¿Qué ocurrió?
Con sorpresa y preocupación reaccionaron en la Municipalidad de San Javier, durante la sesión de concejo, ante la circular emanada desde la Contraloría General de la República (CGR) que informa que durante el periodo 2025 se identificaron 35 casos de personas, con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad, desempeñando funciones en instituciones públicas, con una relación directa y habitual con niños, niñas o adolescentes, incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo la protección de derechos fundamentales. Una de las 72 instituciones del Estado observadas a nivel nacional es el municipio de San Javier.
El informe, disponible en este enlace digital, también revela que, entre 2020 y agosto de 2025, 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos.
¿Qué dijeron en la municipalidad de San Javier?
“Estoy sorprendido, pero esto amerita una investigación para aclarar el tema”, dijo el concejal Luis Alarcón, que además es el alcalde protocolar ante la suspensión del edil Jorge Silva.
“Tiene que haber un sumario interno que permita aclarar esto”, señaló, ya que -continuó- no se sabe las circunstancias de lo sucedido ya que podría tratarse del caso de una persona que al momento de ser contratada tenía los “papeles limpios” y después aparece con la resolución de una sentencia de abusador. Tampoco descarta falta de supervisión a la hora de la contratación.
También con sorpresa e inquietud reaccionó la concejala Karen Valdés, al tomar conocimiento de la información de Contraloría. “Es necesario un sumario para ver responsabilidades”, sostuvo, agregando que resulta importante acostumbrarse a investigar y tomar decisiones, y “no a tapar las cosas”.
Por su parte, el concejal Rodrigo Osorio expresó que “me parece gravísimo y es importante dar respuesta a la Contraloría “.
Al mismo tiempo, planteó que es relevante ver si actualmente hay trabajadores en dicha condición y que eso implica la desvinculación inmediata.
El concejal Juan Luis Bustos, comentó que resulta relevante aclarar si se trata de un caso antiguo o que está ocurriendo actualmente.
“Hay responsabilidad de quien permitió esta contratación”, dijo, agregando que también “hay que saber si se pidieron todos los antecedentes que se requieren” y que, por lo mismo, debe haber una investigación sumaria.
En tanto, el administrador municipal Nelson Salgado, quien además es el alcalde subrogante, manifestó que “aún no somos notificados del dictamen donde se precisa quienes habrían incurrido en tal situación”.
En todo caso, indicó que lo ocurrido y el procedimiento de Contraloría “nos obliga a revisar nuestros procesos”.
¿Qué dice la ley?
La normativa —artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal— establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores, obligación que las instituciones deben verificar mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.
¿Cuáles son las otras instituciones del Maule involucradas?
Las otras tres entidades públicas de la región que aparecen en la circular son las municipalidades de Constitución y Vichuquén, junto al Servicio Local de Educación (SLEP) Maule Costa.
¿Qué instruyó Contraloría?
La Contraloría instruyó a las entidades involucradas dar inmediato cumplimiento a la normativa, considerando para ello además la disposición referida a los nombramientos inhábiles que establece la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado e iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.
