Caminar por la Villa Las Américas de Talca, especialmente, entre los edificios más cercanos a la Circunvalación Norte, se puede transformar en una experiencia peligrosa. Pero también muy enriquecedora y ejemplarizadora, justamente, de lo que no se debe hacer en materia de gestión de proyectos inmobiliarios.
Lo concreto es que, actualmente, conviven en esta zona dos comunidades distintas. Esto es, las familias que viven en los edificios que fueron refaccionados hace algunos años, con una inversión pública que buscaba darles dignidad a los vecinos y que se mantuvieran en sus edificios y departamentos, evitando así que los dejaran abandonados o que los arrendaran a terceros con nulo arraigo social.
Y, separados por algunos metros, están las familias que viven en los edificios donde la inversión pública no llegó, con un claro perjuicio y discriminación. Pero existe también una tercera realidad que corresponde a las torres más vandalizadas, donde existen dudas respecto de la validez jurídica de ocupación de estos departamentos que, en su mayoría, albergan a personas migrantes en situación irregular.
Lo concreto es que, durante el Gobierno anterior, la intervención en esta zona comenzó y avanzó haciendo realidad la demanda histórica de que familias de escasos recursos vivan en dignidad. Pero llegó la pandemia y este proyecto, junto con muchos otros, quedó paralizado. Lo complicado e que desde hace dos años que no se han vuelto a realizar faenas de demolición de las torres más vandalizadas y refacción de aquellas donde todavía se puede rescatar la obra gruesa.
¿Por qué ocurrió? El nuevo seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández, junto con recordar que personalmente se vio ligado a esta intervención desde el año 2015, cuando le correspondió representar intereses vinculados al territorio. Por ello, es lapidario en su diagnóstico: “existe de parte de las organizaciones comunitarias y dirigentes territoriales un quiebre profundo de confianzas. Quiero ser claro: más que desconfiar de una gestión política o administrativa de turno, existe una falta de credibilidad de la institucionalidad pública del Estado”.
“Se trata de un territorio abandonado, de rezago, donde la inversión pública del Ministerio de Vivienda se vio enlentecida o trabajada derechamente, lo cual hace que las personas pierdan la fe en los proyectos. Naturalmente lo que ocurre allí es que la gente deja de creer que su territorio pueda rescatarse, reflejando una falla del Estado. Es la incapacidad que hemos tenido para abordar estos proyectos colectivamente, con la decisión y el liderazgo que se requieren para avanzar”, subrayó.
El seremi reconoce que la paralización de este proyecto no solo causa impactos negativos entre los vecinos, sino también en los equipos profesionales de instituciones como el Ministerio de Vivienda y el SERVIU. “Lo que necesitamos hoy es tomar decisiones de manera más clara, entregando claridad al territorio, a las comunidades y a los equipos, para garantizar que este proyecto va a llegar a puerto. La pandemia vuelve mucho más compleja la gestión social y territorial, volviéndose un factor que colabora con la falta de confianza”, señaló.
El seremi destacó que “más allá de la negligencia que uno pueda ver en este proyecto, lo que ha ocurrido es que se tomaron malas decisiones. Cuando se genera un proyecto de intervención, pero al mismo tiempo no se atreve a tomar decisiones difíciles de demolición y, al mismo tiempo, no se generan subsidios, es tomarse las cosas con poca seriedad. Eso genera un desajuste en las expectativas. La postura del Estado debe ser que estamos interviniendo para rescatar el territorio”.
“Entre las medidas que estamos buscando para retomar el proyecto es volver a generar las confianzas que se perdieron. Queremos rescatar los liderazgos que se han mantenido vigentes en el territorio, todo esto, a partir de la Mesa de Regeneración Habitacional con la cual nos estamos reuniendo una vez al mes. En paralelo, queremos reunirnos con las comunidades involucradas en cada etapa del gran proyecto de Las Américas, para explicar los avances y el diseño, para comprometerlos con este nuevo trato. Que se note el cambio de mano y que efectivamente ahora estamos comprometidos”, sostuvo Hernández.
En cuanto a qué va a pasar con las demoliciones de las torres que están con sus departamentos vandalizados, el seremi fue enfático en señalar que “esto va a ser con un tono de realismo. Vamos a avanzar en las demoliciones de lo que se debe demoler, con garantías de que las familias retomarán su dignidad. Porque el proyecto de Las Américas es de justicia territorial y redistribución de las inversiones públicas. La fórmula es abordarlo todo a través de una mesa intersectorial con presencia de distintas instituciones del nivel central y regional, porque también queremos atraer a actores de las organizaciones públicas. Esta mesa va a generar una carta de navegación validada desde el territorio”.
“Así podremos retomar a las demoliciones para retomar las obras a fines de este año o principios de 2023. El hecho de retomar una estrategia de vinculación con el territorio y las comunidades, incluso antes de conversar con la institucionalidad sectorial y regional, es una muestra de lo que queremos hacer. El ancla de toda inversión pública es contar con una validación social. Es fundamental trabajar de la mano de quienes habitan en el territorio. La teoría del urbanismo es por esencia una ciencia social de vincular a las personas y que se tiene que desarrollar a escala humana”, aseveró la autoridad.
¿Y cómo conservar y proyectar esta intervención en el tiempo? El seremi destaca que “los proyectos de inversión pública que se desarrollan sin sentido de pertenencia, tejido social y fortalecimiento desde la base, sabemos que lo vamos a tener que retomar en el futuro. Cuando la gente no siente como propia la inversión pública, no la defiende, no la mantiene ni la defiende. Por ello, queremos establecer lazos directos para generar esta confianza con los entes públicos, lo cual implica que, a través de la organización del tejido social, evitaremos el deterioro de estas intervenciones urbanas y sociales”.
“Las América es un espacio privilegiado en Talca por su localización y riqueza del territorio, con su gente que sigue luchando pro transformar ese lugar, pero hemos fallado en el compromiso de rescatarlos. La fórmula es que los tiempos vayan calzando, es decir, que en la medida que vayamos expropiando, también se va a ir demoliendo. No solo es Las Américas, sino que es justicia territorial para el barrio norte de Talca. Queremos revitalizar la ciudad, reconociendo que el territorio ha sido encajonado por ausencia de áreas verdes e intentos de segregación”, indicó.
