La muerte de una profesora en un colegio de Calama no es solo una noticia trágica, es una herida abierta en el corazón de la escuela chilena. Es también un golpe brutal a la idea más básica que deberíamos defender con convicción: que la educación debe ser un espacio seguro, humano y protector. Cuando una docente muere dentro o cerca de su lugar de trabajo, no estamos frente a un hecho aislado, sino ante el síntoma más cruel de una sociedad que ha normalizado la violencia hasta volverla cotidiana.
Hay algo profundamente indignante en esto. A las profesoras y profesores se les exige sostener aprendizajes, contener emociones, resolver conflictos, enfrentar carencias, mediar tensiones, reemplazar apoyos que no llegan y, además, hacerlo todo con vocación. Se les pide resistir como si fueran invencibles, como si el amor por enseñar bastara para blindarlos frente al abandono institucional, la sobrecarga laboral y los entornos cada vez más deteriorados. Pero no son invencibles. Son personas. Y cuando una de ellas muere en circunstancias tan devastadoras, el país entero debería detenerse a preguntar qué estamos haciendo mal.
La escuela no puede seguir siendo el lugar donde se depositan todas las fallas del sistema. Allí llegan la pobreza, la desigualdad, la desprotección familiar, la ausencia del Estado, la inseguridad barrial, la crisis de salud mental y la violencia social. Pero la escuela no puede, por sí sola, resolver lo que el país no ha querido enfrentar. Pedimos educación de calidad mientras toleramos establecimientos vulnerables, equipos agotados, protocolos insuficientes y autoridades que reaccionan tarde, casi siempre después de la tragedia. Eso no es descuido, es una forma de violencia estructural.
A pesar de la rabia, prevalece la dignidad en la comunidad educativa que rechaza la resignación: docentes que enseñan con miedo, estudiantes que afrontan pérdidas injustas y familias que entienden que la escuela debe ser segura. Esta dignidad exige memoria, justicia y cambios reales, más allá de condolencias o símbolos; son necesarias acciones concretas de seguridad, prevención, apoyo psicosocial, protocolos eficaces, redes territoriales y una política educativa que enfrente la violencia.
También es momento de asumir responsabilidades sin evasivas. No basta con diagnosticar ni con lamentar, se requiere voluntad política sostenida, recursos bien asignados y una coordinación real entre educación, salud y seguridad. Proteger a quienes enseñan no es un gesto simbólico, es una obligación ética. Porque cuando se vulnera a un docente, se fractura también la confianza en todo el sistema educativo.
Si algo nos recuerda esta tragedia es que la educación no florece en el miedo. Ningún proyecto pedagógico puede sostenerse donde reina el abandono. Ninguna vocación merece terminar en violencia. Ningún profesor o profesora debería morir por ir a trabajar. Y si como sociedad no somos capaces de decirlo con fuerza, entonces el problema ya no es solo la inseguridad es nuestra indolencia.
Nathaly Vera Gajardo
Vicedecana
Facultad de Educación
Universidad Autónoma de Chile
