¿Cuál fue la decisión judicial?
Tras dos días de audiencias, finalmente la jueza, Evelyn Pérez, del Juzgado de Garantía de Linares, rechazó decretar la medida cautelar de prisión preventiva que la fiscalía de dicha ciudad solicitó para el alcalde de la municipalidad de Linares, Mario Meza, actual candidato a la reelección para un tercer periodo y formalizado por el delito reiterado de fraude al Fisco en grado de autor y coautor.
¿Cuáles fueron los cargos criminales contra el alcalde?
Ocurre que la fiscal, Carola D’Agostini, formalizó a Meza por su supuesta participación en cuatro episodios que calificó como fraude al Fisco y que, según la persecutora y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se tradujeron en una pérdida financiera por 195 millones de pesos para la municipalidad de Linares, por compras de partidas con aparente sobreprecio de partidas de cloro, mascarillas, test de Covid y cajas de alimentos durante la pandemia el año 2020.
¿Y cómo?
Según la fiscal, el alcalde de Linares habría delegado sus funciones en el administrador municipal y actual jefe DIDECO, John Sancho, sin ejecutar sus atribuciones de fiscalización y control, por lo cual, las compras se habrían fragmentado para evitar pasar su aprobación por el Concejo Municipal, además de realizar las adquisiciones a personas oferentes sin giro comercial y que, incluso, actualmente se encuentran prófugos de la justicia, coimo en el caso de quién vendió los bidones de cloro.
¿Y qué dijo el tribunal?
La jueza, a partir de las pruebas aportadas por la fiscalía y la defensa que llevó a cabo el abogado, Sergio Contreras, representante del alcalde que puso en duda y cuestiono las pruebas, los delitos y la participación del jefe comunal, finalmente estimó que Mario Meza solo habría tenido participación en uno de estos episodios, esto es, en la compra con sobreprecio de las cajas de alimentos. Por ello, para el jefe comunal se decretaron tres medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, esto es, arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y de comunicarse con los restantes 13 imputados.
¿Y en cuanto al administrador municipal?
A su respecto, la formalización también fue por los cuatro episodios calificados como fraude al Fisco por la fiscalía. En este punto, la jueza estimó que John Sancho tenía participación en los otros tres episodios distintos al alcalde, es decir, en la compra con sobreprecio de las partidas de cloro, mascarillas y test de Covid, por lo cual, atendida la reiteración del delito, decretó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Luego, determinó el ingreso de este imputado a la cárcel de Parral y limitó en seis meses el plazo de la investigación.
¿Qué pasó con los otros imputados?
En la audiencia, que comenzó el jueves 26 y terminó el viernes 27 de septiembre, la fiscalizó formalizó por el mismo delito -con participación en los mismos episodios- a otros siete funcionarios municipales, entre ellos, los directores de Educación y Salud de la municipalidad de Linares. A su vez, se formalizó por estafa a los cuatro proveedores de las partidas compradas con sobreprecio, según la fiscalía, pero comparecieron dos y los restantes están inubicables, con orden de detención pendiente. Todos ellos quedaron en libertad, pero con medidas cautelares de firma periódica e Carabineros y prohibición de salir del país.
¿Cuál fue la reacción de la fiscalía?
«Dimos por acreditados los cuatro delitos, lo que para nosotros es muy relevante en virtud de todos los cuestionamientos que formuló la defensa y que no fueron acogidos por el tribunal. En cuanto a la prisión preventiva de Jhon Sancho, nosotros lo habíamos señalado y lo habíamos pedido y con respecto al alcalde, vamos a apelar. Nosotros damos por establecido dentro de esta investigación la participación de él en los cuatro delitos y el tribunal dio por establecido la participación en uno en perjuicio sobre las 400 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, donde la pena parte en los 5 años y un día. Desde ese punto de vista, para nosotros es un antecedente importante y por el que vamos a presentar un recurso de apelación», manifiesta D’Agostini.
¿Cuál fue el anuncio?
En ese contexto, la persecutor anunció que apelará respecto a la decisión de la jueza de no decretar la prisión preventiva para Mario Meza. A su vez, se espera también una posible apelación de la defensa de Meza y Sancho, en el plazo legal de cinco días corridos, por lo cual, el caso llegaría a fines de la próxima semana a la Corte de Apelaciones de Talca para revisión de antecedentes fácticos y legales.
