¿Qué resolvió la justicia?
A petición de las defensas de los tres imputados y sin oposición de la fiscalía, así como una de las partes querellantes, el Juzgado de Garantía de Molina aceptó sustituir la prisión preventiva de los tres brigadistas que cumplían esta medida cautelar en la cárcel de Curicó desde marzo pasado, cuando fueron formalizados por provocar incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas durante la temporada 2019-2020.
¿Quiénes son los imputados que recuperaron la libertad?
Se trata de Osvaldo Soto Novoa, jefe de la brigada, junto a Guillermo Soto Castillo y Jordán Salinas Mitre. Todos ellos, en fecha reciente, efectuaron consignaciones económicas entre uno y cinco millones de pesos en la cuenta corriente del tribunal, a modo de compensación económica por los daños causados a la empresa Forestal El Astillero; además de declarar voluntariamente ante la fiscalía de Molina, donde reconocieron participación en los hechos investigados.
¿Cuál fue el argumento de las defensas?
Los abogados, José Luis Biava, por Guillermo Soto; así como Giovanni Opazo por Osvaldo Soto y Jordán Salinas, ambos defensores particulares, coincidieron en señalar ante el juez Cristián Albarrán, que habían alcanzado un acuerdo con la fiscalía local de Molina aprobado por la Fiscalía Regional, para terminar el caso criminal a través de un juicio abreviado, donde los imputados podrían ser condenados a penas que cumplirían en libertad. Todo ello no fue desvirtuado por el fiscal, Marcelo Garrido.
¿Qué medidas cautelares se aplicaron?
De esta forma, el juez Albarrán dispuso las medidas cautelares de prohibición de salir del país y firma periódica ante Carabineros. Un dato relevante es que los otros cuatro imputados en esta investigación se encuentran en condiciones similares. Se trata de Jonathan Castillo Tragnolao y Pablo Alarcón Panes, ambos con arresto domiciliario nocturno; mientras Juan Carlos Belmar Villegas y Jorge Cortés Gutiérrez se encuentran con prohibición de salir del país y firma quincenal ante Carabineros.
¿Qué actividad realizaban los imputados?
Según establecen los cargos criminales formulados por la fiscalía, a partir de una investigación llevada a cabo por la PDI, los siete imputados formaban una brigada forestal que prestaba servicios para una empresa contratista de Forestal El Astillero, propietaria del predio Agua Fría, ubicado en la comuna de Molina. En dicho contexto, estos sujetos acordaron provocar incendios forestales para así prolongar sus jornadas laborales y cobrar horas extras, utilizando artefactos artesanales y acelerantes químicos.
¿Cuál fue el incendio más grave?
Junto a otros incendios menores, el caso más grave fue el siniestro registrado el 9 de febrero de 2020 y que motivó incluso un decreto de alerta roja en la comuna de Molina, por cuanto se destruyeron 15 mil hectáreas de bosque nativo que incluso afectó parcialmente al Parque Nacional Radal Siete Tazas. El incendio fue controlado recién en abril de ese mismo año luego de intensas jornadas de combate por tierra y aire.