Cuando atendemos a la evolución de la relación diplomática que, durante la actual administración, hemos tenido con Venezuela, se observa ciertas complejidades difíciles de entender. A menos, claro está, que se recurra a la suspicacia, a intentar ver bajo la superficie y tratar de entender que se dice, cuando no se dice. Es que desde hace tiempo que el régimen dictatorial de Caracas prorrumpe, cada tanto, con críticas ostensibles al gobierno de Chile, mientras que nuestra Cancillería adopta una actitud bastante estoica. Sin embargo, en los últimos días esas críticas parecieran haber traspasado ciertos límites no escritos o, al menos, no habituales en la relación de dos gobiernos que se reconocen mutuamente, que obligarían a abandonar el estoicismo señalado.
Diosdado Cabello, el número dos de la dictadura bolivariana, se ha permitido estos días descender a la crítica personal y al insulto, para referirse al Presidente Boric, reaccionando de esa forma a los comentarios del Mandatario chileno acerca del funcionamiento del régimen venezolano, particularmente sus instituciones, y lo lejos que parecieran estar de los estándares democráticos. El comentario, que Venezuela no funciona como una democracia, pareciera no haber caído muy bien en Caracas. Y Cabello, un personaje que no sorprendería en cualquier novela que describiera dictaduras bananeras, se ha encargado de responder al Presidente Boric, profiriendo calificativos pocas veces empleados en relaciones internacionales.
¿Cuál es la verdadera intención del gobierno venezolano, sin duda calculada, al hacer esos comentarios? Probablemente ese gobierno apuesta por una reacción extrema de su par chileno. La idea, estimo, es provocar la interrupción de relaciones entre ambos Estados, siendo el nuestro el que tome la iniciativa. Una ruptura total de nuestros vínculos diplomáticos, podría ser hábilmente usada por Caracas para calificar al régimen chileno como dócil a los dictámenes del “imperialismo norteamericano”, a la vez que liberaría a Venezuela de todos los compromisos que ha suscrito con nuestro país. Victimizarse, especialmente en el plano internacional, puede rendir más réditos que cumplir con convenios recíprocos. Romper relaciones diplomáticas, como algunos sugieren en Chile, sería bastante funcional a los deseos de una dictadura que, así, no se haría cargo de los numerosos delincuentes venezolanos expulsados de Chile. Por otra parte, de no existir canales diplomáticos, resultaría casi imposible recabar información respecto de los cientos de miles de ciudadanos de aquel país, ingresados legal o ilegalmente a nuestro país. Tampoco podríamos hacer valer convenios de cooperación policial (harto inútiles, hasta ahora) y, por último, hasta el tráfico aéreo sería más complejo.
Entonces, ¿cuál debiera ser la reacción chilena ante el evidente hostigamiento? El derecho internacional cuenta con numerosos mecanismos para que un Estado haga presente su desacuerdo, su malestar o su rechazo, frente a actitudes, declaraciones o hechos provenientes de otro Estado, supuestamente ofensor. Desde una convocatoria al embajador del país representado, entrega de una formal nota de protesta, llamado a consulta al Embajador propio ante el país ofensor, retiro del embajador y, finalmente, la ruptura completa de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Una posibilidad adicional, y extrema, es la declaración de “persona non grata”, por la cual un gobierno fuerza la expulsión o prohíbe la entrada al país de una o varios representantes del otro Estado. Las últimas medidas, las más extremas, implican el cese absoluto de los vínculos oficiales entre los Estados y, por cierto, dejan en el aire numerosos asuntos y compromisos entre ambos.
Es esto último lo que debiera evitarse en el caso comentado. Nuestro país no puede hacerse eco de bravatas y provocaciones gratuitas de un régimen que no merece mayor atención. Convocar al Embajador venezolano en Chile, entregar una Nota de Protesta, llamar al Embajador Gazmuri a consultas a Santiago y dejar de oír las bravuconerías y los alardes de un régimen que no merece mayores respuestas.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
