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Presentan denuncia ante la Fiscalía Regional del Maule por el Caso Fundaciones

Jorge Guzmán explicó que se apunta a la arista asociada al Gobierno Regional del Maule

¿Qué ocurrió?

Hasta el edificio de la Fiscalía Regional del Maule en Talca llegó esta mañana el diputado por Talca y Curicó, Jorge Guzmán (Evópoli), para presentar una denuncia asociada al denominado Caso Fundacoines, en específico, respecto a la arista asociada a los antecedentes surgidos en torno a un proyecto de la Fundacion Urbanismo Social que fue financiado por el Gobierno Regional del Maule.

¿Qué dijo el diputado?

Guzmán comento que «hemos cumplido con una obligación legal que es poner los antecedentes donde corresponden. Hemos sabido, y es un secreto a voces que, en el Maule, el Gobierno Regional condicionaba la entrega de recurso sa la contratación de personeros políticos, familiares, amigos y simpatizantes de quienes hoy ejecen la administración de los recursos del Gobierno Regional, que es la Gobernadora Regional del Maule».

¿Cuál es su visión frente a esta situación?

«Eso no puede ser. Tenemos antecedentes documentados que la Fundación Urbanismo Social recibió fondos por 264 millones de pesos para realizar un proyecto de seguridad, lo cual nos llama la atención porque ellos están abocados a temas de vivienda. Pero allí hay dos documentos donde se le representa a la Gobernadora la imposición de tres personas para ejecutar este proyecto, restando autonomía a independencia en la administración de estos recursos», afirmó.

¿Qué consecuencias puede traer en su opinión?

«Con esto se falta administrativamente, políticamente y eventualmente tiene implicancias penales. Por eso los hemos traido a la fiscalía para que se investigue y si hay mal uso de los recursos públicos, creemos que eso es un delito. Además, le hemos solicitado una investigación de todos los traspasos de recursos efectuados por el Gobierno Regional del Maule a todas las fundaciones y que se entreviste a los representantes legales de estas instituciones, para conocer si también se les impuso la contratación de personas. Porque nos han llegado más antecedentes», comentó.

¿Cree que esta investigación debe radicarse en Talca y no ser derivada a Antofagasta como ocurrió con el caso del SERVIU Mauley la misma fundación?

«Es cierto que se había abierto de oficio una investigación y que se remitió a la Fiscalía Regional de Antofagasta, pero estaba enfocada en las transferencias del MINVU Maule a Urbanismo Social, esta es otra arista que implica al Gobierno Regional respecto de transferencias directas que no pasan por el Consejo Regional y tampoco por la Contraloría Regional. Y que se condicionaran esos recursos a loa contratación de personas. Creemos que es accesorio a la investigación que se ha iniciado en Antofagasta y en otros puntos de Chile», comentó Guzmán.

¿Qué dice el documento de la denuncia?

El texto es el siguiente:

«EN LO PRINCIPAL:          Denuncia por los delitos que se indican;

PRIMER OTROSÍ:            Forma de notificación;

SEGUNDO OTROSÍ:          Solicita diligencias;

TERCER OTROSÍ:                Acompaña documentos.

FISCALÍA REGIONAL DEL MAULE

JORGE ENRIQUE GUZMÁN ZEPEDA, cédula nacional de identidad número 16.017.470-6, abogado, Honorable Diputado de la República, domiciliado en Victoria s/n, edificio del Congreso Nacional de Chile, respetuosamente digo:

Que en atención a lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en interponer denuncia, en contra de todos aquellos quienes resulten responsables, por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en los artículos 233, 234, 235 y 236 del Código Penal; delito de estafa, previsto y sancionado en los artículo 470 N° 8, en relación al artículo 467 del Código Penal; y delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; como de todos aquellos delitos que se develen durante el transcurso de la investigación llevada a cabo, según los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

LOS HECHOS:

El 22 de diciembre de 2022, el Gobierno Regional del Maule emitió una resolución aprobando un convenio de transferencia de recursos entre el gobierno regional y la Fundación Urbanismo Social. Este convenio estaba destinado al proyecto «TRANSFERENCIA JUNTOS Y JUNTAS NOS SENTIMOS MÁS SEGUROS» y contaba con un monto total de M$264.950 provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La asignación de estos recursos, en conformidad a la ley, se realizó de manera directa, sin requerir la aprobación del Consejo Regional ni la toma de razón por parte de la Contraloría.

El objetivo del proyecto era implementar una intervención física y social en cinco barrios de la Región del Maule con el fin de reducir la percepción de inseguridad. Se establecieron tres objetivos específicos: diseñar y ejecutar un plan de seguridad comunitaria, fomentar la organización y articulación del territorio en relación a la seguridad, y estimular la cohesión social mediante la recuperación de espacios públicos en los barrios.

Sin embargo, esta transferencia de recursos podría estar relacionada con el escándalo de las asignaciones directas realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a la misma Fundación Urbanismo Social en la región de Antofagasta y en la misma región del Maule.

Tal cual consta, en los documentos que acompañamos a esta presentación, existen cartas enviadas por la presidenta del directorio de Urbanismo Social, Pilar Goycoolea, a la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo (DC), donde se revela que el Gobierno Regional habría planteado y solicitado la selección del equipo territorial del programa. Urbanismo Social habría recibido por parte del Gobierno Regional a tres candidatos, siendo uno de ellos Javier Ahumada, actual concejal DC de Curicó, quien fue considerado «imposible de contratar» debido a su función pública de representación popular.

Sin embargo, los otros dos candidatos, Aily Soto y Rodrigo Veliz, solicitados por el Gobierno Regional del Maule fueron aprobados. Es importante precisar, que las dos solicitudes aceptadas, tienen vínculos directos con el Gobierno Regional del Maule y sus funcionarios; Aily Soto, es pareja del hermano del jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del GORE Maule; mientras que Rodrigo Veliz es pareja de la abogada del GORE Maule, quien intervino directamente en los actos administrativos del proyecto y yerno del Consejero Regional de la provincia de Curicó, Igor Villareal (DC).

Estos hechos indican y acreditan que el Gobierno Regional del Maule habría intervenido directamente en la contratación de personas relacionadas con funcionarios de su administración, con el partido político de la Gobernadora y otras autoridades, todo como consecuencia de la transferencia de recursos públicos del FNDR.

EL DERECHO:

A criterio de este denunciante, se configura el posible delito de malversación de caudales públicos, en sus distintas figuras, como peculado doloso o culposo, distracción o desfalco y aplicación pública diferente, previsto y sancionado en los artículos 233, 234, 235 y 236, todos del Código Penal; delito de estafa, previsto y sancionado en los artículo 470 N° 8, en relación al artículo 467 del Código Penal; y delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, como de otras figuras penales que se puedan develar durante la investigación.

POR TANTO, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 111, 113 y siguientes del Código Procesal Penal, sírvase tener por interpuesta denuncia criminal en contra de todos aquellos quienes resultes responsables, ya sea como autores, cómplice o encubridores, por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en los artículos 233, 234, 235 y 236 del Código Penal; delito de estafa, previsto y sancionado en los artículo 470 N° 8, en relación al artículo 467 del Código Penal; y delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; como de todos aquellos delitos que se develen durante el transcurso de la investigación llevada a cabo, para que como órgano persecutor penal proceda a dar inicio a una investigación penal, recopilando los antecedentes suficientes para la acreditación del delito y participación de los imputados, para que solicite su formalización, y posteriormente acuse a todos los responsables de los referidos ilícitos, y, en definitiva, que se condene a los responsables al máximo de las penas previstas en nuestra legislación para estos tipos de delitos y al pago de las costas de la causa; sin perjuicio de las responsabilidades civiles derivadas.

PRIMER OTROSÍ: Solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, las resoluciones de la causa iniciada a partir de esta denuncia se me notifiquen a la siguiente dirección de correo electrónico jorge.guzman@congreso.cl.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase tener presente las siguientes diligencias de investigación que se proponen para efectos de que el Ministerio Público las realice durante la etapa de investigación:

  1. Se despache una orden amplia de investigar a la unidad policial que UD. estime pertinente, para efectos que investiguen los hechos denunciados, se identifiquen a todas las personas que cuya declaración sea relevante, ya sea como testigos o como autores, cómplices o encubridores, así como para que recaben todo tipo de evidencia física, documental, fotográfica y de cualquier especie que sea relevante para la investigación.

 

  1. Se investiguen todas las transferencias de recursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional realizadas por el Gobierno Regional del Maule, y en particular la existencia de contrataciones efectuadas con cargo a dichas transferencias y su vinculación con funcionarios Gobierno Regional del Maule, con el partido político de la Gobernadora Regional y otros funcionarios públicos.

 

  1. Se cite a declarar a los representantes legales de todas las fundaciones que han recibido recursos por parte del Gobierno Regional del Maule, y declaren en particular sobre la destinación de dichos recursos y sobre si les fue solicitada la contratación de personas relacionadas con funcionarios Gobierno Regional del Maule, con el partido político de la Gobernadora Regional y otros funcionarios públicos, todo como consecuencia de la transferencia de recursos públicos del FNDR.

 

  1. Se oficie al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de ponerle en conocimiento de los hechos denunciados, y de esta forma, estudie los antecedentes y en el evento de encontrar fundamentos de la configuración de posibles figuras penales, ejerza las acciones pertinentes.

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados los siguientes documentos:

  1. Resolución (E) N°8463 del Gobierno Regional del Maule, que aprueba el convenio de transferencia de recursos entre el Gobierno Regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social, para el proyecto “Transferencia Juntos y Juntas nos Sentimos Más Seguros”, Código BIP N°40.047.138-0.

 

  1. Carta de la Directora Ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social, Sra. Pilar Goycoolea Ferrer, a la Gobernadora Regional del Maule, Sra. Cristina Bravo Castro, de 30 de mayo de 2023.

 

  1. Carta de la Directora Ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social, Sra. Camila Ramírez Gatica, a la Jefa de la División de Presupuestos e Inversión Regional del Gobierno Regional del Maule, Sra. Elena Fuica Letelier, de 30 de mayo de 2023″.
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