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Joven formalizado por tratar de matar a su padre, madrastra y a su hermana

Juzgado de Garantía de Linares decretó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad

¿Cuál fue la decisión judicial?

A petición de la fiscalía de Linares y atendida la gravedad de los delitos formalizados, el Juzgado de Garantía de Linares decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un sujeto de 23 años, sindicado como supuesto autor material de un delito de parricidio y otros homicidios, todos en grados de frustrados.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El fiscal, Alberto Gallegos, explico que los hechos ocurrieron el lunes 17 de julio, en horsa de la mañana. Precisó que por causas que son materia de investigación, el imputado utilizó un arma de fuego para disparar en contra de su padre, su madrastra y su hermana, todos los cuales dormían en la vivienda de la familia.

¿Qué pasó después?

El persecutor precisó que, con posterioridad, el dueño de casa enfrentó a su hijo, quien esta vez le causó lesiones con un arma cortante. En razón de ello, presentó cargos criminales por los tres delitos y exigió la medida cautelar de prisión preventiuva por peligro para la seguridad de la sociedad.

¿Que respondió la defensa?

La abogada, Gilda Martínez, de la Defensoría Penal Pública, sostuvo que el detenido padecería de una supuesta enfermedad mental que lo transformaría en inimputable en términos legales, por lo cual, solicitó suspender la investigación y trasladar a su representado a un centro psiquiátrico para evaluación. Sin embargo, tras escuchar también a la fiscalía, la jueza, Carolina Aliaga, desestimó este planteamiento por no existir un diagnóstico médico o un tratamiento.

¿Cuál fue el plazo de la investigación?

Luego de acoger la solicitud de la fiscalía y decretar la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal dispuso el ingreso del imputado a la cárcel de Linares y limitó en cuatro meses el plazo de la investigación.

¿Qué viene ahora?

Tras la decisión judicial, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de cinco días para apelar y solicitar que un tribunal superior revise la medida cautelar, en este caso, la Corte de Apelaciones de Talca.

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