¿Cuál es el contexto?
Los días sábado y domingo se replicó una denuncia que presentó el abogado, Joaquín García, jefe de la Defensoría Penal Pública de Talca, en audiencias por flagrancias realizadas en el Juzgado de Garantía de Talca, en cuanto a una supuesta demora en informar las detenciones de imputados en que estaría incurriendo la fiscalía de flagrancia.
¿Cuál fue el planteamiento?
El abogado defensor planteó que el actual protocolo de la fiscalía de flagrancia atentaría contra el derecho de los imputados a recibir asesoría legal desde los primeros actos del procedimiento investigativo. Según dijo, los defensores en Talca son informados recién a las 8 de la mañana con un correo electrónico que detalla el número de imputados que pasan a audiencia, incluyendo sus nombres, RUT y el tipo de delito. Agregó que, tras a los defensores solo les queda esperar a los imputados en el tribunal, donde tras ser entregados por Carabineros o la PDPI a Gendarmería y, luego de protocolos de seguridad, son entrevistados en forma personal.
¿En qué dificulta la labor de la Defensoría?
Según el defensor, el problema es que al defensor de turno no le queda tiempo suficiente para entrevistar en forma debida a los imputados. Advirtió que al no ser informados de cada detención en el momento en que se produce, se ven dificultados de acudir a los cuarteles policiales y se limitan a esperar el correo electrónico que les envía a diario la fiscalía de flagrancia regional.
¿Cuál fue la solicitud?
«Que SS disponga oficiar al Fiscal Regional a fin de que tome conocimiento de lo perjudicial que resulta esta forma implementada de notificar a la defensa respecto de los detenidos», planteó Joaquín García.
¿Que respondió el fiscal de turno?
El fiscal, Francisco Soto, quien tuvo a su cargo los turnos este fin de semana en el Juzgado de Garantía de Talca, replicó que el protocolo de la fiscalía de flagrancia que se aplica en Talca es el mismo que se ocupa en todo el país, añadiendo que la única obligación legal de los persecutores es informar al defensor de turno respecto a detenidos, luego que se toma la decisión de pasarlos o no a audiencia en el tribunal. Añadió que, antes de ello, se realizan diligencias investigativas que pueden incluso favorecer a los detenidos, por cuanto es posible determinar que queden solo apercibidos legalmente, recuperando la libertad.
¿Qué decidió la jueza de turno?
La jueza, Isabel Salas, del Juzgado de Garantía de Talca, si bien se negó a declarar la ilegalidad de las detenciones, acogió la denuncia del abogado defensor en términos de despachar un oficio a la Fiscalía Regional, al fiscal jefe de Talca y al fiscal jefe de la fiscalía de flagrancia regional con la finalidad de que se modifique el protocolo en cuestión en los términos que solicitó el abogado jefe de la Defensoría Penal Pública.
¿Qué indicó la magistrada?
«Se va a emitir pronunciamiento en relación a la falta de comunicación por parte de la fiscalía a hacia los defensores previo a las audiencias, en forma oportuna, vulnerándose los acuerdos interinstitucionales que se habían arribado al inicio de la reforma procesal penal, afectando de esta manera los derechos de los detenidos a una debida defensa, retrasando el sistema judicial de controles de detención. El tribunal va a disponer se oficie al Ministerio Público para ir coordinando con la defensa las medidas pertinentes para informar de las detenciones flagrantes, oportunamente a la defensa», afirmó Isabel Salas.
