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Juez denunció retención ilegal de detenidos en supermercados y multitiendas de Talca

Algunos imputados pasan hasta cinco horas encerrados en salas de custodia hasta que los guardias privados llaman a Carabineros para entregarlos por tomar especies y trata de salir sin pagar (por Hernán Espinoza)

El último caso ocurrió hace exactamente dos semanas. Fue el un domingo cuando una causa por hurto contra un imputado adulto volvió a llamar la atención del juez, Américo Castro, presidente del Juzgado de Garantía de Talca. Son delitos relativamente comunes y de menor cuantía que, generalmente, son objeto de procedimientos estandarizados por parte de la fiscalía, la defensa y el propio tribunal.

Pero ahora fue distinto. Así lo hizo notar el abogado, Jaime Paiva, de la Defensoría Penal Pública, al momento en que se controló la legalidad de la detención del imputado. Allí explicó al juez que, según el relato del detenido y su confirmación en los datos del parte policial de Carabineros, esta persona estuvo por cinco horas retenido en la sala de custodia del supermercado Jumbo ubicado en la calle El Arenal con Avenida Carlos Schorr, en Talca, desde el momento en que fue retenido por los guardias de seguridad privados y entregado a los carabineros de la Tenencia La Florida.

Todo ello, añadió el defensor, en abierta contradicción jurídica con lo que dispone el artículo 129 del Código Procesal Penal. Allí se indica expresamente que si bien las personas civiles o que ejercen labores de seguridad privada o pública pueden retener a persona que habrían cometido actos que podrán constituir un delito, ello sólo está validado legalmente para entregados en forma inmediata a disposición de Carabineros o la PDI. Es decir, no pueden ser ni golpeados ni interrogados y tampoco objeto de registros corporales o de sus prendas de vestir por parte de sus captores.

La norma señala expresamente: “Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima”.

Ante una consulta de la fiscal, Gabriela Vargas, en cuanto a que podría haber ocurrido una aparente demora de parte de Carabineros para concurrir a retirar al imputado, el defensor replicó señalando que el parte policial dejaba constancia que la llamada de los guardias de seguridad fue a las 10 de la noche. A la vez, el mismo parte detallaba que, según el informe de los mismos guardias, la detención del imputado ocurrió a las 5 de la tarde.

Pero lo más sorprendente fue después, cuando el juez no sólo dejó constancia de la denuncia del defensor ante el ilícito de retención ilegal o incluso posible secuestro, sino que también explicó a los intervinientes que no era la primera vez que le tocaba un caso de estas características. Por ello, afirmó que despacharía un oficio a la fiscalía local de Talca, con el audio de la audiencia y una copia del parte de Carabineros. También le hizo ver a la fiscal que, en su rol legal de garantizar el respeto al debido proceso y los derechos de todos los intervinientes en el proceso penal, era de su particular interés que se investigaran y corrigieran estos hechos.

Con posterioridad, consultado por Diario Talca, el juez Castro ratificó todos estos antecedentes, en especial, que al día siguiente de la audiencia, es decir, el pasado lunes, había despachado el oficio respectivo a la fiscalía de Talca. A la vez, también ratificó que no era el primer caso que le tocaba ver en forma personal al momento de controlar la legalidad de la detención en flagrancia de imputados, por lo cual, tampoco era el primer oficio que enviaba a la fiscalía denunciando hechos que podrían tener carácter de delito.

Al respecto, Diario Talca también consultó a la fiscalía local de Talca y la repuesta fue la siguiente: «La fiscalía local ha recibido denuncias emitidas por parte del tribunal y se ha dispuesto la agrupación de estas denuncias que serán investigadas por un fiscal a fin de establecer la posible existencia de un ilícito», según informó el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, confirmando que los antecedentes aportados por la justicia no pasaron desapercibidos para el ente persecutor.

La otra institución que también puso toda su atención en estos casos es la Defensoría Penal Pública. Así lo confirmó el propio Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, al señalar que si bien no manejan un estadística especifica de casos de retenciones extensas, hizo notar que podrían ser numerosas atendido que los casos de hurtos equivalen al 30$ de los ingresos de causas penales. Por ello, hizo notar que “siempre estamos pendientes de hacer las alegaciones que correspondan cuando se vulneran derechos fundamentales”. 

“Nos parece de toda justicia que el tribunal realizara denuncias a la fiscalía de Talca, toda vez que si bien la facultad de detener existe en la ley, no se puede hacer un mal uso, ni menos llegar al extremo de cometer delitos a pretexto de utilizar esta atribución, que es de suyo excepcional. Claramente 5 horas de retención excede lo que la ley obliga a realizar a los particulares que detienen a alguien por una supuesta flagrancia, que es ponerla a disposición de la autoridad en el menor tiempo posible”, afirmó.

Consultado respecto a qué derechos se ven vulneradas ante estas retenciones extensas, el Defensor Regional subrayó que “naturalmente la garantía afectada es la segunda más importante en la escala de derechos, después de la vida, como es la libertad ambulatoria de una persona, que por disposición incluso constitucional sólo puede ser afectada en casos excepcionales y precisos. El mal uso de esta atribución por supuesto que debe ser del todo condenable, máxime si esto lo ejecuta gente que debiese estar preparada y que trabaja para en grandes empresas del retail”.

Y en cuanto a qué medidas se pueden remediar o corregir estos casos, José Luis Craig explicó que “la forma es la educación, la capacitación de la gente que tiene en sus manos el uso de la fuerza y, en algunos casos, de las armas de fuego, por lo que deben entender que con esto no se juega y que nadie está por sobre de la ley”.

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