No cabe duda que la democracia no vive su mejor momento en el contexto político actual a nivel internacional. Desde la democracia iliberal, los regímenes autocráticos, la desaparición de las responsabilidades sociales en sistemas político-económicos neoliberalizados a destajo, el desprestigio de la política y los canales tradicionales de participación sin oxígeno de novedad, hacen de la democracia un modelo que pasa por un desierto generalizado.
Pero en ese contexto, Chile está embarcado en uno de los procesos democráticos más importantes de su historia. La convención constitucional, es, sin duda, un símbolo de oportunidad para la reivindicación de la democracia en recesión. No es de extrañar que en muchas partes del mundo se tengan los ojos puestos en este proceso democrático que tiene a su haber varios hitos distintivos: por ejemplo, paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, para indicar solo dos aspectos orientados por el principio de la igualdad y horizontalidad requerida para establecer las bases de la deliberación democrática.
Y así como contamos con esta oportunidad, se cierne también la amenaza, ligada en el último tiempo al desfase entre las expectativas normativas éticas de una ciudadanía esperanzada, y la defraudación de esas confianzas a través de ciertos comportamientos basados en el engaño y la falta de honestidad de alguno de sus miembros, justo de aquel sector que representa la oportunidad de una nueva forma de hacer política.
Sin caer en la ingenuidad, cabe pensar en las obligaciones éticas que legitiman la representación democrática. No es ingenuidad, si el mismísimo Kant escribiese en la Paz Perpetua: “El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, con tal de que tengan entendimiento”. La racionalidad práctica, plasmada en la institucionalidad por venir, es el último bastión de la defensa de la democracia, pues es inteligente que más allá de las deficiencias, más allá de los aprovechamientos políticos, más allá del descarado fraude de uno de sus miembros, pueda prevalecer la opción inteligente de la cooperación mutua que nos permita mantener la legitima aspiración de mejores horizontes contractuales de convivencia.