En el último tiempo la ciudad de Talca ha sido protagonista de hechos de extrema violencia en el marco de la realización de eventos masivos. Un primer llamado de atención fue en el ex recinto Boulevard, en el barrio norte, donde registros audiovisuales muestran el momento preciso en el que se percutan cuatro disparos en el contexto de una riña.
La violencia escaló aún más, mientras se realizaban de tres fiestas simultáneas en el centro de Eventos Casa Grande, en una de ellas, se produjo una riña que terminó en una balacera y una persona falleció. Hace una semana, lo que sería una noche de celebración y compartir con amigos terminó en una tragedia con la muerte de un joven de 26 años.
Frente a estos hechos, surgen una serie de interrogantes en torno a la seguridad que se exige al momento de autorizar este tipo de eventos, cuáles son las medidas de seguridad que se deben cumplir, quién es el responsable de cumplirlas, cómo se fiscalizan y que tan efectivas resultan para entregar tranquilidad a los asistentes.
Con el objeto de responder estas inquietudes Diario Talca se entrevistó con el mayor de Carabineros, Pablo García, jefe de la Tercera Comisaría de Talca, quien diferenció la presencia de dos tipos de eventos masivos: uno público y otro de carácter privado que, en materia de seguridad, muestran grandes contrastes.
En el primero de ellos, son organizados por servicios públicos, que utilizan espacios de libre acceso a la comunidad, por lo que existe una coordinación con Carabineros, para diseñar el plan de seguridad que contempla la presencia de la policía uniformada para el resguardo del evento y que los asistentes disfruten de la jornada.
Sin embargo, una situación muy distinta es la que se registra en los eventos privados, cuya responsabilidad es exclusiva del ente organizador que debe contar con el permiso para realizar la actividad y, adicional a eso, se exige una directiva de funcionamiento (documento solicitado por Carabineros a todas las empresas o instituciones que necesiten servicios de seguridad a través de guardias privados).
Allí se indican qué medidas de seguridad implementarán en el evento como la cantidad de guardias, dispositivos detectores de metal, sistemas de videograbación, ambulancias y cualquier otra medida que consideren implementar para garantizar la seguridad de la actividad.
El mayor García explica que la directiva de funcionamiento es revisada por personal especializado de la sección OS-10 y en caso de cumplir con lo que se requiere para el evento a realizar se aprueba, pero existe la posibilidad de detectar que lo ofrecido es insuficiente, por lo cual, tiene la facultad de exigir la implementación de lo que se considere adecuado para una actividad determinada y solo de cumplir se aprueba su implementación, lo que es fiscalizado por el OS-10 el día del evento como una manera de asegurarse que todo se encuentre en orden.
El oficial aclaró que a diferencia de un evento público donde existe servicio policial, en un evento privado la seguridad está a cargo de empresas dedicadas a esta labor que aportan los guardias y los demás elementos consignados en la directiva de funcionamiento.
“La ley de seguridad privada exige a quien va a realizar un evento que debe contratar a una empresa que esté certificada, no es que un organizador contrate a diez personas y les asigne la función de guardia, para eso hay empresas que tienen personal contratado y con las capacitaciones de OS-10 para cumplir con esta función” agregó el mayor García.
En relación a los eventos en los que se registraron los hechos de violencia extrema el oficial aclaró que en el caso del centro de eventos Casa Grande no contaba con la directiva de funcionamiento por lo que la organización de la fiesta fue sancionada por no cumplir con las medidas de seguridad. Muy por el contrario, en el caso del evento de Halloween del pasado fin de semana donde “esta empresa si presentó la directiva de funcionamiento, estaba autorizada y acreditada.
A ellos se les exigió y también lo declararon tener detectores de metales, ahora bien, la sola presencia del detector de metales no asegura que la gente no vaya a ingresar algún arma, porque también depende de cómo la utilice el guardia de seguridad y hoy en día quien quiere transgredir las normas va a buscar los mecanismos para poder hacerlo”, agregó el oficial.
Para el concejal de Talca, Hernán Astaburuaga, presidente de la comisión de desarrollo productivo que analiza año a año las patentes comerciales de alcoholes, el problema no radica en los eventos masivos, sino que es mucho más profundo y dicen relación con actos delictuales.
“No podemos empezar a cerrar espacios de esparcimiento para la gente que quiere pasarlo bien de manera lícita y sana por delincuentes, porque estos no son hechos violentos solamente son hechos delincuenciales… Lo que tenemos que hacer como comuna y lo hemos estado pidiendo a través del consejo de seguridad comunal es una mayor dotación de carabineros, mayores rondas y fiscalización”, añadió la autoridad comunal.
Astaburuaga sostuvo que se debe realizar un trabajo integral donde las respuestas a la inseguridad deben pasar por las acciones que se realicen desde la Delegación Presidencial y, por supuesto, el municipio, junto a las policías, especialmente, a Carabineros.
Advirtió que el municipio está al debe en materia de seguridad ciudadana donde exista personal capacitado y lo mismo con los inspectores municipales que puedan fiscalizar adecuadamente y con las facultades para tomar decisiones que vayan en beneficio de la comunidad.
“Tenemos seis inspectores municipales calificados para salir a hacer rondas donde tienen que lidiar con el comercio ambulante, con las fiestas clandestinas, con las fiestas autorizadas y otro montón de cosas en una ciudad de 280 mil habitantes claro que no dan abasto”, añadió.
Una visión similar tiene el concejal, Ervin Castillo, presidente de la comisión de seguridad ciudadana, al señalar que no existen herramientas que les permita enfrentar de mejor manera los hechos de violencia que se están registrando en la comuna y que no se relacionan con la realización de un evento masivo.
Sin embargo, sostiene que “se requiere de un trabajo en conjunto entre la municipalidad, los organizadores de eventos, con carabineros y tiene que ver con lo que estamos pidiendo en los requisitos para autorizar estas actividades y que a diferencia del último (fiesta Halloween) donde se contaba con todos los elementos de seguridad, hay otros que no tenían ninguna autorización”.
Castillo confirma que la falta de capital humano calificado para realizar labores de inspección municipal en horarios distintos a los del comercio es uno de los factores que influyen en no poder aportar en seguridad al no poder desplegarse en el horario que este tipo de eventos masivos se desarrollan.
Agregó que “nos encontramos que esta realidad no exclusiva de la municipalidad, sino que todas las instituciones encargadas de reguardar el orden y la seguridad pública están hoy día en una situación bastante precaria de capacidad humana por lo que lo que está pasando es una consecuencia de estos en un momento en que la sociedad está más violenta”.
