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Prisión para dueño de funeraria por falsificar certificados de defunción

Se trata de Fernando Morales que fue formalizado por la fiscalía de San Javier

¿Qué determinó la justicia? 

A petición de la fiscalía de San Javier, el Juzgado de Garantía de dicha ciudad, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un sujeto de nombre, Fernando Morales Luna, dueño de una empresa funeraria, sindicado como responsable de una masiva y reiterada falsificación de certificados de defunción, incluyendo su llenado con datos de las víctimas y causas de muerte, utilizando un talonario de estos documentos que emitidos por el Servicio de Registro Civil, de uso exclusivo para médicos y matronas, así como de funcionarios de esta institución.

¿Qué otros documentos portaba el imputado?

El fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, explicó que el pasado 12 de abril, la PDI realizó un allanamiento a las oficinas, donde el imputado se negó al ingreso voluntario. Luego, con orden judicial, los detectives sorprendieron al imputado lanzando un maletín a un domicilio posterior. En el registro del maletín, se descubrieron numerosos certificados de defunción, todos firmados por la hija del dueño de la funeraria, de oficio médico cirujano que, desde hace cuatro años, reside en Isla de Pascua.

¿Cuál fue su declaración?

La hija del imputado declaró voluntariamente ante la fiscalía, en calidad de imputada, donde afirmó que se desempeña en el hospital de Isla de Pascua. Allí señaló desconocer lo que realizaba su padre, pero destacó que no ha certificado causas de muerte de paciente alguno en San Javier, negando haber emitido documentos algunos para la funeraria de su padre. También sostuvo no haber dejado talonarios en blanco y llenados con su nombre o firma, así como su timbre de profesional, negando haberlo autorizado para estos efectos. Añadió que, en su causa, en Santiago, mantiene talonarios llenados con su nombre y firma, sin saber si su padre se apoderó de esos certificados.

¿Qué declaró el imputado?

El fiscal explicó que el imputado confesó haber llenado los documentos, pero señaló que lo hacía en coordinación con su hija, quien le habría dado instrucciones por teléfono, para lo cual, le dejaba talonarios en blanco, pero con su firma y timbre.

¿Cuál era la práctica ilícita del imputado?

El fiscal explicó que el imputado llenaba estos certificados de defunción, tanto en la parte que corresponde a un médico tratante o legista, con la probable causa de muerte de las personas, con la firma y timbre de su hija, así como en aquella parte destinada a un funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación. Agregó que el imputado realizaba estos servicios para sus clientes de la funeraria, cobrando dineros para estos efectos.

¿Qué delito fue formalizado?

Con estos antecedentes el persecutor presentó cargos criminales de falsificación y uso malicioso de instrumento público. Añadió que la ley sanciona este delito con penas que van desde 541 días a cinco años, precisando que se han detectado al menos veinte documentos adulterados Por ello, el fiscal exigió la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Se suma que el imputado registra condenas por delitos como tenencia ilegal de armas de fuego, receptación, uso malicioso de instrumento público falso y conducir en estado de ebriedad, además de causa vigente de apropiación indebida donde una persona haitiana lo denunció por apropiarse de la cuota fúnebre de su esposa fallecida.

¿Qué circunstancias alegó la defensa?

El abogado, Roberto Montecinos, defensor particular del imputado, replicó que su representado colaboró con al investigación al declarar voluntariamente ante la PDI, por lo cual, se opuso a la medida cautelar. A ello, añadió que no existe daño patrimonial a terceras personas, por lo cual, no se podría configurar el delito formalido por la fiscalía.

¿Qué criterio aplicó el tribunal?

El juez de turno estableció los requisitos legales para conceder la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, limitando en tres meses el plazo de cierre de la investigación.

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