¿De qué se trata?
Severas irregularidades quedaron al descubierto en el informe de una investigación especial llevada a cabo por la Contraloría General de la República a los convenios firmados por 13 municipalidades del país con la Fundación Daya que encabeza la diputada, Ana María Gazmuri.
¿Cuál fue el perjuicio?
Se trata de que dichos municipios traspasaron a la fundación una suma total de $375,6 millones a cambio de un Fitofármaco realizado a base de cannabis, pero elaborado por un laboratorio ue no contaba con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), por lo cual, se detectaron incumplimientos en los convenios.
¿Qué ocurrió en Parral?
En el caso de Parral, uno de los 13 municipios afectados a nivel país, dicha municipalidad traspaso un monto total de $29,2 millones a la fundación, pero no recibió ningún producto a cambio de los fondos.
¿Cuál era la finalidad?
Los convenios buscaban implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, el cual se llevaría a cabo entre enero de 2015 y diciembre de 2023.
¿Qué otras irregularidades?
También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.
¿Qué ocurrió con las rendiciones de gastos?
La Contraloría comprobó, además, incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas, tales como, no exigirlas a la Fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la Fundación y los gastos realizados, respectivamente; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.
¿Parral está entre ellos?
Se trata de la falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
¿Qué ocurrió con el producto?
El ISP no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario. Además, las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
¿Qué medidas se van a adoptar?
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría General iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, para los fines que en derecho correspondan.
