¿Qué resolvió la justicia?
El juez Esteban Inostroza, del Juzgado de Garantía de Cauquenes, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los tres funcionarios de Carabineros que, junto a otros nueve civiles, entre ellos, otro empleado de la misma institución policial, fueron formalizados por la fiscalía de dicha ciudad tras una investigación por los delitos de tráfico de armas y municiones, falsificación ideológica de documento público, desacato, además de cohecho activo y pasivo.
¿Cuáles son los hechos formalizados?
El fiscal, Francisco Ávila, explicó que la investigación a cargo del OS-9 de Carabineros comenzó en marzo del presente año, cuando una persona civil fue notificada por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) dependiente del Ejército, que el arma de fuego que le habían robado el año 2017 y que estaba inscrita a su nombre, la cual fue incautada en el contexto de una investigación penal y ordenada destruida por el Juzgado de Garantía de Chanco, ahora figuraba inscrita a nombre de una tercera persona. Lo más sorprendente era que la transferencia no tenía la firma del dueño original de esta arma de fuego.
¿Qué ocurrió después?
Ocurre que el sujeto a nombre de quien se había reinscrito esa arma de fuego, domiciliado en la comuna de Cauquenes, había realizado el trámite de solicitud de transferencia de la escopeta, con la firma y venia del suboficial mayor de Carabineros, Juan Antonio Torres Ávila, todo esto, realizado en enero del presente año. Para estos efectos, el suboficial Torres firmó un oficio falsificado por el cual entregó para la destrucción un arma similar a la que había ordenado el Juzgado de Garantía de Chanco, pero sin marca ni número de serie.
¿Qué dijeron estas dos personas?
En el contexto de la investigación de la fiscalía de Cauquenes, tanto el suboficial Torres como el civil que ahora contaba con la tenencia de la escopeta, dijeron no conocerse, aunque existían registros de interceptaciones telefónicas de quedaba en claro la cercanía entre ambos. Luego se aclaró que este sujeto civil había facilitado la escopeta sin marca ni número de serie que fue destruida como si fuera la original.
¿Cuál es el segundo hecho investigado?
Se trata de la armería “Curanipez” con sucursales en Curanipe y Cauquenes, cuyo propietario, de nombre Juan Carlos Meza, es un sujeto que es oficial en retiro de Carabineros. Tenía como un virtual “empleado” al mismo suboficial Torres Ávila, quien vendía municiones sin cumplir requisitos legales, esto es, sin órdenes de compra aprobadas por la autoridad fiscalizadora de Carabineros y, además, cuyos compradores eran sujetos que no tienen armas inscritas legalmente o bien presentan condenas previas. Las negociaciones entre Torres Ávila y sus clientes quedaron de manifiesto en distintas grabaciones de interceptaciones telefónicas. Las pesquisas del OS-9 permitieron identificar una veintena de ventas ilegales, además de confirmar estos delitos tras utilizar la figura legal del “agente revelador” que efectuó compras controladas con autorización de la fiscalía.
¿Cómo esta armería lograba almacenar un sobrestock de municiones?
Ocurre que, aprovechando sus nexos con personal de Carabineros, el dueño de la armería y el suboficial Torres Ávila, se contactaban con el cabo segundo de Carabineros, Guillermo Rivas Recabarren, y el suboficial mayor de la misma institución policial, Pablo García Balladares, el primero como integrante y el segundo como jefe de la autoridad fiscalizadora de control de armas de la Segunda Comisaría de Carabineros de Constitución. A través de estos dos funcionarios uniformados, así como de un empleado civil de la misma unidad policial, de nombre José García Medina, los dos primeros imputados ofrecían dinero a cambio de obtener órdenes de compra que eran adulteradas para justificar el sobrestock de la armería. De esta forma, tenían acceso a gran número de municiones que literalmente “lavaban” con la documentación adulterada.
¿Qué ocurrió este martes 14 de septiembre?
El pasado martes, a primera hora de la mañana, personal de la sección OS-9 de Carabineros efectuó el ingreso y registro con orden judicial de los inmuebles de los 12 imputados, además de la armería, logrando incautar una enorme cantidad de municiones e incluso armas de fuego. En el caso de la armería, según datos de la investigación, se incautaron 7.075 municiones balísticas calibre 12 y 900 municiones calibre 9 milímetros. A ello se sumaron incautaciones similares en los domicilios de los compradores de las municiones, quienes además tenían armas de fuego ilegales en su poder.
¿Por qué delitos fueron formalizados?
Con estos antecedentes, el fiscal Ávila presentó cargos criminales contra el suboficial Torres Ávila por los delitos consumados y reiterados de falsificación ideológica de instrumento público, desacato, obstrucción a la investigación, tráfico de municiones y cohecho activo. A su vez, el dueño de la armería fue formalizado por obstrucción de la investigación, tráfico de municiones y cohecho activo. A ello se suma el cohecho pasivo respecto de los carabineros, García Balladares, Gatica Medina y Rivas Recabarren. También se suman la tenencia ilegal de municiones en los casos de García Balladares y Rivas Recabarren. Además, se suman cargos por tenencia ilegal de municiones y armas de fuego contra otros siete imputados civiles.
¿Qué medidas cautelares solicitó el fiscal?
El fiscal exigió la medida cautelar de prisión preventiva para 10 de los imputados, esto es, para los tres carabineros uniformados, más el funcionario civil de esta misma institución policial y el dueño de la armería, sumando otros cinco civiles que fueron formalizados por tráfico de armas y municiones. Para otros dos imputados se solicitaron medidas cautelares alternativas.
¿Y qué resolvió el tribunal?
El juez Inostroza, después de escuchar a los abogados defensores de los 12 imputados, ya sea privados y de la Defensoría Penal Pública, además de tener en cuenta que las sanciones de la ley de control de armas están cuestionadas por fallos del Tribunal Constitucional (TC), resolvió dictaminar la medida cautelar de prisión preventiva únicamente respecto del imputado Torres Ávila, atendido el número de delitos y la probable sanción de pena aflictiva. Respecto del dueño de la armería se dictaminó la firma quincenal; para los carabineros y el civil de la Segunda Comisaría de Constitución se determinó el arresto domiciliario nocturno; al igual que para los restantes imputados civiles. Luego, el juez limitó en tres meses el plazo de cierre de la investigación.
¿Cuál fue la reacción del fiscal?
El persecutor presentó apelación verbal ante la resolución del tribunal respecto a denegar la medida cautelar de prisión preventiva para todos los imputados formalizados por tráfico de armas de fuego y municiones. Por ello, todos estos imputados se mantendrán en tránsito, a la espera de la resolución que debe adoptar este jueves la Corte de Apelaciones de Talca, en cuanto a confirmar o revocar la decisión del juez de Constitución.
¿Qué dijo el fiscal?
“Acompañamos un gran número de pruebas, entre ellos, audios y videos que establecen que, en forma reiterada, en la armería Curanipez, efectuaba ventas y, también, coordinaciones con colaboradores que permitían blanquear órdenes de compra, para así obtener un sobrestock que les permitiera vender municiones en forma indiscriminada, reiterada y en grandes cantidades”, afirmó.
¿Cuál fue la reacción de Carabineros?
A través de un comunicado de prensa, la Prefectura de Carabineros de Talca anunció que se decretó la baja de tres carabineros y, además, se dio inicio a una investigación administrativa.