¿Qué ocurrió?
Una orden judicial de desalojo gestionada por la municipalidad de Curicó dejó al descubierto un grave y brutal caso de maltrato animal en una ex escuela rural ubicada en esta ciudad, tras lo cual, la mujer encargada del recinto que albergaba a mascotas en deplorables condiciones sanitarias fue detenida en flagrancia por personal de Carabineros.
¿Qué resolvió la justicia?
A petición de la fiscalía, tras audiencia de control de la legalidad de la detención y posterior formalización, el Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la imputada, por peligro de fuga y a petición de la fiscalía, pero supeditada a una fianza económica.
¿Qué pasó después de la audiencia?
Aunque la imputada fue derivada a la cárcel de Curicó, su abogado defensor procedió a contactar a familiares y, a continuación, realizó el pago de los $300 mil pesos en la cuenta corriente del tribunal. Así la imputada recuperó la libertad, pero igualmente deberá cumplir con las medidas cautelares de prohibición de salir del país, firma semanal en Carabineros y prohibición de acercarse al lugar de los hechos.
¿Qué dijo la fiscalía de Curicó?
”Se controló la detención y se formalizó por el delito de maltrato animal contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal, en carácter de reiterado. Esto, por los hechos acaecidos el 21 de febrero, momento en el cual Carabineros ingresaron al domicilio de ese entonces de la imputada, en el contexto de un lanzamiento decretado por el Juzgado de Letras en lo Civil de Curicó», dijo la fiscal, Maite Mendiburu.
¿Qué situación quedó al descubierto?
«Es en ese momento en que los funcionarios pudieron observar un gran número de animales, alrededor de 70, que se encontraban en un grave estado de desnutrición, descuido y maltrato. Conforme a la gravedad de estos antecedentes y de otros recabados en el sitio del suceso, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva porque la libertad de la imputada es un peligro para la sociedad y por el eminente peligro de fuga. El tribunal decretó la medida cautelar solicitada por el peligro de fuga, decretando una caución de 300 mil pesos. Además, se decretó un plazo de investigación de 120 días”, añadió la persecutora.
¿Que diligencias se están realizando?
El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, se constituyó en el lugar junto a los detectives de la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, a fin de dirigir las investigaciones que permitió levantar valiosa información y evidencias de la causa penal.
