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Justicia decretó arraigo nacional para la “paciente cero”

¿Qué resolvió el tribunal?

A petición de la fiscalía y luego de una extensa audiencia, además de una pausa para deliberación, el juez (s), Daniel Ocampo, del Juzgado de Garantía de San Javier, decretó este jueves la medida cautelar de arraigo nacional en contra de las tres personas que fueron formalizadas por la fiscalía de esa comuna como presuntas responsables del delito de atentado contra la salud pública, asociado a la “paciente cero” del primer caso de la variante Delta del Covid-19 en Chile. Junto con ello, el plazo de cierre de la investigación se limitó en dos meses y la restricción de salir del país fue notificada a la PDI.

¿Quiénes son los imputados?

Se trata de dos hermanas y el esposo de una de ellas. Una de estas mujeres es la ciudadana chilena residente en Estados Unidos que ingresó a Chile el pasado 4 de junio, para visitar a su familia por la muerte de su padre, en la comuna de San Javier. Esta persona, según la fiscalía, si bien llegó al país con PCR negativo y el examen realizado en el aeropuerto arrojó el mismo resultado, igualmente debía permanecer diez días en aislamiento obligatorio por protocolo sanitario.

¿Qué hizo la imputad y su familia?

El fiscal Caroca explicó que el cuñado de esta mujer, de profesión abogado y coimputado en esta misma investigación, obtuvo un permiso para que ella cumpliera su aislamiento en la residencia familiar de San Javier. Así fue concedido y la mujer abandonó el hotel en Santiago, pero con restricción total de acercarse a terceras personas. Sin embargo, el persecutor explicó que el auto donde viajaba la imputada se detuvo en un servicentro, en el kilómetro 61 de la ruta Cinco Sur, donde ella se bajó a realizar compras. Luego, al llegar a San Javier, la mujer, con su hermana y su cuñado, acudieron al funeral del padre, donde tuvieron contacto con cerca de 30 personas. A continuación, el 11 de junio, se le realizó un test con antígenos que arrojó positivo y un posterior PCR que permitió identificar la variante Delta. A la fecha, los tres imputados están en residencia sanitaria, mientras los contactos estrechos y sociales han arrojado negativo a sus testeos.

¿Qué respondió la defensa?

El abogado, Alfredo Grandón, de la Defensoría Penal Pública, respondió que la formalización por infracción al artículo 318 del Código Penal está cuestionada legalmente, tanto por fallos del Tribunal Constitucional (TC) y de la propia Corte Suprema, los cuales citó en la audiencia. De hecho, tras la resolución del juez Ocampo, el defensor solicitó programar una audiencia para discutir una solicitud de sobreseimiento que se realizará el 14 de octubre próximo. 

¿Qué comentó el fiscal?

Respecto a la réplica de la defensa, el fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, explicó que “cualquier infracción al artículo 318 del Código Penal es algo grave. Existen distintas modalidades. No es lo mismo situaciones de peligro con personas que no han sido contagiadas o que no exista certeza que mantienen posibilidad de contagio. En esta situación, hay una persona contagiada y también detectada con una variante más peligrosa aún. Por ello, creemos que este caso tiene particularidades que la hacen más grave”.

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