¿De qué se trata?
Suman y siguen las secuelas políticas e institucionales por los resultados del noveno Consolidado de Información Circularizada de la Contraloría General de la República que, esta vez, cruzó datos del COMPIN a niel nacional con las salidas del país por pasos autorizados registradas por la Sección de Extranjería de la PDI
¿Cuál fue el hallazgo?
Así se detectó que, entre los años 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional, habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.
El nuevo reporte señala también que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.
Según los datos entregados por la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.
Otros datos revelan que, tanto en 2023 y 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica.
¿Por dónde salieron de Chile?
Las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Metropolitana con 26.032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10.043 (16,9%) y Magallanes 5.980 (10%). En el caso de la región del Maule la PDI registró 401 entradas y salidas equivalentes a un 0.7% del total nacional.
¿De qué servicios públicos?
A su vez 13 servicios públicos concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la municipalidad de Arica con 719.
¿Y en el caso de Talca?
Pero este listado se amplió en las horas siguientes a que se publicara en el sitio web oficial de Contraloría, cuando el medio de comunicación digital Ex-Ante dio a conocer que la municipalidad de Talca ocupaba el lugar número 19 del ranking nacional con 307 casos de funcionarios que salieron del país estando con licencia médica.
¿Cuál fue la reacción?
Sin confirmar o desmentir esta cifra, la municipalidad de Talca emitió un comunicado oficial señalando que “los antecedentes recibidos por el organismo fiscalizador revelan una situación impresentable en el actuar de personas que realizaron mal uso de una licencia médica, así como también de quienes la extendieron de manera fraudulenta”.
“Se trata de una situación que involucra la responsabilidad de cada funcionario y de las instituciones a cargo de realizar el seguimiento y fiscalización del cumplimiento efectivo de la licencia médica y no corresponde una práctica institucional del municipio”, agrega la nota.
En cuanto a medidas concretas, el comunicado destaca que “concordante con lo que establece la Contraloría en su informe, se iniciarán en el plazo establecido los sumarios administrativos para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que en cada caso correspondan”.
¿Qué comentaron parlamentarios?
Senador Juan Castro: «Hace menos de un mes conversé este tema con la Contralora porque se deben perseguir todas estas licencias indebidas. También se deben aplicar descuentos y multas para los médicos que entregan estas licencias. No puede ser que el país se esté desbandando producto de la poca responsabilidad que tienen los funcionarios públicos».
Diputado UDI Felipe Donoso: “Es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas. Esta es la plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos».
Diputado de Evópoli Jorge Guzmán: «Es aberrante e indignante y genera molestia el resultado de este informe. Es preocupante y valoramos que se dispusiera de acciones concretas para que se hagan valer las responsabilidades. No nos vamos a quedar tranquilos porque es una estafa y con esos recursos se están postergando inversiones en salud. Es lamentable que la plata se la estén llevando unos inescrupulosos que dicen ser servidores públicos y son unos en verdad aprovechadores”.
