¿Qué está pasando?
El delito de robo de cables sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
¿Cuál es el balance a nivel nacional?
Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 744 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando 225 kilómetros de líneas robadas (225.080 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.
¿Y a nivel de regiones?
Las regiones con una mayor cantidad de cable robado por delincuentes fueron Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros), Tarapacá (29.889 metros), Antofagasta (29.012 metros); Atacama (18.706 metros), Metropolitana (16.991 metros), Araucanía (16.406 metros) y Biobío (14.404 metros).
¿Qué comentó el gerente de operaciones de CGE?
“El robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades refuercen medidas ante un delito que ha cambiado su comportanmiento y se ha hecho más violento. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país», señaló Matías Hepp, director de operaciones de CGE.
¿Cómo han evolucionado estos casos?
«Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados, atacando puntos de manera recurrente, lo que hace imposible que podamos hacerles frente”, agregó Hepp.
¿Cuá fue el impacto en el servicio a las personas?
Estos robos tuvieron como consecuencia que 272.466 clientes de la compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes.
¿Y el perjuicio económico?
En 2023, la compañía registró cerca de 1.200 eventos con 196 kilometros de cable de cobre robado. Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en 2024 alcanzó a 3.317 millones de pesos.
¿Qué significa un apagón para las personas e empresas?
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló el director de operaciones de CGE..
¿Cuál es el llamado a las autoridades?
“Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó Hepp.
