¿Qué resolvió la justicia?
Tal como lo solicitó la fiscalía y con oposición de la Defensoría Penal Pública, el Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los tres sujetos detenidos por la PDI tras ser sorprendidos con un cultivo de marihuana, en un sector rural de la comuna dde San Rafael, quedando los otros dos formalizados con medidas alternativas obligatorias.
¿Como comenzó la investigación?
La fiscal, Claudia Díaz, explicó al tribunal que los antecedentes llegaron a manos de la PDI a través del teléfono de contacto «Denuncia Seguro», donde un informante anónimo identificó un domicilio en la comuna de San Rafael, señalando que allí se cultivaba y se vendía droga.
¿Qué labor realizó la PDI?
La fiscal explicó que los detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talca se constituyeron en el domicilio, cuyo propietario autorizó el ingreso en forma voluntaria. Así se detectó una plantación de cannabis sativa en su interior, así como distintos contenedores con varios kilos de marihuana procesada e instrumentos para la dosificación, como pesas digitales. Luego, en un domicilio cercano, los policías observaron que desde el exterior se observaban plantas de marihuana de gran tamaño, aunque el único residente adulto se negó al ingreso voluntario y se debió gestionar una orden judicial de ingreso a través de la fiscalía.
¿Qué delitos fueron formalizados?
Con estos antecedentes, la fiscal presentó cargos criminales por separado. Así el dueño de la primera vivienda fue formalizado por cultivo de cannabis sativa y tráfico de drogas, mientras el hijo de esta persona fue formalizado por cultivo, al igual qeu su vecino. Por ello, atendido que ambos imputados tampoco registran condenas previas, se decretaron medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma periódica en Carabineros.
¿Qué pasó con el caso más grave?
Respecto al imputado formalizado por dos delitos, la fiscal exigió la medida cautelar de prisión prevengiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Dicha propuesta fue rebatida por la abogada, Claudia Landeros, de la Defensoría Penal Pública, pero acogida por el tribunal, donde se limitó en tres meses el plazo de cierre de la investigación.