¿Cuál fue el antecedente?
Entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte.
El reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.
El informe de la Contraloría indica que según los datos entregados por la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo, de los cuales, 401 corresponde a la región del Maule.
¿Dónde trabajan?
Un total de 13 servicios concentran el 25% de los 35.585 permisos médicos emitidos. Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias, Fundación Integra con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719.
¿Cuál fue la reacción?
El Gobierno anunció sumarios administrativos en cada uno de los servicios públicos involucrados y, a su vez, la propia Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para exigir una posible devolución de los recursos y al Ministerio Público para que se investiguen posibles delitos.
¿Qué comentó el senador Juan Castro?
«Hace menos de un mes conversé este tema con la Contralora porque se deben perseguir todas estas licencias indebidas. También se deben aplicar descuentos y multas para los médicos que entregan estas licencias. No puede ser que el país se esté desbandando producto de la poca responsabilidad que tienen los funcionarios públicos», afirmo.
¿Cuál es la visión del diputado Felipe Donoso?
El parlamentario UDI argumentó que “es inaceptable la falta de control en los organismos públicos. Estamos hablando de 25 mil personas que utilizaron licencias médicas para salir del país, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas».
«Esta es la plata de todos los chilenos. El 60% de estas licencias las financia Fonasa, con fondos que deberían destinarse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos para personas en listas de espera. Esto es un fraude al Estado y debe tener consecuencias civiles y penales. No podemos seguir financiando vacaciones con recursos públicos», añadió.
¿En su opinión cuál es el perjuicio?
“Aquí hay un abuso grosero. Se trata de funcionarios públicos que, usando licencias presumiblemente fraudulentas, viajaron fuera del país. Es un robo a los recursos de todos los chilenos, y además daña profundamente la fe pública. Pero también hay que investigar a quienes emitieron esas licencias médicas. No puede haber impunidad”, destacó Donoso.
¿Cuál fue la reacción del diputado Jorge Guzmán?
«Es aberrante e indignante y genera molestia el resultado de este informe. Es preocupante y valoramos que se dispusiera de acciones concretas para que se hagan valer las responsabilidades. No nos vamos a quedar tranquilos porque es una estafa y con esos recursos se están postergando inversiones en salud. Es lamentable que la plata se la estén llevando unos inescrupulosos que dicen ser servidores públicos y son unos en verdad aprovechadores, subrayó el parlamentario de Evópoli.
