¿Cuándo y cuántos son los detenidos?
Fue el miércoles pasado cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talca dieron cumplimiento a 10 de las 14 órdenes de detención decretadas por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, como punto culmine de una investigación que se remonta al año 2018 y que logró desbaratar una peligrosa agrupación criminal, cuya indagatoria fue denominada como la “Operación Aquiles”.
¿Qué delitos se estaban investigando?
La fiscalía de Talca, junto a la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talca y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI de Santiago, coordinó centenares de diligencias que permitieron acreditar y formalizar a los detenidos por delitos de lavado de activos y contrabando.
¿Y cómo operaba el grupo criminal?
Este viernes, en el segundo día de la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal, Francisco Soto, con especialización para investigar delitos de tráfico de drogas y crimen organizado, reveló el organigrama elaborado a partir de la investigación y que permitió establecer la “cadena de mando” del grupo criminal.
¿Quién era el jefe?
Las pesquisas y escuchas telefónicas apuntaron que el liderazgo de la agrupación correspondía al imputado, Arnoldo Andrés Illanes. Este sujeto, en compañía de Susana Ramos, había levantado un complejo sistema que comenzaba por la compra en Perú y Bolivia de cientos de cajas de cigarros, los cuales eran ingresados a Chile en camiones por pasos fronterizos clandestinos o bien ocultos bajo un cargamento de papel confort.
¿Y qué venía después?
La segunda línea de mando consistía en los transportistas que viajaban desde el extranjero con estos cargamentos, para luego ocultarlos en la ciudad de Calama. Desde allí, los camiones eran tomados por otros individuos que formaban una verdadera “cápsula de seguridad”, con vehículos que antecedían a los camiones y avisaban si había controles policiales, además de otros que venían detrás vigilando si había seguimientos policiales.
¿Y a qué lugar llegaban en el Maule?
Los camiones viajaban hasta un predio ubicado en la localidad rural de Orilla de Maule. Allí se hacía cargo una tercera línea de mando, con brazos operativos que realizaban las ventas a distribuidores minoristas. De allí, los cigarros de contrabando -que no contaban con autorización sanitaria para su venta en el comercio establecido- terminaban siendo comercializados en ferias libres o el comercio informal callejero. El dinero de las ventas literalmente “subía” desde la línea de mando hasta la jefatura.
¿Qué hacían con el dinero?
El alto mando de esta agrupación criminal, contando con asesoría de una contadora, realizó numerosas inversiones con el dinero recaudado, a través de tres empresas de “fachada”. Entre los bienes adquiridos se cuentan 12 caballos de carrera, propiedades en distintas regiones y vehículos de alta gama. A ello se sumó que manejaban cerca de 70 millones de pesos en efectivo que fueron incautados por la PDI. En el operativo se recuperaron también miles de cajetillas de cigarros, los cuales fueron destruidos por orden del Servicio Nacional de Aduanas, institución que tiene calidad de querellante en la investigación. También a solicitud de la fiscalía, el Juzgado de Garantía de Talca decretó órdenes de embargo para los bienes y cuentas corrientes donde se acumulaban las ganancias ilícitas.
¿Qué pidió la fiscalía para los imputados?
En el primer día de la audiencia de formalización, el fiscal Soto exigió la medida cautelar de prisión preventiva para los 10 imputados: Arnoldo Andrés Illanes Cabezas, Robinson Guzmán Soto, Cristian Morán Ramos, Claudio Rocha Sepúlveda, Robinson Fernández, Claudia Soto Barros, Marcelo Andrade, Andrés Flores, Armando Chayapa y Susana Morán Ramos. De todos ellos, seis se encuentran detenidos en Talca, mientras otros cuatro están detenidos en distintas cárceles del país.
¿La audiencia terminó o sigue este sábado?
La audiencia de formalización de la investigación continuará este sábado, con la parte final de la exposición a cargo del fiscal Soto. Luego, se escuchará a las defensas de los imputados, para que finalmente la jueza, Marta Asiaín, resuelva las medidas cautelares. En paralelo, la Corte de Apelaciones de Talca está tramitando un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública.
