¿Cuál fue el hito de carácter histórico que conmemoró el CDE en Talca?
“Este 2025, nuestra procuraduría fiscal conmemora cien años desde su creación, establecida por el Decreto Ley N° 638 del Ministerio de Hacienda en octubre de 1925. Este decreto dispuso la instalación de procuradurías fiscales en cada capital de provincia que fuera asiento de Corte de Apelaciones, condición que cumplía Talca desde 1888.
La primera sede funcionó en el edificio de Servicios Públicos frente a la Plaza de Armas, hasta que fue destruido por el terremoto del 1° de diciembre de 1928. Tras su reconstrucción, la Procuraduría volvió a instalarse en el mismo lugar, permaneciendo allí hasta el año 2004.
El centenario de nuestra procuraduría se enmarca, además, en el aniversario número 130 del Consejo de Defensa del Estado, el cual fue creado en 1895 bajo el nombre de Consejo de Defensa Fiscal. Conmemoramos ambos hitos en una ceremonia que realizamos hace un par de semanas en el auditorio Enrique Mac Iver de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, la cual fue muy significativa para quienes conformamos esta procuraduría, y en la cual contamos con la presencia y compañía del presidente del Consejo, Raúl Letelier Wartenberg”.
¿Cuál es su balance de la labor que lleva a cabo el CDE?
“Durante sus cien años de trayectoria, el trabajo de quienes han conformado la Procuraduría Fiscal de Talca se ha desarrollado con férreo compromiso, rigurosidad profesional y alta vocación pública en la defensa de los intereses del Estado en la Región del Maule. Quienes integramos este equipo, así como el resto de los funcionarios y funcionarias del Consejo en el el resto del país, comprendemos la magnitud de la labor que nos corresponde desempeñar.
Desde esa perspectiva, estamos convencidos que nuestro trabajo contribuye al fortalecimiento institucional a nivel regional. Por ejemplo, la defensa exitosa de las atribuciones y potestades de las instituciones públicas y el resguardo efectivo de los recursos fiscales ayuda a que el Estado pueda continuar implementando políticas públicas, programas sectoriales u obras de infraestructura en directo beneficio de las comunidades locales”.
¿Cuál es el aporte de la Procuraduría Fiscal de Talca a la defensa de los intereses del patrimonio público en el Maule?
“La Procuraduría Fiscal de Talca tiene jurisdicción sobre el mismo territorio que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, es decir, la Región del Maule en toda su extensión. En consecuencia, los hechos ocurridos en esta región que poseen relevancia jurídica para el Fisco, son competencia directa de esta procuraduría.
El impacto directo en el patrimonio público del Maule se observa en juicios relacionados con bienes fiscales, tales como:
- Derechos de agua del Fisco.
- Propiedades del borde costero.
- Reivindicación de bienes fiscales apropiados por particulares.
- Recuperación y reapertura de caminos cerrados ilegalmente.
El impacto de los resultados obtenidos por el Consejo en el Maule puede apreciarse en juicios relacionados con la defensa de bienes nacionales de uso público y de aquellos de propiedad fiscal. Por ejemplo, terrenos o inmuebles emplazados en riberas de mar, lagos y ríos, reivindicación de bienes apropiados por particulares, recuperación y reapertura de caminos cerrados ilegalmente, derechos de agua, entre diversos asuntos”.
¿En qué consiste la defensa del Estado en tribunales?
“Una tarea frecuente que corresponde asumir a nuestra procuraduría se refiere al resguardo de los recursos públicos en demandas en que se reclaman prestaciones pecuniarias contra el Estado. Estos litigios pueden derivarse de expropiaciones, faltas de servicio, accidentes que involucren servicios públicos, fuerzas policiales o militares, entre otros. Aunque estos casos afectan el erario nacional más que el patrimonio regional, la intervención activa de la procuraduría ha permitido reducir significativamente los recursos que el fisco debe destinar a dichas reparaciones, logrando que los tribunales rebajen considerablemente las cuantías demandadas.
En muchos casos, los demandantes no obtienen el total de sus pretensiones e, incluso, existen juicios en los que no obtienen nada, lo que evidencia que la defensa fiscal resultó eficaz”. . una defensa eficaz”.
¿Y en materia de causas penales?
“Junto con ello, nuestra procuraduría interviene en procesos penales en que se persiguen delitos de distinta índole o entidad, cometidos en perjuicio del patrimonio de instituciones públicas a nivel regional. Este tipo de asuntos, en los cuales hemos participamos por medio de la presentación de querellas criminales, afectan directamente el patrimonio administrado por municipalidades o instituciones públicas que debían ser destinados a programas dirigidos a la comunidad, entre los que se incluyen actividades recreativas y deportivas”.
¿Qué ocurre en cuanto a obras públicas?
“El gasto fiscal en infraestructura y reparación genera una alta demanda de contratos de obra pública, lo cual, a su vez, implica una considerable absorción de mano de obra. Dicha actividad ha originado numerosos juicios de carácter laboral, en los que el Fisco debe defenderse en asuntos en que se discute su responsabilidad solidaria o subsidiaria en los hechos demandados, al considerársele, según lo establecido en el Código del Trabajo, como propietario de las obras en cuestión. También en este ámbito, es frecuente el surgimiento de conflictos de carácter civil con contratistas por incumplimiento o ejecución defectuosa o tardía de las obras, lo que requiere la intervención de nuestra procuraduría”.
¿Cuál es el volumen de juicios y materias que con mayor frecuencia atiende el CDE durante el presente año y su comparación con 2024?
“El número de asuntos a cargo de esta procuraduría da cuenta del trabajo continuo y creciente que asume este equipo. Los 3.956 asuntos vigentes, de distinto índole y materias, nos exige una alta capacidad de organización, versatilidad y constante especialización técnica para abordar, con la seriedad y oportunidad requerida, los desafíos más complejos que se presentan.
El compromiso y rigurosidad del trabajo que se desarrolla a diario, tanto en etapas iniciales de análisis extrajudicial de los asuntos y, hasta su término, cuando corresponde presentar nuestros alegatos ante la Corte Suprema, permite a esta procuraduría obtener resultados favorables y cumplir su cometido.
Puedo asegurarle que la calidad de nuestro desempeño es corroborable en cada fase del ciclo que atraviesan los asuntos a nuestro cargo. No obstante, el número total de ingresos durante 2025 se ha mantenido en niveles similares, o marginalmente inferiores a los del año anterior, ha sido significativo un cambio sistemático en la naturaleza de los litigios, cuyo efecto se ha traducido en un incremento de su complejidad. Ello nos ha exigido fortalecer nuestras capacidades técnico-jurídicas, elevar nuestra especialización en distintos ámbitos y materias y promover de manera permanente la coordinación oportuna con los servicios que representamos judicialmente, de modo de asegurar defensas adecuadamente fundadas y oportunas”.
¿Cómo participa el CDE en procesos donde se investiga a funcionarios públicos?
“La participación del Consejo y de sus procuradurías fiscales en investigaciones penales seguidas contra quienes, vulnerando su deber de funcionarios del Estado han cometido delitos contra la probidad, se encuentra regulada por el artículo 3, números 4 y 5, de su ley orgánica.
Ello lo faculta para ejercer la acción penal mediante la interposición de querellas criminales en delitos que generen perjuicios económicos, o sean cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Habiendo tomado conocimiento de hechos y antecedentes por parte del Ministerio Publico, cada asunto es sometido a un riguroso estudio que habilita al Consejo a formarse la convicción de la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito y la participación dolosa de un funcionario en éste.
Sólo entonces se procede a interponer la correspondiente querella criminal, acción tras la cual se realizan las gestiones necesarias para acreditar el hecho punible, establecer las responsabilidades de los involucrados y resguardar o recuperar el patrimonio fiscal comprometido.
¿Cuáles son los casos son de mayor connotación pública?
“A la fecha, en nuestra región, a través de esta procuraduría fiscal el Consejo ha interpuesto diez querellas criminales ante tribunales locales por delitos que afectan a municipalidades y corporaciones municipales. Estas acciones incluyen imputaciones por fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de instrumento público, entre otros ilícitos, y se dirigen contra exfuncionarios municipales y particulares. Los procesos en curso se encuentran en distintas etapas procesales, con diligencias solicitadas por nuestro organismo, el Consejo, e involucran a las municipalidades de Yerbas Buenas, Sagrada Familia, Río Claro, Linares, Colbún, Villa Alegre, Pencahue, Teno, Pelluhue, Pelarco y San Clemente”.
¿Cuál es el mensaje a los actores del Estado y a la ciudadanía en este nuevo aniversario del CDE?
“Quisiéramos enviar un testimonio, especialmente, a las personas de nuestra comunidad regional y asegurarles que, tal como en sus 130 años de trayectoria, la labor que desarrolla el Consejo de Defensa el Estado hoy se encuentra inspirada en una profunda y honesta vocación de servicio en favor de todos los habitantes de este país, convicción que compartimos quienes integramos la Procuraduría Fiscal de Talca.
En lo específico, señalar que disponemos de todas nuestras capacidades profesionales para perseguir a quienes cometen actos de corrupción contra las instituciones de nuestra región, delitos que dañan profundamente la fe pública y cuyos efectos, muchas veces, imposibilita resolver necesidades urgentes y permanentes que presentan las comunidades locales. Simultáneamente, ejercer las atribuciones que la ley nos otorga para recuperar mediante la presentación de acciones civiles los fondos defraudados”.
¿Qué labor se lleva a cabo en materia laboral?
“Aun cuando este año han ingresado menos causas que en periodos anteriores, hemos constatado que se ha elevado la complejidad de los casos presentados, prevaleciendo aquellos relativos a tutelas de derechos fundamentales y recursos de protección por rechazo de licencias médicas. Se trata de juicios que requieren una tramitación constante desde su inicio hasta dictarse las sentencias, lo que exige que abogados del equipo deban ser destinados exclusivamente a dichos asuntos”.
¿Qué rol cumple el CDE en cuanto a demandas en que se persiguen indemnizaciones por vulneraciones a los derechos humanos?
“Esta materia se mantiene como una constante en los ingresos de la procuraduría, aunque con una ligera disminución este año. Las causas corresponden a hechos ocurridos con posterioridad a al año 1973 y siguen siendo parte relevante de la labor de defensa del Estado”.
¿Cómo se persiguen los delitos contra la probidad administrativa?
“Los procesos penales representan un área de trabajo central de esta procuraduría fiscal, que requiere intervención especializada. Si bien el flujo de causas en que se investigan delitos de menor entidad o gravedad ha disminuido, nuestra procuraduría continúa participando en procesos en que se persiguen delitos que han mermado la confianza de las personas en el correcto actuar de las instituciones y que demandan acuciosas pericias investigativas y procesales. En los juicios en actual tramitación se indagan delitos contra la probidad, los cuales, dada su naturaleza, elevan el grado de complejidad de las investigaciones. Principalmente, malversaciones, cohechos, sobornos, fraudes, prevaricación y falsificación”.
¿Qué ocurre con las causas voluntarias de consignación por expropiación?
“Talca se ha consolidado como una de las procuradurías con mayor número de ingresos a nivel nacional en esa materia. Durante 2024 ingresaron 477 nuevas causas voluntarias y, en lo que va del presente año, ya se ha registrado el ingreso de 340. Se trata de asuntos relacionados, principalmente, con obras viales, hidráulicas y concesionadas. En particular, las demandas por reclamos regulados por el Decreto Ley 2.186 se han incrementado en 305% entre el año pasado y lo que va de 2025, pasando de 20 a 81 reclamos ingresados a la fecha”.
