El MOP acaba de anunciar que terminaron las obras civiles de construcción e la nueva cárcel de Talca. ¿Qué viene ahora en adelante?
“El MOP todavía no hace la entrega oficial a Gendarmería, por lo tanto, está todavía en las revisiones finales. Pensamos que deberíamos recibir la cárcel a explotación durante el primer semestre de 2023, es decir, entre marzo y unió, aunque esperamos que sea en marzo. El proyecto está subsanando observaciones, pero se encuentra construido en su totalidad. Lo hemos recorrido y tiene muy buenos espacios, en comparación con las actuales unidades penales de la región. Podemos decir que es la más moderna, con alta seguridad, sensores infrarrojos y detectores de calor. Una vez que se entregue a explotación, Gendarmería debe adquirir e instalar el equipamiento”.
¿Existe algún aspecto pendiente en el proyecto?
“Estamos trabajando en la licitación de la red sanitaria, lo que podría demorar entre 20 a 24 meses. Y la cárcel, sin agua, no la podemos inaugurar. Eso nos dará tiempo para cumplir ciertos compromisos, porque durante el Gobierno anterior, se instaló una mesa de sociabilización con las personas que viven en el sector de Aldea Campesina. Allí se llegó a acuerdos que no se cumplieron en su totalidad y ahora los tenemos que concretar”.
¿Cuál es el detalle?
“Se hizo entrega de un terreno para instalar un cuartel de Bomberos. También hay una cancha para deportes que está comprometida, además de un jardín infantil o sala cuna, donde Gendarmería tiene que aportar con el terreno. Por ello, queremos reactivar esta mesa de sociabilización, porque esos compromisos los asumió el Estado y debemos dar continuidad. A la vez, queremos ver la posibilidad de un segundo camino, porque actualmente existe uno solo de ingreso y salida al recinto”.
¿Qué va a pasar con los terrenos de la actual cárcel en la Alameda de Talca?
“Eso todavía está en proceso. El que corre con más ventaja para quedarse con el terreno es la municipalidad de Talca, porque cuenta con un proyecto de centro cívico que es bastante bueno. Allí se contempla un edificio para el sector justicia. Entonces, allí se debería ubicar la Secretaría Regional Ministerial, junto a las direcciones regionales de los servicios asociados a este ministerio. Eso sería muy bueno porque facilitaría los trámites a las personas que acuden a realizar trámites”.
¿Cómo se evalúa la instalación en la región del Servicio para la Mejor Niñez?
“Lo que pasó es que el SENAME carga con una historia no muy buena, por lo cual, se hizo una división en dos servicios y uno de ellos es Mejor Niñez, el que se ocupa de menores en condición de riesgo en sus derechos fundamentales. Se trata de los hogares para niños con medidas de protección, los cuales dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora bien, con el tiempo, SENAME se va a transformar en un servicio nuevo que buscará la reinserción de los menores infractores de ley, lo que debería marcar la diferencia. Yo he visitado el CIP-CRC y he conversado con los niños. La idea es darles las herramientas para que no vuelvan a caer en la delincuencia. Igualmente, nosotros como Ministerio de Justicia, en virtud de la ley de derechos de los adolescentes, tendremos el servicio de Niñez y Adolescencia se Defienden. Esto es, una oficina de representación jurídica donde abogados de la Corporación de Asistencia Judicial especializados en estas materias, quienes tienen que velar por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Tenemos oficinas provinciales y una a nivel regional, con personal específico y capacitado”.
Desde octubre a la fecha se han registrado seis homicidios. ¿Cómo observan esta situación desde el Ministerio de Justicia?
“Nosotros contribuimos a la seguridad en el resguardo de las cárceles. No intervenimos en operativos de la PDI o Carabineros, pero pasa a ser nuestra responsabilidad cuando los imputados pasan a un centro penitenciario. Por ello, somos colaboradores de las policías o el Ministerio Público. En todos los casos de delitos violentos, nuestra participación es a través del Servicio Médico Legal (SML). También colaboramos apoyando a las víctimas con el Centro de Atención a Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial, donde se brinda asesoría jurídica, social y psicológica. Y para dar seguridad a las personas, tenemos la custodia de todos quienes ingresan a las cárceles, donde se realizan constantes allanamientos para mantener la seguridad y evitar que ocurran delitos. Esa es la forma de manifestar que no sigan ocurriendo delitos que se originan en las cárceles y tienen impacto en el medio libre, como las estafas telefónicas”.
Hace poco tiempo una jueza del Juzgado de Garantía de Talca denunció la excesiva demora en informar los listados de detenidos desde la fiscalía de flagrancia a los abogados de la Defensoría Penal Pública. ¿Qué acciones se están adoptando?
“Lo sabemos y esto perjudica claramente a la defensa. Ocurre que la comunicación entre el fiscal de turno y los defensores es lo que está tardando. Y eso es un asunto de coordinación. Puede ser que el defensor no tenga acceso a la carpeta de la fiscalía con la debida anterioridad. Y eso va perjudicando las defensas. Creo que está bien que la jueza llame la atención porque es su labor fundamental. Porque todas las personas son inocentes si no existe una condena ejecutoriada en su contra”.
¿Es necesario una reforma al actual sistema penal atendida la mayor complejidad del crimen organizado?
“Se está trabajando en un nuevo Código Penal y en actualizar el Código Procesal Penal. El Derecho es dinámico y las leyes penales se deben renovar, incluyendo la perspectiva de género. Ese tipo de cosas no están consideradas en el actual Código Penal. Vemos que hoy las sanciones están establecidas considerando el patrón de un hombre, sin hacer diferencias si la persona detenida es una mujer. Hay que hacer este Código Penal más inclusivo. También estamos trabajando en una ley de ejecución de penas que nos permita afrontar esa etapa del proceso penal. Además, se les están quitando beneficios a quienes cometen delitos de connotación sexual o femicidios”.
