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Ministerio de Salud lideró recuperación de inversión en infraestructura regional

Según informe histórico preparado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

¿De qué se trata?

Se trata de un reporte inédito preparado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) que analizó las cifras destinadas por el gobierno central en los últimos 12 años y que busca entregar antecedentes que permitan optimizar la distribución de los recursos y generar un diálogo sobre las prioridades de la inversión regional.

¿Qué dijeron desde el CPI?

“El análisis que realizamos muestra que la relación está por debajo en ocho de las 16 regiones. Es decir, los niveles de inversión en esas regiones no tienen relación con la pobreza”, afirma Carlos Cruz. En este sentido, agregó que un criterio que consigna consenso es que la inversión pública a futuro se dirija a las regiones con mayores índices de pobreza con el objetivo de reducirlos.

¿Cuál es el ranking por regiones?

Según el informe preparado por el CPI, el ranking de regiones que recibieron más recursos -entre 2010 y 2021- lo lideran la Metropolitana, Bío Bío, Los Lagos y Valparaíso. “Posiblemente esto no siga en los próximos años, para el caso de Bío Bío. Desde que se separó en dos, en 2019, la Región de Ñuble a demostrado una capacidad de atraer inversión del Gobierno Central en montos crecientes”, se señala en el documento.

¿Dónde está la menor y mayor inversión pública?

Las regiones que menos inversión han recibido son, en general, las del Norte Grande: Tarapacá, Arica y Parinacota y Atacama, en ese orden, todas con menos de US$3.000 millones en los 12 años considerados. Entre las regiones que menos inversión pública reciben también están Aysén y Magallanes. Así, en general, las regiones que más inversión pública anotan son las regiones del Centro y Centro-Sur. Antofagasta, principal zona minera, registra cifras similares a las del centro del país.

¿Qué ocurre en la región del Maule?

Al respecto, el informe señala que la región de Maule alberga el 5,8% de la población nacional y genera el 3,9% del PIB nacional. Es decir, Maule es una de las regiones más pobres del país con un ingreso per cápita de US$ 9.700 anuales. Esta situación se ve confirmada por los datos de la CASEN que muestran que en Maule el 12,2% de la población vive en situación de pobreza.

¿Cuál es el contexto socioeconómico regional?

La población del Maule tiene altos índices de ruralidad, con 25,6% de los habitantes que habitan en áreas rurales. Más aún, si bien el 74% de la población vive en zonas urbanas, los niveles de concentración de la población son bajos ya que sólo un 24% de los habitantes viven en grandes ciudades. Puesto de otra manera, con 86 habitantes por kilómetro cuadrado, Maule es una de las regiones de menor densidad poblacional de la zona central del país. Como hemos señalado en el caso inverso de la región Metropolitana, la dispersión poblacional encarece la provisión de infraestructura de uso público.

¿Cómo ha evolucionado la inversión pública? 

La inversión pública tuvo una tendencia descendente en Maule entre los años 2010-2011 y el año 2018. Esto se debió a que la inversión del MOP de un promedio de US$200 millones anuales a principios del período a US145 millones anuales en 2017-2018. Al mismo tiempo, la inversión del Ministerio de Salud pasó de un promedio de US$80 millones al principio del período a sólo US$43 millones en 2017-2018.

¿Cuál es el factor clave?

La gran recuperación en los niveles de inversión en los años 2019-2021 se debe al gran aumento de la inversión del Minsal que ha ido decayendo a medida que las nuevas instalaciones se han ido completando. Es así como después de invertir US$377 millones en 2019, en 2020 se redujo en 40% a US$233 millones y en 2021 se redujo de nuevo en 56% alcanzando a sólo US$103 millones.

¿Qué caracteriza a estos proyectos?

Como las inversiones en hospitales y centros de salud tienen una larga vida úti,l es probable que los niveles de inversión pública registrados en los últimos años no se repitan en los años venideros. Las transferencias a la Gobernación por la vía del Tesoro Público, del orden de US$40 millones anuales, aunque importantes no son del orden de magnitud de la construcción de hospitales y centros de salud.

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