso de El Boldo y las implicancias sociales y jurídicas que le acarrearon al Presidente Alessandri, lo llevaron a plantearse el contar con una policía de carácter netamente investigativa, con métodos científicos y que fuera capaz, en crímenes como el descrito, de establecer los medios de prueba que hicieran de la sentencia judicial un elemento sólido e impedir que la comunidad dude o no tenga claridad sobre el hecho y su autor.
Tras su salida del país en septiembre de 1924, por los acontecimientos políticos de esa época, Alessandri se radicó en Francia, donde vivió, según propia confesión, del ejercicio de su profesión.
Entre los diversos contactos que tuvo con personeros del país galo, analizó con destacados miembros de la policía francesa, una de las más antiguas de Europa, la opción de crear en Chile una Policía de Investigaciones, que permitiera a las autoridades judiciales, con base de información científica, emitir sentencias bien fundadas.
Este tema, si bien no fue debatido en profundidad durante la estancia de Alessandri en Francia, es una de las inquietudes que trajo al retornar a Chile, en marzo de 1925. Desde luego, su objetivo principalísimo, era dictar una nueva Constitución Política, que diera a la nación un derrotero más moderno en sus instituciones y derechos ciudadanos.
El primer imperativo del nuevo organismo era “investigar” los delitos, esencialmente criminales. Alessandri previó esta institución como un ente capaz de dilucidar científicamente y con pruebas sólidas un hecho de sangre y, de esta forma, permitir que el juez de la causa sentenciara con certeza y, además, evitara las situaciones a que se debía enfrentar el poder ejecutivo, cuando tenía ante sí el indulto o la confirmación de una pena. Del caso de El Boldo el Presidente sacó una severa lección, dadas las irregulares situaciones en que incurrieron médicos legislas y los propios jueces, en un reprochable afán de ayudar a una de las partes.
Desde luego, Alessandri tuvo claro el concepto del organismo que decidió crear: la Sección de Seguridad, que fue durante un tiempo parte de Carabineros de Chile, se separó por Decreto Supremo 5.115 del 26 de diciembre de 1932. Finalmente, la ley 5.180 del 19 de junio de 1933 dio autonomía al denominado Servicios de Investigaciones, Identificación y Pasaportes, dependiendo del Ministerio del Interior.
El Mandatario no supo que, un año más tarde, tendría en su escritorio nada menos que una sentencia de muerte por el parricidio perpetrado por otro relevante personaje de la sociedad santiaguina y en torno de lo cual hubo presiones de uno y otro lado, pero la sólida investigación efectuada fue un respaldo a la decisión presidencial.
El asesinato de Rebeca
El 30 de junio de 1934, alrededor de las seis y media de la tarde Roberto Barceló Lira asesinó de un disparo en la espalda a su esposa Rebeca Larraín Echeverría, en el domicilio de Avenida Holanda 456 esquina Campoamor, en el entonces emergente barrio alto capitalino.
El hecho causó gran estupor en la comunidad y opinión pública de la época, por la relevancia social de sus protagonistas. Constituida la policía en el lugar, lo hizo primero el subteniente de carabineros Oliverio Pérez Briceño, quien tomó las declaraciones iniciales al personal de servicio de la residencia, coincidiendo todas en la excelente relación del matrimonio, ausencia de discusiones y notoria armonía. Por su parte el autor del disparo atribuyó el hecho a una situación casual, por cuanto el arma se percutó accidentalmente estando su esposa cerca.
Dado el conocimiento y relaciones sociales del hechor y la víctima, al domicilio concurrieron además del subteniente Oliverio Pérez Briceño, el Director de la Policía de Investigaciones, Pedro Álvarez Salamanca acompañado del Inspector de Investigaciones Víctor Barros Lynch, organismo que recién había cumplido un año desde su fundación, el 19 de junio de 1933.
El presunto autor del crimen reiteró que el disparo fue accidental, que él tomó el arma para guardarla y al despedirse de su cónyuge, la Colt calibre 32 se disparó fortuitamente.
El personal de servicios reiteró en primera instancia que el matrimonio se “llevaba bien” y nunca escucharon desavenencias entre ellos. La causa la inició el Juez del 4ª Juzgado del Crimen, pero luego, ante la relevancia de los actores involucrados, se designó como Ministro en Visita al magistrado de la Corte de Apelaciones Manuel Isidoro Rivas Muñoz.
Fueron extremadamente valiosos, en el esclarecimiento de los hechos, los peritajes y reconstrucción de los hechos efectuados por el aún novel Servicio de Investigaciones. Su Director, Álvarez Salamanca, estableció la dinámica de los hechos, la cual consta en la sentencia que hemos tenido a la vista, determinando que el autor, siendo diestro, hubiese tomado el arma con la mano izquierda, que además Barceló era miembro de la Guardia Republicana, organismo paramilitar donde se practicaba el correcto uso de las armas.
Además, se hicieron peritajes estableciendo huellas de pólvora en las ropas del presunto culpable y la occisa. Similar diligencia y aún más minuciosa hizo el Inspector Víctor Barros Lynch, quien, en un largo interrogatorio a Roberto Barceló Lira, esclareció sus contradicciones y pudo reconstruir fehacientemente cómo se desarrolló el luctuoso suceso y dejar meridianamente comprobada la intencionalidad del crimen. De todo ello quedó constancia en la sentencia dictada por los Ministros de Corte Humberto Trucco, Presidente, e integrantes Romilio Burgos, Gregorio Schepeler, Alfredo Rondanelli, José H. Hermosilla, Eulogio Robles y David Carvajal.
Condenado Barceló Lira a la pena de muerte, debió nuevamente el Presidente Alessandri enfrentarse a una petición de indulto, de influyentes familiares por un lado que lo acusaban y otro grupo similar que lo defendía. Esta vez el Mandatario no quiso sufrir las críticas del caso de El Boldo, ya comentado, y negó el indulto, ejecutándose al autor del crimen en noviembre de 1934.
El Servicio de Investigaciones dio así su primera muestra de solvencia y rigor en esta delicada indagatoria, dados los personajes involucrados.
