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REPORTAJE ¿Por qué la ley del “Chao Cables” es letra muerta?

Ocurre que, a cuatro años de la promulgación de esta norma, todavía no se publica el reglamento que operativiza sus disposiciones y permitiría actuar a los municipios en todo el país (por Hernán Espinoza Jara con fotografías de Luis Casanova)

Es muy común observar en las principales ciudades del país una gran acumulación de cables aéreos en los postes del alumbrado público, a veces, tantos que hacen sombra en los días de más calor, pero que, en la práctica, son un riesgo para las personas y también constituyen una contaminación visual para quienes viven en edificios.

Por ello, las actuales normativas en materia de instalación de equipamiento en los espacios públicos traen incorporada la obligación de que el cableado sea subterráneo o bien que la conectividad sea inalámbrica, por ejemplo, con las cámaras de seguridad que están instaladas en las principales avenidas y cuyas imágenes van a centrales de monitoreo.

Sin embargo, existen otras calles donde los cables se acumulan y acumulan, muchos de ellos, inertes, porque corresponden a servicios que se han eliminado o bien debido a los avances tecnológicos. ¿Qué hacer para limpiar las ciudades de esta contaminación visual que, además, es también un peligro para el transporte en las vías públicas?

La respuesta desde la institucionalidad fue la denominada Ley “Chao Cables” (número 21.172) aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo el año 2019, cuya finalidad es justamente regular y retirar las líneas aéreas de servicios de telecomunicaciones que estén en desuso, reduciendo al mínimo este cableado.

Para estos efectos, la ley establece la responsabilidad de las empresas, tanto en materia de instalación como retiro de estos cables en desuso. Para ello, una norma técnica, es decir, un reglamento que es responsabilidad del Poder Ejecutivo debía determinar la extensión de dicha obligación, el procedimiento en caso de incumplimiento y los deberes de las compañías.

Este “Plan de Gestión y Mantención de Redes” debió dictarse 90 días después de la publicación de la ley. Sin embargo, el plazo se cumplió en noviembre de 2019 y hasta la fecha no existe tal normativa. Incluso, en enero del 2023, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo para exigir al Gobierno que redacte y publique el reglamento. Pero nada.

En el caso de Talca, el tema se ha abordado en diversas oportunidades en el Concejo Municipal. Y la respuesta ha sido que si bien la municipalidad tiene redactado un borrador de una ordenanza, no se puede promulgar mientras el Gobierno no publique el reglamento de la ley, ya que las normas deben ser coherentes y complementarias.

Solo de esta forma, es posible que, por ejemplo, la municipalidad exija a las empresas el retiro de los cables en desuso o bien proceda por su propia cuenta, atendido que se trata del espacio público, para luego exigir una compensación económica a las compañías que son propietarias. A su vez, que se ordene su instalación para evitar riesgos a las personas.

Así lo confirmó el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, al comentar para Diario Talca que “la ordenanza también debe proyectar todo lo que viene hacia delante en materia de urbanización, para que los nuevos loteos vengan con cableado subterráneo. También se ha avanzado en la eliminación del cable en desuso, pero todavía falta mucho por avanzar”.

Por su parte, el diputado por Talca y Curicó, Jorge Guzmán (Evópoli), manifestó que es claramente urgente que “las leyes que aprobamos en el Congreso se lleven a la práctica, porque de lo contrario, la ciudadanía queda con la sensación que son anuncios vacíos. Hoy el problema subsiste con la gran presencia de cableado en las calles”.

“Esto no solo afecta la visual, sino que es un peligro, porque muchos se caen y quedan en medio de las calles, poniendo en riesgo a las personas y al tránsito vehicular. Entonces, tenemos una urgencia que es exigir que la autoridad cumpla con su deber y publique este reglamento que le da operatividad a la ley, como se prometió hace cuatro años”, afirmó.

Guzmán subrayó que “sólo con el reglamento publicado es posible que las municipalidades actúen y puedan, en definitiva, ordenar el retiro de los cables o bien proceder por ellas mismas, para luego cobrar una compensación a las empresas. En esta materia, vamos a despachar un oficio de fiscalización a la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.

“Queremos que se nos explique qué está pasando y que no se excusen en la burocracia. Que tengamos un reglamento al más breve plazo. El reglamento es vital porque regula lo que se establece en la ley, para aplicar la norma. Entiendo que en el Gobierno anterior se dictó un reglamento, pero no fue aplicado. En la práctica, la ley es letra muerta”, añadió.

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