¿Cómo evalúan las últimas temporadas de riego en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico?
“Lo primero que tenemos que decir es que el cambio climático es un fenómeno que ya está instalado y llegó para quedarse. Los que han vivido desde siempre en esta zona, saben que los inviernos no son lo mismo que hace 20 ó 30 años. Los inviernos son cada vez más cortos, lo cual hace que exista una falta importante de precipitaciones. La temporada 2019-2020 hubo prácticamente un 50% menos de – lluvias en un año normal, lo que evidentemente afectó en la cantidad de nieve necesaria para hacer uso del recurso hídrico durante la temporada de riego.
A su vez, la temporada 2020-2021 tuvimos una situación que, si bien fue distinta a lo que se venía presentando desde varios años, porque tuvimos un invierno más generoso, eso no significa que – vayamos a tener mejores condiciones de lluvias. La realidad es que hoy el recurso hídrico es cada vez más escaso y las necesidades son cada vez mayores”.
¿Cuál es el rol -en este contexto- de las organizaciones de usuarios?
Evidentemente que, en ese contexto, las organizaciones de usuarios -en general- tienen un rol muy importante. No mucha gente sabe cuáles son sus funciones. Se piensa que las comunidades de aguas, asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia, son prácticamente organizaciones que llevan un registro de usuarios y que sirven para emitir certificados; desconociendo la función de administración y distribución del recurso para la satisfacción de las necesidades de sus integrantes.
En el caso del Río Maule, la Junta de Vigilancia es la que determina de qué manera este recurso, cada vez más escaso, se puede distribuir provocando el menor daño posible. Desde hace muchos años que los titulares de los derechos de agua no pueden hacer uso de la totalidad de sus derechos, simplemente porque no hay más agua. No debe olvidarse que, en la cuenca del Maule, nuestro principal pulmón es la Laguna del Maule y no podemos perder de vista la imperiosa necesidad de ir recuperándola, para lo cual la Junta ha implementado una serie de medidas”.
¿Cuál es la dinámica del riego agrícola en la cuenca del Maule?
“En términos muy simples, durante los meses de invierno, se acumula nieve, la que a partir de la llegada de la primera y por el efecto del derretimiento permite que el agua generada se acumule en la Laguna del Maule, a lo que se adicionan los aportes de sus afluentes. Cuando se inicia la temporada de riego, la Junta debe determinar los caudales (consignas) para riego, considerando que este se extiende desde el mes de septiembre hasta abril del año siguiente. Cuando el caudal disminuye, sin que sea suficiente para satisfacer las necesidades de riego, se complementa con la laguna. De ahí la importancia de ir recuperando este embalse natural y de ahí la importancia de ir adoptando medidas que traten de compatibilizar los requerimientos de riego y la recuperación de la Laguna, entre los que destacan los convenios que se han suscrito con Colbún y Enel y que han permitido acumular agua en el embalse Colbún de manera tal que en los períodos de déficit hacer uso de ese volumen, sin tener que extraerse desde la Laguna del Maule, posibilitando su recuperación.
¿Qué diagnóstico tienen ustedes de lo que podría ocurrir esta primavera y verano?
“Observamos la próxima temporada de riego con preocupación. Según ha informado el Ministerio de Obras Públicas, ellos ven que esta temporada podría ser similar al 2019-2020, la cual fue la peor desde que se tienen registros históricos, donde el caudal del río Maule llegó a niveles extremadamente bajos”.
¿Y cómo se enfrentó esa situación?
“Ocurre que, como ya se dijo, gracias a convenios y una buena distribución del recurso, hemos podido hacer frente a temporadas muy complicadas. Si bien ahora estamos al inicio del invierno y tenemos un superávit de lluvias, considerando las lluvias que se presentaron en el verano, igualmente no hay nieve. En esa misma fecha, el año pasado, teníamos aproximadamente 29 centímetros de nieve y hoy creo que no alcanzamos los seis centímetros”.
¿En ese contexto qué tan relevante es la coordinación entre los regantes y las hidroeléctricas para hacer uso del recurso hídrico?
“La Junta de Vigilancia del Río Maule suscribió un convenio con Colbún que tiene vigencia de cinco años, donde participó también Enel, en el cual -en términos simples- nos permite acumular agua en otro embalse, como es Colbún, que es un embalse privado. Uno de los problemas que tenemos es que, si bien queremos hacer ahorro de aguas, no tenemos dónde acumular.
Cuando llueve, aumentan los caudales, pero el agua se va al mar. Ahora bien, si parte de esa agua la pudiéramos embalsar, sería factible hacer uso cuando más la necesitemos. Ese es el espíritu del convenio con Colbún. Es decir, que Colbún nos facilite su embalse para acumular agua -con ciertas reglas en los convenios- hasta diciembre de cada año. Y a partir de enero podemos sacar esa agua, evitando tener que extraerla desde la Laguna del Maule”.
¿Y qué permite este convenio?
Los principales resultados son, primero, poder complementar el déficit del río que se presenta durante la temporada de riego. Y, en segundo lugar, que ese déficit no se complemente con aguas de la Laguna del Maule, sino con el agua que se acumuló en el embalse Colbún.
De esa manera, podemos seguir recuperando la Laguna del Maule, que desde hace varios años se ha mantenido en la porción intermedia”.
¿Para lograrlo han tenido que superar desconfianzas?
“Esto se logró con un trabajo conjunto entre la junta de vigilancia, los regantes y la hidroeléctrica. Porque entendemos que es la única manera de llevar esto adelante”.
¿Cómo ven ustedes el debate público sobre el agua en el marco de la Convención Constitucional y, en particular, en la reforma al Código de Aguas que se tramita actualmente en el Congreso?
“Como organización de regantes, siempre vamos a estar con la mejor disposición para exponer nuestros planteamientos, porque entendemos que hay ciertas bases que no pueden modificarse. Estamos preocupados por varias cosas. Primero, porque de alguna manera, vemos que no hay un conocimiento cabal o completo respecto de lo que es el agua como tema”.
¿Ocurrió eso cuando se habló en el Parlamento de declarar el agua como bien nacional de uso público?
“Ese es un ejemplo paradigmático. En más de una ocasión, hemos escuchado que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público. Pero hay que ver el artículo quinto del Código de Aguas. Allí está muy claro que el agua es un bien nacional de uso público. Nunca ha dejado de tener esa calidad. El derecho de propiedad está focalizado sobre el uso del agua”.
¿Cómo ven la reforma al actual Código de Aguas?
“Nosotros estamos preocupados con esta reforma, porque las bases de las cuales estamos hablando, de alguna manera, están siendo afectadas. De manera principal, al reemplazar el derecho de propiedad que se tiene sobre el derecho de aprovechamiento de aguas por una concesión, que significa un permiso temporal que, si bien se ha dicho que esta concesión va a afectar a los derechos nuevos, nosotros pensamos que también podría afectar a los derechos ya constituidos.
Aquí nuestra bandera de lucha ha sido explicar que lo que se está aprobando, atenta contra la Constitución, porque hay norma expresa en el artículo 19 número 24, inciso final, donde se reconoce el derecho de propiedad por sobre el derecho de aprovechamiento de aguas. Pero ese argumento hoy está en duda, porque no sabemos lo que va a pasar producto de la Convención Constituyente”.
¿Qué responde a los denominados “mitos del agua”, como que pocos son dueños de mucho?
“Eso equivale a decir que hay una acumulación de derechos de aprovechamiento de agua en una sola mano, casi con la figura patriarcal de un dueño de fundo que tiene los derechos de agua para mirarlos y hacerle cariño. Pero la realidad es que, en la cuenca del río Maule, por ejemplo, la gran mayoría de los titulares de derechos de agua son pequeños agricultores. Y te puedo asegurar que no los tienen para mirarlos, sino que los utilizan para el riego, soporte fundamental para producir alimentos”.
¿Pero existe o no acumulación de estos derechos?
“El Código de Agua se hace cargo de esa situación y establece el pago de una patente para quienes no hagan uso de los derechos de aprovechamiento de agua. Ahora bien, las cosas se pueden mejorar, obviamente que sí, porque esta situación es muy cambiante. El mismo cambio climático lo ha demostrado. Pero cambiar todo es otra cosa. Nosotros estamos dispuestos a ir si nos llaman y a plantear nuestros argumentos”.
¿Qué otro efecto podría causar este cambio de derecho de propiedad a concesión?
“Pensemos lo que podría ocurrir con la economía, porque sabemos que un campo sin derechos de agua vale mucho menos que otro con derechos de agua. Entonces, imaginemos qué pasaría si esto ahora es una concesión, temporal y sujeta a un funcionario público que vaya a revisar y declare terminada la concesión o la reduzca. Sin duda que va a tener incidencia en el acceso a créditos, porque obviamente las instituciones financieras van a pensarlo dos veces antes de aceptar como garantía un inmueble que tenga solo un permiso de uso de las aguas.
Nosotros somos conscientes que las cosas se pueden mejorar, pero también hay que oír a quien utiliza las aguas, a quien, como se dice, que se embarra los pies, que tiene que ir a sembrar y a regar”.
¿Ese llamado va para los constituyentes?
“Por supuesto. Que se escuche a quienes hacen uso de estos derechos. Que les pregunten si ven ellos algún abuso o atentado en contra del ecosistema. Que le pregunten al agricultor que, con sus derechos de aprovechamiento de agua, riesgo su huerta y eso le permite tener productos para venderlos y alimentar a su familia. A ellos hay que preguntarles lo que piensan de cambiar las regulaciones que tenemos hoy. Es como decirle a un agricultor que se duerma como titular de un derecho pero al despertar solo va a tener un permiso”.
¿Qué cambios ven ustedes posible sin afectar las bases de este sistema?
“Creemos que se deberían fortalecer las facultades y funciones de las organizaciones de usuarios. Si bien son entes privados, cumplen una función pública, especialmente, las juntas de vigilancia. Y lo más importante es que han demostrado una gestión eficiente durante muchos años.
Se ha escuchado la idea de centralizar todo esto del riego en una organización pública. ¿Qué pasaría si hay que ajustar los parámetros de las consignas de riego? En la actualidad, se convoca a reunión de directorio de un día para otro a fin de concretar estos cambios y cuidar estos recursos.
¿Alguien se imagina lo que podría ocurrir si esto lo decidiera una institución pública centralizada, más todavía, en pandemia? Entonces, las organizaciones de usuarios han demostrado su eficiencia.”.
¿Y cómo lo ven desde el punto de vista constitucional?
“En cuanto a ese aspecto, aspiramos a que se mantenga el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua.. Que no se desconozca, por todos los efectos que podría provocar. Insisto en que le tienen que preguntar a quienes utilizan los recursos y que saben lo que tienen, que lo pueden utilizar en la medida que no perjudiquen al otro. Porque eso es otro aspecto relevante, ya que la titularidad te permite reclamar si otro te impide ocupar tus derechos”.
