¿Qué ocurrió?
A petición de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el Juzgado de Garantía de dicha ciudad autorizó el registro e incautación de documentación física y digital en tres regiones del país, en el contexto de la investigación por el denominado Caso Fundaciones, donde en el caso del Maule, la PDI llevó a cabo allanamientos en tres domicilios.
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¿Dónde se realizaron las diligencias policiales?
Según fuentes extraoficiales, en el caso de Talca, el registro incluyo el edificio del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Fundación Urbanismo Social y, finalmente, la vivienda particular del ex SEREMI del MINVU Maule, Rodrigo Hernández. La orden judicial, según trascendidos periodísticos, contempló el retiro de documentación en formato físico y digital, en particular, de antecedentes asociados a los proyectos de la Fundación Urbanismo Social que financiaron tanto el MINVU Maule como el Gobierno Regional del Maule.
¿Qué ocurrió en Talca?
En el caso de los domicilios allanados en Talca, la diligencia estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI de esta ciudad, a cargo del subprefecto, Juan Carlos Moya. En cuanto al Gobierno Regional, los detectives ingresaron pasadas las cuatro de la tarde y se retiraron dos horas después en un vehículo policial desde el estacionamiento del edificio ubicado en la Plaza de Armas de Talca.
¿Que se investiga en esta arista del Gobierno Regional?
En esta arista del Caso Fundaciones, según antecedentes que consejeros regionales de oposición entregaron a la Contraloría Regional, la investigación apuntaría a posibles actos de conflictos de interés u otros asociados a la aprobación de un proyecto de la Fundación Urbanismo Social, en el cual supuestamente se habría exigido contratar a personas determinadas y, además, involucraría a directivos del Gobierno Regional que beneficiaria a personas cercanas.
¿Que dijo la Gobernadora Regional?
En declaraciones difundidas por Radio Biobío, Cristina Bravo afirmó que «estamos disponibles a entregar toda la información que se requiera. Creemos que es fundamental que la ciudadanía, el Ministerio Público y la Contraloría, conozcan todos nuestros actos administrativos desde que asumimos».
¿Qué reacciones se conocieron en el Consejo Regional?
Al respecto, el consejero regional, Patricio Ojeda, quien encabezó el grupo de consejeros que acudió en recha reciente a entregar antecedentes sobre el Cas Fundaciones a la Contraloría Regional, comentó que «valoramos esta acción por parte del Ministerio Público. Entendemos que van e la dirección correcta a fin de esclarecer los hechos. Nosotros no estamos calificados para decir si esto es un delito o no, por lo cual, las instituciones están funcionando para estos efectos».
¿Cuál es la expectativa?
«A nosotros nos asiste la obligación de seguir de cerca este proceso. Entendemos que tenemos que cuidar el buen uso de los recursos públicos y, en esa perspectiva, desde nuestro rol fiscalizador vamos a seguir insistiendo en que se entregue toda la información. Es importante que se siga actuando con la misma seriedad para establecer si hubo irregularidades o posibles delitos en la forma en que se suscribió este convenio y de las eventuales presiones que se pudieron recibir de parte de dos funcionarios del Gobierno Regional en torno a la contratación de personas», añadió Ojeda.
¿Qué comentó el diputado Jorge Guzmán?
«Valoramos que el Ministerio Público haya iniciado diligencias de investigación respecto de los eventuales hechos de corrupción que hemos sido testigos en la región del Maule. Que se allanara el Gobierno Regional del Maule, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el domicilio del ex seremi de Vivienda es sumamente significativo. Esperamos que se investigue a fondo, que se establezca quienes son los responsables y se sancione como corresponda. Necesitamos mano dura para no tener más hechos que afecten la probidad, que afecten la transparencia y que sigan dañando a nuestro sistema político y nuestra institucionalidad. Esperamos prontamente tener responsables y sanciones acorde al daño cometido», afirmó el legislador por Talca y Curicó de Evópoli.
¿Qué ocurrió con el ex SEREMI del Minvu Maule?
En cuanto a Rodrigo Hernández, versiones extraoficiales indicaron que el ex SEREMI del MINVU Maule no se encontraba en la ciudad de Talca y tampoco en la región, por lo cual, su defensa particular habría coordinado una entrega voluntaria de su computador personal y eventualmente del teléfono celular, atendido que la orden judicial contemplaba el registro de comunicaciones vía WhatsApp relevantes que sean relevantes para la investigación.
¿Qué antecedente se conoció a nivel nacional?
También en materia investigativa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) adoptó la decisión de conformar un equipo de coordinación nacional, integrado por abogadas y abogados del servicio, con el fin de analizar antecedentes y documentos entregados por el Ministerio Público, en el marco de la investigación por el denominado caso “Democracia Viva”, en el que se indaga la asignación de recursos fiscales, por vía de tratos directos, a diversas fundaciones a lo largo del país.
¿En cuántas regiones se focalizarán las pesquisas del CDE?
Conforme a sus procedimientos, el CDE asignó el análisis de estos documentos a un equipo de abogados pertenecientes a las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició diligencias e investigaciones penales, esto es: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’ Higgins y Arica.
¿Qué dijo el presidente del CDE?
Raúl Letelier explicó que “que este equipo de profesionales, conforme a las instrucciones impartidas por nuestro Comité Penal, informe periódicamente respecto de los avances de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y del análisis jurídico penal de ellas, a efectos de que podamos adoptar una decisión fundada. El Consejo de Defensa del Estado comprende la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, en su confianza en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado. Con todo, la autonomía y el carácter técnico con que el Consejo evalúa los fundamentos y la oportunidad de sus actuaciones constituyen elementos esenciales para nuestro desempeño. El tiempo que esta institución debe destinar al estudio acabado de hechos, que puedan revestir el carácter de delito, resulta absolutamente necesario para arribar a la convicción jurídica que requiere la interposición de una querella criminal. Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos”.
